La defensa presentó hoy un pedido de suspensión de la convocatoria para la declaración indagatoria de Arnaldo Giuzzio.

La diligencia estaba marcada para hoy ante los fiscales recientemente confirmados, para seguir en el caso: Osmar Legar y Alicia Sapriza, quienes citaron al imputado exministro del Interior Arlando Giuzzio para ejercer su derecho a declarar, si así lo decide.

La audiencia deberá ser re agendada hasta tanto el juzgado como la Cámara decidan sobre la validez o no de la imputación, que está recurrida por la defensa a cargo de Guillermo Duarte Cacavelos.

El juez de la causa, José Agustín Delmás ya corrió vista al Ministerio Público para que responda sobre la reposición planteada por la defensa contra la admisión de la imputación contra Giuzzio por carecer de un relato fáctico de cómo, cuándo dónde, se acordó o se recibió o se dejó prometer un beneficio el imputado por el narcotraficante Marcus Vinicius.

El Ministerio Público imputó a Arnaldo Giuzzio, por el tipo penal de cohecho pasivo agravado por haber recibido beneficios o favores del narco Marcus Vinicius para que este sea proveedor del Estado, según la fiscalía.

El abogado Guillermo Duarte, defensor de Arnaldo Giuzzio, presentó una reposición con apelación en subsidio contra la admisión de la imputación.

La defensa sostiene que la imputación no responde a los requisitos formales por ende no debió ser admitida por el juez Garantías y por ende tampoco debió fijarse la audiencia de imposición de medidas.

“Cuando el ministerio Público pretende establecer una teoría del caso incipiente, las proposiciones fácticas deben responder a, que pasó el funcionario solicitó se dejó prometer, quién lo hizo quien ofreció o prometió un beneficio, cómo pasó cuando se dio esa solicitud de beneficio personal, dónde pasó se realizó el acuerdo antijurídico o donde se dio esa promesa o solicitud. En esta situación dificulta el ejercicio del derecho a la defensa y la realización de las demás garantías constitucionales que el acta de imputación debe permitir”.

“El error del juzgado fue haber tenido por recibida el acta de imputación, cuando, en puridad la imputación realizada por los agentes fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza constituye una clara violación al derecho a la defensa, puesto que el señor Arnaldo Giuzzio no puede defenderse de una imputación fiscal que no describe los hechos que son necesarios” refiere parte del escrito presentado por Guillermo Duarte, defensor del exministro del Interior.

Giuzzio fue imputado por el Ministerio Público por cohecho pasivo agravado por haber recibido supuestos beneficios del narcotraficante Marcus Vinicius. La audiencia de imposición de medidas estaba fijada para esta mañana.

Un Tribunal de Apelación Penal de Central ratificó la condena de ocho años de cárcel para el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas.

Así también, quedó firme la condena respecto a otros procesados. Esto en el marco del proceso abierto por el caso del desvío de 860 millones de guaraníes que debían ser destinadas para la construcción de escuelas en el 2016.

En su momento, un Tribunal de Sentencia dio por probada la lesión de confianza, al realizarse una transferencia de fondos por obras no realizadas, que ni siquiera fueron fiscalizadas. 

En esta misma causa también quedó firme la condena del exdirector de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, condenado a seis años de cárcel, la de Carlos María Mendieta, encargado de la Dirección de Obras de la Comuna, sentenciado a tres años de prisión, ambos en carácter de cómplice. Se comprobó que los exfuncionarios actuaron en complicidad con el ex intendente de Lambaré.

Los camaristas María Teresa González de Daniel, Oscar Juan Rodríguez Kennedy y Guillermo Zillich, firmaron la resolución de alzada que confirma las condenas de los encausados.

Luego de dos décadas y media, el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inoficiosa la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Revolucionario Febrerista contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

La acción fue radicada en 1.997, y recién ahora tras iniciar la CSJ una depuración de casos resolvió dar respuesta a una presentación realizada 25 años atrás. La presentación fue realizada por el abogado Ricardo Lugo Rodríguez quien falleció el año pasado.

El ministro Eugenio Jiménez Rolón calificó de vergonzosa la situación que hoy les toca decidir luego de 25 años, cuando la ley menciona que las cuestiones electorales deben ser resueltas en un plazo no mayor de diez días.

“La situación por demás vergonzosa que se nos presenta en este juicio como es juzgar una cuestión que se encuentra en estado de resolutivo desde hace más de dos décadas, amerita la realización de una auditoría de gestión, a los efectos de deslindar responsabilidades. Aunque las circunstancias en este caso sean excepcionales, lo cierto es que las mayorías de las acciones de inconstitucionalidades contra resoluciones electorales que me fueron sometidas se encontraban en la misma situación, sin resolución en un plazo razonable” señala en su voto el ministro Jiménez Rolón. Firmaron la resolución los ministros Antonio Fretes, César Diesel, César Garay, Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y el camarista, Linneo Insfrán en reemplazo del ministro Víctor Ríos.

Un expolicía acusado por asociación criminal y violación de la ley de armas fue beneficiado con el sobreseimiento definitivo por el transcurso del tiempo.

El Ministerio de la Defensa Pública, representado por el defensor de la ciudad de San Lorenzo, Rodrigo Duré, obtuvo la extinción de la acción penal a favor de su representado, quien fue asistido por la Defensa Pública ya en etapa de juicio oral y púbico desarrollado en Luque, luego de que su defensa particular haya solicitado la cancelación de su personería dentro de la causa.

El Ministerio Público acusó al procesado por asociación criminal y la violación de la ley de armas ocurrido en el 2017, con una expectativa de pena que va de 5 a 10 años de años de cárcel. Pasaron cuatro años, nueve meses del inicio del proceso, del cual se deben de descontarse, solo 185 días de suspensión de plazos procesales, lo que de igual manera supera el límite máximo permitido por la ley la de cuatro años.

El defensor público argumentó que los plazos establecidos en el Código Procesal Penal habían transcurrido en exceso, inclusive teniendo en cuenta todas las suspensiones del plazo que previsto en ley y no contando con ningún acto interruptivo y que éste vuelva a reiniciar el computo del plazo en su contra, ya no lo hacía merecedor de enfrentar el juicio.

El Tribunal de Sentencias de la ciudad de Luque, luego de escuchar los argumentos presentados por la defensa al inicio del Juicio Oral y que contó con la oposición del Ministerio Público de la ciudad de San Lorenzo, resolvió hacer lugar al planteamiento del defensor público y ordenó el sobreseimiento definitivo a favor del representado por la Defensa Pública, aplicando el artículo 136 del CPP, que establece que toda persona deberá tendrá derecho a una resolución judicial definitiva en un plazo razonable en un plazo máximo de cuatro años.

El hoy sobreseído estuvo con medidas restrictivas a su libertad primero en prisión y luego con arresto domiciliario que fue levantado tras la decisión del Tribunal de Sentencia, estuvo caso cinco años con esa restricción.