Hoy, la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay recuerda que ya en el 2010, habían solicitado seguridad para sus asociados al entonces ministro del Interior Carlos filizzola.

Ante el reciente atentado que sufrió el fiscal Marcelo Pecci, reiteran la urgente necesidad de brindar seguridad y proteger al magistrado que cumple una tarea relevante en la sociedad.

El gremio refiere que en su momento ya habían alertado de la necesidad imperiosa de que los magistrados cuenten con protección, un resguardo, teniendo en cuenta la delicada tarea que desempeñan en la magistratura.

A continuación, el texto íntegro del pronunciamiento:

La Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), ya había solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades nacionales que, proporcionen mayor seguridad a los socios y socias del gremio.

Esto debido a la preocupante desprotección en que se encuentran trabajando en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, como así también en el desarrollo de su vida privada y familiar.

El presidente de la AMJP, Ángel Daniel Cohene, recordó, que cuando comenzaron las insinuaciones graves sobre las amenazas contra la integridad de los consocios, el gremio, bajo la presidencia del camarista Gustavo Santander Dans, había solicitado protección al entonces ministro del Interior, Carlos Filizzola.

Igualmente, en junio del 2010, ante la amenaza hecha por el Ejército del Pueblo Paraguayo, de secuestrar a magistrados y demás operadores de justicia, la AMJP, bajo la presidencia del actual presidente Ángel Cohene, dio a conocer un comunicado donde sostenía que no cesara en su empeño de hacer prevalecer el imperio de la Ley. Ya en ese entonces, instó a los miembros del Poder Judicial a adoptar las medidas correspondientes para reforzar la seguridad de todos los trabajadores del sistema de justicia.

En setiembre del 2011, a instancias de la AMJP, el ex ministro Carlos Filizzola visitó a las autoridades de la máxima instancia judicial, a fin de aunar esfuerzos con la Policía Nacional y el Ministerio Público, a fin de brindar mayor seguridad, no solo a los jueces, agentes fiscales y defensores públicos, sino a toda la ciudadanía.

Similar petición se realizó el 4 de setiembre de 2018, bajo la presidencia del Dr. Enrique Mongelós Aquino, quien, por medio de una nota dirigida al ex titular de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Raúl Torres Kirmser, denunciaba la preocupante desprotección en la que se encontraban todos los operadores de justicia en el ejercicio de sus funciones. 

La misiva resaltaba que hasta ese momento “no se tenía un plan de prevención efectivo que asegure la integridad física y la vida misma, como valor supremo que no solo pertenece al magistrado, sino a todo ciudadano”.

Actualmente, con este nuevo hecho (asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia) que enluta al sistema de justicia en Paraguay, la AMJP vuelve a reiterar, la urgente necesidad de brindar seguridad y tranquilidad a todos los justiciables. En ese sentido, el gremio que hoy preside el Pdte. Ángel Cohene, solicita se conforme inmediatamente una reunión de trabajo entre los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para la conformación de una comisión interinstitucional que analice la seguridad de los magistrados de todo el país.

La Corte Suprema de Justicia debe blindar a sus magistrados que se enfrentan a poderosas estructuras del crimen organizado.

Ayer la CSJ realizó la primera reunión general con magistrados de todo el país y fueros que cumplen funciones en el fuero penal especializado contra crimen organizado para hablar sobre la seguridad de los operadores de justicia. Esto, tras el atentado que sufrió el fiscal Marcelo Pecci.

Blindar a los magistrados que cumplen una delicada función es una tarea pendiente, protegerlos no solo mientras cumplen funciones propias en sus despachos, sino incluso en sus actividades privadas y como llevar una vida fuera del despacho. Tras el asesinato del fiscal Pecci deben replantearse muchos aspectos que hasta hoy no han podido cumplir con aquellos que tienen la difícil tarea de plantarse contra estructuras criminales poderosas, como la mafia organizada.

En Judiciales TV conversamos con una de las magistradas de Capital de este fuero, la jueza Lici Sánchez, quien señaló que es primordial no sólo proteger a los magistrados que cumplen una muy delicada función en el fuero contra el crimen organizado, sino que deben ser jerarquizados.

¨En muy corto tiempo se desarrollaron operativos muy importantes e impactantes y la reacción vamos a decir para sostener este tipo de investigación o procesos, hay que reconocer que no está a la altura, tratamos los jueces que esa situación no nos supere las reacciones de los afectados. Fueron una seguidilla de hechos donde los intereses económicos son sumamente importantes, las personas afectadas ocupan un estatus social en el país y otros fuera del país¨.

¨Hoy te puedo asegurar que en un 50% lo estamos haciendo a puro pulmón, estamos llevando adelante el carro, tengo unos funcionarios comprometidos con su trabajo, deberíamos repensar un poco en la actividad que estamos desarrollando, quien es la víctima del crimen organizado no es otro que el Estado, a la víctima la tenemos que protegerlo todos, no solo un sector¨ mencionó la magistrada Lici Sánchez.La magistrada pidió que se jerarquice a los operadores de justicia, con un salario adecuado y una capacitación permanente y que las mejores mentes con formación ética, con formación moral con ganas de servir a la Patria formen parte de la justicia y en este fuero en particular.

La máxima instancia resolvió en plenaria tomar la iniciativa de instalar una mesa de trabajo con los poderes Ejecutivo y Legislativo, con miras a solidificar el combate al crimen organizado.

Tomar la iniciativa para encarar el trabajo interinstitucional de manera coordinada y darle operatividad inmediata a algunas acciones como la seguridad de magistrados, mejorar los planes de combate de este flagelo que se cobró la vida de un operador de justicia, fue lo resuelto hoy en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia.

La idea es que se impulse coordinadamente lo que ya se viene haciendo desde la justicia y se fortalezca el sistema contra crimen organizado en todos los aspectos relacionados no solo a la tarea que le compete al Poder Judicial, sino a todo el Estado comprometido a combatir el crimen organizado.

Para definir y establecer objetivos prioritarios y delinear políticas firmes para afrontar este hecho que enluta al país, a la región y al mundo entero que deja un profundo impacto, el asesinato de un agente fiscal que combatía el crimen organizado.

Durante la plenaria los ministros manifestaron su pesar por el crimen del fiscal Marcelo Pecci y propusieron combatir este flagelo con tareas coordinadas a corto plazo con los demás poderes del Estado.