El agente fiscal Silvio Corbeta presentó hoy ante el juez José Agustín Delmás el dictamen sobre el traslado que se le corrió sobre el incidente de reposición contra la admisión de la imputación.

Corbeta señala que el incidente debe ser rechazado ya que la imputación fiscal presentada contra el exministro del Interior si cumple con los requisitos formales exigidos y que el incidente de reposición de la defensa contra la providencia, no procede y debe ser rechazado.

“El Ministerio Público considera que se encuentran reu‌nidos todos los requisitos del art. 302 del C.P.P. y que existen méritos para que el Juez Penal proceda a dar inicio formal al procedimiento penal en contra de Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez por la supuesta comisió‌n del hecho punible de Cohecho Pasivo Agravado y en consecuencia, convocarlo a la audiencia de imposició‌n de medidas tomando en consideració‌n el Requerimiento Fiscal n° 35 del 12 de agosto de 2.022” señala parte del dictamen del Ministerio Público.

Agrega además el fiscal Corbeta en su dictamen, que la imputación, a más de haber individualizar correctamente al imputado, se ha señ‌alado de manera detallada los hechos que le son atribuidos y los elementos de convicció‌n. 

Que los agentes fiscales Alicia Sapriza y Osmar Legal, han fundado dicha decisió‌n, indicando los elementos de colectados en la etapa inicial que dan cuenta la existencia del hecho atribuido a Arnaldo Euclides Giuzzio Beniítez, quien además fue convocado para ejercer su defensa material en una declaración indagatoria. En base a estas consideraciones el Ministerio Público requiere el rechazo del incidente de la defensa.

La magistrada Clara Ruiz Díaz resolvió la aplicación de la figura del criterio de oportunidad para dos imputados por cobrar irregularmente la ayuda social Pytyvo.

La magistrada señaló que existe un centenar de procesados en esta causa abierta por adquisición fraudulenta de subvenciones, por haber cobrado el subsidio estatal de G 500.000 durante la pandemia del Covid-19.

La salida procesal benefició a María Morínigo y Carolina Benítez, para quienes fue aplicada la figura del criterio de oportunidad y deberán devolver los G 500 mil que cobraron irregularmente.

“El Ministerio Público en los casos en los que el imputado cobró una sola vez, pide la aplicación del criterio de oportunidad, y se le exige la devolución de lo cobrado. No así con las personas que han cobrado en más de una ocasión allí ya aplicamos la suspensión condicional del procedimiento” refirió la magistrada a Judiciales Net.

El exministro del Interior manifiesta en su escrito que se abrió una carpeta fiscal en su contra por disposición de la fiscal general del Estado, en la cual ha sido investigado de manera clandestina.

Agrega en su escrito que cuando solicitó acceder a información sobre esta investigación, se le fue negada con “mentiras que culminaron con una arbitraria imputación el pasado 16 de agosto, fecha en la cual se allanó mi domicilio”.

Continúa relatando que el allanamiento fue posible luego de que se le haya negado intervención en la misma, y del ejercicio del derecho a la defensa y todas las prerrogativas y que toda esta situación es avalada por Sandra Quiñónez.

Por ese motivo, Giuzzio solicita que se imprima trámite y se haga lugar a lo solicitado.

La presentación de esta recusación contra Quiñónez, se da dentro de la impugnación presentada contra la confirmación de los dos agentes fiscales del caso, Osmar Legal y Alicia Sapriza.

El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio compareció ante el juez de su caso, José Agustín Delmás. 

Hoy debió ser su audiencia de imposición de medidas pero que fue suspendida a raíz de la presentación de la defensa. Giuzzio mencionó a la periodista Vanesa Silguero que se puso a disposición del magistrado de su causa para demostrar que no existe intenciones de evadir la justicia.

“Es violatorio de principios básicos de nuestro derecho que el Ministerio Público haya incautado elementos antiguos, como audios o videos de circuito cerrado, lo que denota y se pretende es simplemente saber que yo tenía en mi poder, nada más, la imputación es un pretexto más de la fiscalía para ello. Hoy me presento ante el juzgado cumpliendo la formalidad pero, para demostrar también que no hay ninguna reticencia por parte nuestra de evadir el proceso penal” mencionó Arnaldo Giuzzio durante su presencia en el Tribunal.

El exministro del Interior Arnaldo Giuzzio fue imputado por cohecho pasivo agravado por presuntamente recibir favores del narcotraficante Marcus Vinicius. 

La defensa presentó una reposición con apelación en subsidio contra la providencia que admitió la imputación y citó a su representado para hoy presentarse para su audiencia de imposición de medidas, refiere que en las condiciones presentadas la imputación debió ser admitida por carecer del relato fáctico de hechos y no responder a preguntas básicas de cómo el exministro perpetró el hecho punible imputado.

Un hombre de 64 años de edad fue absuelto por el tipo penal de apropiación, por un Tribunal de Sentencia que llevó adelante el juicio.

El Ministerio Público lo acusó y lo llevó a juicio oral y público y solicitó se le aplique una condena de un año de prisión, lo que no fue posible ya que el Tribunal hizo lugar al planteamiento de la Defensa Pública que asistió al procesado.

La defensora pública del fuero penal, María Graciela Romero, fue quien asistió a un hombre de 64 años de edad, acusado por apropiación, supuestamente de una suma de dinero de un local comercial, en la ciudad de Fernando de la Mora.

La intervención de la Defensa Pública fue al momento de la audiencia oral, ocasión en la cual se abocó a plantear incidentes, controlar pruebas, que finalmente culminó en la absolución de reproche y pena del acusado, para quien el agente fiscal peticionó un año de privación de libertad.

El Tribunal de Sentencia de Luque, concluyó que a pesar de lo expuesto por el Ministerio Público, no fue probada la existencia del hecho, por lo cual resolvieron absolver al asistido de la Defensa Pública.

El trasfondo de la cuestión resultó ser una demanda laboral, donde el representado por la defensoría pedía ser indemnizado por despido injustificado, siendo denunciado por la empleadora con la sola finalidad de evitar el pago de sus haberes correspondientes, como quedó en evidencia con la producción probatoria en el juicio oral y público culminado en fecha 26 de julio del 2022.