Josefina Aghemo quien ejerce la defensa de uno de los acusados en la causa, mencionó a Judiciales TV que el Ministerio Público ratificó durante la preliminar un vago e impreciso relato de hechos.

El cliente de Aghemo está acusado como coautor para la instalación de un laboratorio ilegal para la plantación de marihuana y la posterior distribución, pero afirma que el Ministerio Público no hace un relato de cuales los elementos que prueban dichos extremos, como para tener certeza de la participación como coautor de hechos punibles tan graves, lo que los lleva a un estado de indefensión.

 Agregó que la fiscalía en la audiencia preliminar, solo vivo a ratificarse en la acusación presentada en el acto conclusivo sin hacer una descripción fáctica respecto a la responsabilidad de cada uno de los acusados.

 “Se está sustanciando la audiencia preliminar respecto a un grupo de acusados, no para la totalidad de los acusados. Ejercemos la defensa conjunta con Raúl Caballero, queremos contar con una descripción de hechos, qué es lo que realmente se le atribuye a nuestro defendido, esto es fundamental para la defensa. Al momento de oralizar el Ministerio Público solo se ratificó en la acusación haciendo un relato vago e impreciso, tampoco describió la conducta individual respecto a cada acusado, lo que nos lleva a un estado de indefensión. Pero, se realizó solo la mención de la tipificación y no como se llegó a la certeza” mencionó Josefina Aghemo.

Por último, señaló estar confiada en que la jueza de la causa por haber sido agente fiscal analizará de manera pormenorizada los planteamientos de la defensa, ya que sabe cómo deben ser presentados los requerimientos y las obligaciones legales que tiene el Ministerio Público para sus planteamientos en este tipo de procesos penales.

La audiencia preliminar continúa en la mañana de hoy, ante la jueza Clara Ruiz Díaz quien deberá resolver los incidentes planteados en la preliminar y si la causa será elevada a la etapa de juicio oral y público.

Un Tribunal de Sentencia anuló todo el proceso que afrontaba el representado por la defensa Pública, porque no fue sometido a una indagatoria previa.

Luego de tres años y siete meses, un hombre imputado por tentativa de homicidio pudo recuperar su libertad al ordenarse la nulidad de todas las actuaciones fiscales, a pedido de la defensora pública que lo asistió en juicio, María Victoria Ayala.

El Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial del Amambay designó a la defensora pública María Victoria Ayala Arteta, defensora Multifuero de Bella Vista Norte y del fuero penal de Pedro Juan Caballero, a fin de asistir a un acusado tentativa de homicidio, ya en la etapa de juicio oral y público.

Antes del inicio del juicio, la defensa planteó un incidente de nulidad de acciones por falta de indagatoria previa a favor de su asistido. Si bien es cierto el órgano investigador citó dos veces al procesado, en ambas ocasiones el asistido por la Defensa Pública en ambas fechas no se le pudo revestir de la garantía constitucional del derecho a la defensa por no estar acompañado por un abogado defensor y en las actas de comparecencia solo estaba estampada la firma del agente fiscal y la huella presumiblemente del representado de la Defensora Pública.

Luego del análisis de la cuestión planteada por la Defensa Pública, el Tribunal de Sentencia resolvió hacer lugar a la nulidad absoluta de todas las actuaciones, extinguir la acción penal y, en consecuencia, sobreseer definitivamente al representado por la defensa pública ordenándose su inmediata libertad, puesto que guardaba reclusión en el penal de Pedro Juan Caballero desde el mes de noviembre de 2018.

El Ministerio Público acusó al expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortiz, por adjudicación irregular para explotación de la “Quiniela”.

La fiscal María Estefanía González presentó acusación contra Ortiz por lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción, al igual que a Raúl Silva, Carmen Alonso, Ricardo Núñez Giménez, Omar Rodrigo Mongelós y Rubén Rousillón.

Mientras que Álvaro Wasmosy, empresario que ganó la explotación de la quiniela, fue acusado por el Ministerio Público por declaración falsa, ya que no declaró haber sido un agente de retención.

En el marco de la investigación abierta tras la denuncia radicada en el Senado, el Ministerio Público, en su momento, presentó imputación contra los integrantes de Conajzar y un empresario ganador de la licitación para explotar la Quiniela en enero del 2015, concesión que fue prorrogada en el 2020 por resolución de Conajzar. Hoy, la fiscalía formuló su requerimiento conclusivo y acusó a los siete procesados para quienes pidió juicio oral y público.

Refiere el escrito de acusación, que cuenta con 103 páginas: “Ha quedado probado que los hoy acusados, en su calidad de representantes ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar, no solo no exigieron el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa TDP SA., sino también, a sabiendas de una declaración falsa al no declarar ser un agente de retención, igualmente, beneficiaron a dicha empresa para ser nuevamente adjudicada para la explotación de juegos de azar denominado Quiniela”.

“En consecuencia, la empresa TDP S.A., al no dar cumplimiento con el pago y presentación de las boletas de depósito de las retenciones del impuesto exigido en la Ley 431/73, ni informar a la Conajzar de las donaciones y deposito para el FONARESS, no estaba en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por lo que al presentar su oferta, se formuló́ una mentira y sin haber dado cumplimiento real de esas obligaciones, igualmente fue beneficiada por la Comisión Nacional de Juegos de Azar, siendo adjudicada y suscribiendo el contrato de concesión y de esa manera la empresa TDP S.A., siga explotando la Quiniela sobre la base de un documento sustancial del llamado (Declaración Jurada) que exigía demostrar el cabal cumplimiento de sus obligaciones ante la Conajzar y el cual era una falsedad”.

Sin embargo, sostiene la fiscalía, que, pese a todo ello, Omar Mongelós González, Carmen Corina Alonso, Rubén Antonio Rousillón, Ricardo Núñez Giménez y José́ Antonio Ortiz Báez, mediante Resolución N° 32/2020 del 04 de septiembre de 2020, terminaron beneficiando a la empresa TDP SA., con la adjudicación y concesión para la explotación del juego de azar denominado Quiniela”. 

“Esto se denota aún más cuando los referidos integrantes de Conajzar, en fecha 21 de julio de 2020, solicitaron mediante Nota de Presidencia N° 523/2020 a la firma TDP S.A., remita información sobre “los premios no entregados por no presentarse el ganador”, correspondiente a los años 2015 a 2019; es decir, la Conajzar, con ello revela que nunca ejerció control alguno sobre el concesionario TDP S.A. durante el periodo 2015 a 2019” refiere el escrito acusatorio presentado en la fecha por la fiscal María Estefanía González.

El Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional para Ramón González Daher, imputado por quebrantamiento de depósito por robo de cheques del juzgado del juez Humberto Otazú.

En su momento, RGD fue imputado como autor del robo de evidencias que formaban parte del proceso principal donde fue condenado a 15 años de cárcel, cheques que supuestamente fueron usados para extorsionar al querellante en la causa. Sin embargo, el Ministerio Público no puede probar las sospechas iniciales ya que según refirió en su dictamen que pese a las diligencias realizadas no podrían ser consideradas de contundencia como para defenderlo en juicio oral.

En su dictamen los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel refieren que, “Ramón González Daher fue vinculado al proceso por una sospecha razonable, pero a través de la investigación aún no se erigen en certera o concluyentes, y que en definitiva resultan insuficientes para llevarlo a juicio oral y público, debido a que esta representación fiscal no cuenta aún con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado y la autoría del mismo. 

González Daher soporta imputación por quebrantamiento de depósito y extorsión, por el robo de 471 cheques que se encontraban en el juzgado de Humberto Otazú, como evidencia. Los mismos fueron utilizados por el imputado para seguir extorsionando a sus víctimas, según la imputación fiscal inicial.