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La Corte designó y confirmó a defensores públicos

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a siete nuevos defensores públicos, y confirmó en el cargo a 14 defensores.

Los designado son:

Abg. Sandra Carolina Bogado Apodaca en carácter de Defensora Pública en lo Civil, Penal, Laboral, de la Niñez y la Adolescencia de Encarnación – Circunscripción Judicial de Itapúa.

Abg. Adriana María Riquelme Corrales en carácter de Defensora Pública de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción.

Abg. Manuel Rolón Jara en carácter de Defensor Público en lo Penal de Paraguarí – Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Abg. Rodrigo Javier Hansen Figueredo en carácter de Defensor Público de Luque – Circunscripción Judicial de Central.

Abg. Lorena María Valentina Llano Capurro en carácter de Defensora Pública de San Juan – Circunscripción Judicial de Misiones.

Abg. Kathya Selene Ruax Caballero en carácter de Defensora Pública de Ciudad del Este – Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Abg. Miriam Díaz Benítez en carácter de Defensora Pública de Ciudad del Este – Circunscripción Judicial de Alto Paraná.

Los confirmados son:

Abg. Aura Natalia Lezcano en carácter de Defensora Pública de Paraguarí – Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Abg. Juan Darío Noguera Álvarez en carácter de Defensor Público en lo Penal – Circunscripción Judicial de Paraguarí.

Abg. Rodney Gustavo Ovelar Benítez en carácter de Defensor Público de Pilar – Circunscripción Judicial de Ñeembucú.

Abg. Águeda Aurora Morel de Machado en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. María Mercedes Coronel Vargas en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Adriana Raquel Marecos Gamarra en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Luz Mabel Chávez Silva en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Juan Ángel Chávez Báez en carácter de Defensor Público de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Blanca Josefina Ramos Ortiz en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Mario Alberto Bobadilla More en carácter de Defensor Público de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Eduardo Javier Velázquez Cardozo en carácter de Defensor Público de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Natalia María Pérez González en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. María Gabriela Vera Urquhart en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

Abg. Carla Elvira Marcet Oviedo en carácter de Defensora Pública de la Capital – Circunscripción Judicial de la Capital.

El juramento de rigor se realizará el próximo lunes 15 de marzo, a las 12:00, cumpliendo las normas de seguridad sanitarias, como el uso obligatorio de tapabocas, además de la previa desinfección exigida en el acceso principal y el distanciamiento prudencial.

Levantan paro académico y administrativo en Derecho UNA

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El Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, los Estamentos que integran la Institución, el Centro de Estudiantes y el Sindicato de Funcionarios tomaron la decisión de levantar el paro académico y administrativo.

La medida fue tomada luego que el Consejo Superior Universitario de la UNA, aprobó la propuesta de la Facultad de remitir los documentos correspondientes para el cambio de Fuente de Financiamiento, de los rubros considerados prioritarios de esta unidad académica, otorgando una solución parcial inmediata, con el compromiso del Ministerio de Hacienda de dar una solución integral al problema.

Las actividades académicas y administrativas se reanudarán a partir del lunes 15 de marzo, respetando el asueto declarado por el Honorable Consejo Directivo, por el fallecimiento de la profesora Lidia Giménez.

La CSJ pide a jueces y funcionarios evitar acontecimientos sociales

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En sesión plenaria, los ministros de la Corte Suprema de Justicia resaltaron la vigencia de todas las disposiciones relativas al circuito sanitario para el ingreso a las sedes del Poder Judicial.

Este circuito incluye el lavado de manos, la toma de temperatura, la aplicación de alcohol, el uso correcto y obligatorio de mascarillas en forma permanente. Además, recordaron la importancia de evitar aglomeraciones y contactos sociales innecesarios, así como respetar el distanciamiento físico aconsejado. Por otro lado, informaron que se mantendrá el sistema de cuadrillas laborales.

Por otro lado, recordaron a los Miembros de los Tribunales de Sentencia que los juicios orales deben llevarse a cabo con la cantidad estrictamente necesaria de personas, debiendo cumplir en todo momento con las medidas sanitarias. La disposición se aplica también a todas las audiencias con presencia física de las partes.

El máximo tribunal insta a los profesionales y usuarios de justicia en general que acudan a los recintos judiciales solo para trámites esenciales, así como a utilizar los medios telemáticos habilitados para la prosecución de los procesos.

Finalmente, exhortaron a los Magistrados y funcionarios a resguardar su salud en los ambientes familiares y sociales, evitando acontecimientos sociales, a los efectos de cuidar la salud de todos.

Piden información a la policía sobre búsqueda de hija de Villalba

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La Codehupy presentó el lunes, un hábeas corpus genérico ante el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia, Quinta Circunscripción Judicial del Amambay, en beneficio de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, adolescente desaparecida a finales de noviembre de 2020 en territorio militarizado.

De acuerdo con la información preliminar manejada por la Codehupy, no se habría activado el protocolo de intervención policial que establece el procedimiento de búsqueda y localización de personas desaparecidas, ni se ha dado intervención a las autoridades del Sistema de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Además de solicitar la activación, la Codehupy requirió la intervención al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de la circunscripción judicial del Amambay, al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni) de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero.

El Juzgado interviniente considerando el hábeas corpus presentado por la Codehupy, ordenó a la Policía Nacional presentar un informe detallado sobre las actuaciones a favor de la adolescente Carmen Elizabeth Oviedo Villalba.

La adolescente Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (15) habría estado entre las personas heridas en el operativo efectuado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) sobre un campamento del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), ocurrido en la fecha 2 de septiembre de 2020, en la Estancia Paraíso de Yvy Ya´u, Dpto. de Concepción. La adolescente se encuentra extraviada según señaló su tía, Laura Villalba Ayala, hoy detenida y con quien deambulo varios días por el monte. La adolescente fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020.

Cualquiera sea la hipótesis que se maneje para explicar la presencia de la adolescente Carmen Elizabeth Oviedo Villalba en un escenario de enfrentamiento entre la FTC y el EPP, requiere de la protección del Estado.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, ratificado por el Paraguay, obliga al Estado a rescatar y proteger de manera prioritaria a la adolescente, empezando por disponer operativos de búsqueda y localización en caso de que se reporte su desaparición en zonas en las que se registran hostilidades.

Investigan agresiones a periodistas durante manifestaciones

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En el marco de las protestas iniciadas en Asunción, el 5 de marzo y por ende los hechos que concluyeron en agresiones y ataques a periodistas y trabajadores de prensa en medio de la labor, la Fiscalía de Derechos Humanos recibió la denuncia por parte de los Dirigentes de la mesa para Seguridad de Periodistas y los Gremios de Comunicadores Sociales, además de los aportes en cuanto a elementos de investigación.

La dependencia fiscal abrió cuatro carpetas hasta el momento, para atender dichas causas. En el documento entregado se reportan los casos de trabajadores de prensa agredidos, los nombres de los mismos se describen a continuación:

  • Osvaldo Cazenave, Diario ABC
  • Milciades Castillo, Diario El Popular
  • Valentino Arce, Diario El Popular
  • Álvaro Rojas, Canal GEN
  • Jorge Martínez, Paraguay TV

Asimismo, se consigna que existieron ataques vandálicos y daños a varios móviles de prensa, entre ellos los de ABC Color, Diario El Popular, Telefuturo, Canal GEN y Megacadena de Comunicación.

La denuncia fue presentada a la Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos del Ministerio Público el día de hoy, tras una reunión mantenida con el Fiscal Santiago González Bibolini.

Drogas a Europa: Detienen a locatario de depósito

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En base al seguimiento investigativo tras la incautación de cargamentos de drogas en Europa, agentes especiales de la Senad, en compañía de la Fiscal Elva Cáceres, procedieron al allanamiento de una vivienda en zona de Zeballos Cué.

En el lugar detuvieron a Gerardo Gómez Jara, paraguayo, de 36 años, quien figuraba en el contrato de alquiler del depósito ubicado en Mariano Roque Alonso, donde se incautaron más de 100 tambores de Acetato de Etilo, un químico empleado para el refinamiento de cocaína. Para el efecto, según el documento, el hombre habría abonado más de 25 millones de guaraníes por tres meses de alquiler en forma adelantada.

El hombre ya había sido citado previamente por el Ministerio Público pero no se presentó, por lo cual se libró orden de captura en su contra. Llama la atención de los intervinientes que el detenido residía en una precaria vivienda, situación que acrecientan las sospechas acerca de que habría sido reclutado por una organización criminal para ese efecto.

El detenido fue derivado a la Senad por disposición fiscal. La investigación prosigue a la par de las últimas intervenciones que se vienen desarrollando.

Suspendida preliminar del caso Detave por recusación a juez

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Hoy se debió realizar la audiencia preliminar para Ramón Benítez Amarilla y otras 13 personas en el referido caso, pero una recusación presentada en contra del juez José Agustín Delmás evitó el inicio de esta.

Ramón Benítez Amarilla está acusado por cohecho pasivo, asociación criminal y contrabando. La acusación fiscal fue presentada por los fiscales Luis Said, Josefina Aghemo, Francisco Cabrera y Luis Piñánez.

Los mismos sostienen que desde que Benítez asumió la dirección de este departamento, en el 2018, utilizó la estructura y las otras dependencias que dependían de esta, contrariamente a sus fines y objetivos, para «percibir importantes sumas de dinero, a través de algunos funcionarios encargados del proceso de control de contrabando y que formaron parte de ese esquema de corrupción».

Además, afrontarán preliminar Blas Roberto Cabañas, Óscar José Samudio Vargas, Alan Javier Núñez Colmán, Porfirio Figueredo Vázquez, Luis Carlos Prudhomme, Carlos Alfredo Caballero Arréllaga, Diego González Aguilera, Baldomero Barrios Martínez, Nelson Dani Dielma, Alberto Fernando Andriotti Figueredo, y Fredy Rubén Gauto.

Defensa del capitán Rubén Valdez recusó a fiscal

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La agente fiscal Irma Llano fue recusada por la defensa, por apelar la resolución que otorga medidas alternativas al capitán Rubén Valdez.

La representante del Ministerio Público presentó apelación contra la resolución de la jueza Hilda Benítez, quién otorgó libertad ambulatoria al imputado con restricción horaria nocturna.

La agente fiscal Irma Llano apeló está determinación y fue recusada por la defensa del procesado, según informa el Ministerio Público, además de la agente Llano fue recusada la fiscalía adjunta.

Valdez está imputado por un caso de sextorsión, semanas atrás su casa fue allanada por la fiscalía para incautar evidencias que buscan probar la denuncia presentada por una de las víctimas.

Autoridades y directores de Salud, en la mira de la fiscalía por inacción

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La Fiscal General del Estado dispuso la apertura de una causa penal contra autoridades y directores del Ministerio de Salud por la supuesta inacción en la adquisición o distribución a los distintos centros hospitalarios del medicamento denominado atracurio, considerado de vital importancia para su utilización en las unidades de terapia intensiva durante la pandemia del covid.

Además, el fiscal Marcelo Pecci fue designado para llevar a cabo las investigaciones de los hechos expuestos. Los antecedentes del caso ya fueron remitidos al fiscal asignado para el inicio de los trámites y la comunicación correspondiente a la Dirección de Denuncias Penales y la Oficina de Denuncias del Ministerio Público.

Semanas atrás, la renuncia del Director del Ineram -el centro médico más preparado y con el mejor personal médico del país para la lucha contra el covid- debido a la falta de insumos médicos para atender a los pacientes internados en el lugar, generó una ola de críticas hacia los mandos directivos del Ministerio de Salud, y finalmente derivó en una masiva protesta ciudadana en contra del Gobierno.

La renuncia de Julio Mazzoleni al frente de la cartera de Salud no aplacó los ánimos, y la ciudadanía continúa protestando en contra del gobierno por quinto día consecutivo, debido a la falta de respuestas eficaces en lucha contra la pandemia.

Medicamentos de IPS: Fiscales se constituyeron en el Ineram

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Los fiscales Claide Acosta, Diego Arzamendia y Osmar Legal se constituyeron en el Ineram, en el marco de la investigación de la denuncia de ventas de medicamentos de IPS.

Recordemos que ayer, la fiscalía general amplió el equipo para investigar el grave hecho de venta de medicamentos del Instituto de Previsión Social.

En tal sentido, designó a los fiscales Diego Arzamendia y Osmar Legal para integrar el el equipo de investigadores para llegar a los responsables de la comercialización irregular de insumos de uso exclusivo de la previsional.

El viernes pasado el Ministerio Público se constituyó en el departamento de suministros de IPS de donde se colectó documentos sobre el proceso de manejo de los medicamentos como el midazolan, utilizados en esta pandemia.

Son tres las farmacias que recibieron unas 21.872 ampollas de dicho medicamento, y estas farmacias deberán documentar cómo fueron distribuidas y a que pacientes. La investigación recién empieza y se busca dar con los responsables de lucrar con los medicamentos que debían ser destinados a pacientes de la IPS.

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