Las altas autoridades del Ministerio de la Defensa Pública y de la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados se reunieron.

La defensora general, María Lorena Segovia Azucas, y equipo del Ministerio de la Defensa Pública mantuvieron una reunión de trabajo con el representante de la Unidad de Protección de la Oficina Regional para el Sur de América, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Felipe Sautu.

En la oportunidad, abordaron diferentes temas de común interés para ambas instituciones. Un tema en especial se refiere a las líneas de cooperación para lo que queda de este ejercicio fiscal 2021 y la proyección para el 2022. El objetivo es fortalecer la capacitación de todo el staff de defensores públicas, particularmente, de los que trabajan en frontera, así como los defensores públicos que integran el Equipo Especializado de Migrantes y Refugiados.

Cabe mencionar que el ACNUR trabaja con el objetivo de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas que se vieron obligadas a migrar. Junto con los socios y las comunidades trabajan para asegurar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo y encontrar un refugio seguro en otro país.

De la reunión desarrollada en la sede de la Institución, participaron también la directora de la Dirección General Académica y de la Cooperación para el Desarrollo de la Defensa Pública, Tania Abdo, el director de la Dirección de Cooperación, Francisco Hermosilla, y el director de Derechos Humanos, Miguel Fretes.

La Defensa Pública logró demostrar en audiencia preliminar que la fiscalía imputó en un caso que ya prescribió.

La Defensa Pública del fuero penal de la ciudad de Asunción logró la prescripción del hecho a favor de su defendido, un hombre procesado por el hecho punible de uso de documentos públicos de contenido falso. La defensora pública, Blanca Ramos, planteó incidente al existir un obstáculo a la persecución penal en la causa.

En audiencia preliminar, la defensora pública interviniente hizo notar que al momento de la imputación la causa se hallaba prescripta considerando la fecha en que ocurrió el hecho.

Asimismo, se invocó el principio de igualdad de oportunidad procesal e igualdad ante la ley, en razón a que el Ministerio Público requirió a favor de otro co-procesado la prescripción de la causa. Sin embargo, la representante de la Fiscalía solicitó se haga lugar al sobreseimiento provisional solicitado anteriormente.

Finalmente, el Juzgado resolvió hacer lugar al incidente planteado por la Defensa Pública y otorgó el sobreseimiento definitivo, así como el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre el mismo.

Siete instituciones se unieron para proteger a niños, niñas y adolescentes institucionalizados.

En la fecha prosiguió la reunión de diálogo interinstitucional de Cuidado Alternativo para articular acciones a fin de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes institucionalizados. Por el Ministerio de la Defensa Pública participó el defensor adjunto en lo Civil, Civil ante la Niñez y Adolescencia, Niñez y Adolescencia, Edgar Ríos.

Explicó que este encuentro fue en seguimiento al dialogo mantenido con las autoridades del sector respecto a hogares de cuidados alternativos. Se trabaja en el proceso de desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes, con un abordaje respetuoso, centrado, fundamentalmente, en el interés superior del niño, niña y adolescente.

En este contexto, se realizaron acciones puntuales y se verificaron in situ las condiciones reales de abrigo en que se encuentran los niños y niñas en diferentes lugares del país.

La mesa de diálogo está conformada por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el Ministerio de la Defensa Pública, el Mecanismo Nacional contra la Tortura, representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).