Según el último reporte del Ministerio de la Defensa Pública, 44 funcionarios se encuentran actualmente en aislamiento, y desde que inició la pandemia, se registraron 357 casos de positivos.
Afortunadamente, no se reportan fallecidos. Las sedes más afectadas son la de Asunción (local ubicado sobre la avenida Artigas), así como Luque. Caaguazú y Capiatá le siguen de cerca.
Luego de la confirmación de nuevos casos activos de COVID-19 en la Penitenciaría Padre Juan Antonio de la Vega y en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, el Ministerio de Justicia dispuso el cierre epidemiológico para ambos lugares a fin de contener la expansión del virus.
La Dirección de Salud Penitenciaria ya implementó el protocolo establecido y dispuso el aislamiento de las personas privadas de libertad contagiadas, además junto con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social realizará un monitoreo constante para contener la enfermedad.
“En la Penitenciaría Padre de la Vega detectamos un nuevo caso en otro pabellón de donde se identificó el primer caso positivo y dentro de la UPIE hoy tuvimos el resultado también positivo de una PPL que tenía cuadros respiratorios. Por eso recomendamos el cierre para los dos centros penitenciarios”, sostuvo el Director de Salud Penitenciaria, Daniel Cantero.
Cabe mencionar que el primer caso detectado dentro del Penal Padre de la Vega, al igual que la PPL con COVID-19 en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero se encuentran en la última etapa de recuperación, sin presentar complicaciones. En total son cuatro los centros penitenciarios donde se registra la enfermedad: Buen Pastor, UPIE y Pedro Juan Caballero con un caso respectivamente, y Padre Juan Antonio de la Vega con dos positivos.
Los controles nocturnos retornaron y durante la primera jornada, la Policía Nacional, realizó tareas de concienciación en distintos puntos de la ciudad de Asunción y Central.
Además, acompañaron intervenciones de locales comerciales, que se encontraban infringiendo el cumplimiento del Decreto Presidencial N° 4880/21.
En cuanto al reporte del Departamento de Relaciones Públicas, se incautaron 10 vehículos y 19 motocicletas por la violación de la cuarentena.
El Tribunal de Apelación en lo Penal del Cuarto Turno de Capital, ratificó la decisión dictada por la jueza Hilda Vallejo, de disponer la libertad ambulatoria, con restricción horaria para el capitán de los Bomberos Voluntarios, Rubén Valdez.
El bombero está imputado por los tipos penales de coacción y lesión al derecho de comunicación y la imagen.
Semanas atrás, la jueza Hilda Benítez Vallejo decretó medidas alternativas bajo fianza para el capitán Rubén Valdez imputado por un caso de sextorsión. Valdez, además de la prohibición de acercarse a la víctima, no podrá permanecer en la vía pública de 19:00 horas hasta las 07:00 de la mañana y una fianza de personal de 200 millones.
La fiscal Irma Llano pidió el arresto domiciliario para el procesado, pero no se hizo lugar al requerimiento fiscal.
Mediante una nota dirigida al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay solicitó un informe detallado sobre el nuevo contrato de seguro médico, debido a numerosas quejas por una aparente reducción en los beneficios.
La pérdida de beneficios sería más evidente con relación a los funcionarios del interior del país, quienes ya no pueden realizar consultas médicas en varios centros asistenciales en los que anteriormente acudían sin inconveniente alguno.
Ramón González Daher solicitó a la justicia por quinta vez, el levantamiento del embargo preventivo que pesa sobre sus bienes para poder pagar impuestos.
El pedido fue presentado por el abogado Jorge Bogarín. “Por medio de este escrito, solicitamos autorización para el pago de tributos adeudados a la SET y honorarios profesionales correspondientes a la etapa intermedia en el ejercicio de la defensa técnica de los señores Ramón González Daher y Fernando González Karjallo” dice parte del escrito del abogado, según informó le periodista Perla Silguero en las redes sociales.
Según el mismo escrito, la deuda de González Daher con Tributación asciende a cuarenta y dos mil trescientos dieciséis millones ochocientos cuarenta mil setecientos quince guaraníes (42.316.840.715 G.), más los intereses a la fecha.
El abogado Bogarín afirma que es de vital importancia, como parte de la estrategia de su defensa, que se abonen los tributos correspondientes al periodo 2013-2018, por lo que solicitan al juzgado que libre oficio a la SET para que determine el monto exacto de lo adeudado.
El juez de Garantías Yoan Paul López suspendió la audiencia preliminar del diputado Miguel Cuevas, por pedido de la defensa, que alegó superposición de audiencias. El magistrado fijó la audiencia para el 25 de marzo.
El diputado fue acusado por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia. Según la acusación fiscal, el legislador, durante los años 2009 al 2019, se ha podido corroborar con elementos probatorios colectados que el valor de las adquisiciones de dichos bienes, sus ingresos e inversiones son desproporcionados a su posibilidad económica.
Se tiene precisado con informes periciales detallados que, el señor Cuevas, ha realizado adquisiciones que superan considerablemente su legítima posibilidad económica por un valor de 5 mil 594 millones de G. Además del juicio oral requerido se pide el comiso por 5 mil 594 millones monto que probó la fiscalía se enriqueció el funcionario público.
La suspensión también alcanzó a la esposa del parlamentario, Nancy Florentín, y su hijo, Enzo Cuevas.
En la fecha continuó el juicio oral al exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez. La fiscalía se muestra confiada en demostrar la culpabilidad de estos.
La fiscalía busca probar los tipos penales acusados: Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
El Ministro Público a cargo de la fiscal Liliana Alcaraz sostiene, que OGD no puede justificar unos 6 mil millones de guaraníes, mientras que su hijo no puede justificar unos 41 mil millones de guaraníes.
Preside el tribunal juzgador la jueza Yolanda Portillo. Mientras que la defensa es ejercida por el abogado Claudio Lovera.
El agente fiscal Ysaac Ferreira, en su carácter de interino en la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, formuló imputación contra Gerardo Jara Gómez (36), quien presuntamente sería responsable en la comisión del hecho punible de Tenencia sin Autorización de Sustancias Estupefacientes, en el marco de la causa denominada »Conexión Atlántico Norte».
Según las pesquisas, el ahora procesado habría alquilado un depósito tipo tinglado que tendría vínculos con las empresas Cartopar S.A. y Pinturas Tupá S.A. El lugar está ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.
El lugar fue allanado debido a las sospechas de movimientos nocturnos y el procedimiento derivó en el hallazgo de 115 tambores de Etil Acetato, sustancia controlada por la Ley 1340/88 y sus modificatorias, e igualmente está regulada y es una sustancia precursora de la cocaína.
El caso guarda relación con el hallazgo de toneladas de cocaína en Europa, que provenían de cargamentos enviados desde Paraguay. Jara Gómez fue detenido en su vivienda el martes 9 de marzo, tras un operativo fiscal y se abstuvo de prestar declaración.
Una comitiva fiscal y policial encabezada por el agente fiscal Meiji Udagawa, de la Unidad Nro. 1 de Especializada contra el Narcotráfico de la ciudad de Curuguaty, se constituyó este jueves en un inmueble en el distrito de Yby Pytã.
En el lugar se encontró una extensión de aproximadamente 5 hectáreas de plantación de marihuana y un campamento precario con los enseres respectivos.
Se dispuso la eliminación del cultivo del narcótico dentro del marco de una causa por la transgresión a la ley 1340/88.
El operativo estuvo acompañado por personal de Antinarcóticos e Inteligencia Regional de la Policía Nacional.
La comitiva incursionó unos mil metros del camino interno de la estancia lado Este, que une con el asentamiento 6 de Enero.
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