La Cámara de Apelación Penal confirmó la ejemplar condena de 34 años de cárcel aplicado a Oscar Luis Benítez.

Benítez fue condenado a cumplir 24 años de cárcel, más 10 años de medida seguridad por su participación directa en el secuestro de la hija del expresidente Raúl Cubas.  Para la justicia, quedó probada la participación directa de Benítez en el secuestro de Cubas; fue quien realizó el seguimiento a la víctima, participó en la captura y en la privación de libertad, incluso fue quien realizó el alquiler de la casa donde falleció la víctima y el que cobró el de dinero del rescate que nunca se dio.

Benítez, también participó en la compra de vehículos utilizados en el caso, tuvo un rol protagónico en la organización criminal que llevó adelante este crimen, quedando demostrado su participación en el secuestro, el hoy condenado mantuvo conversaciones frecuentes con otros partícipes del secuestro antes, durante y posterior al secuestro de la joven, incluso la celda lo ubicó en las inmediaciones de la casa de la secuestrada el día que fue tomada por sus captores. 

Quedó acreditado plenamente, que Benítez coordinó el secuestro y el pago del rescate. La familia pagó 300.000 dólares que según los captores solo formó parte de una multa.

Cecilia Mariana Cubas Gusinky fue secuestrada el 21 de septiembre del año 2004, en el barrio Laguna Grande, y fue hallada sin vida el 16 de febrero del 2005, en una casa ubicada en la ciudad de Ñemby.  

Hoy alzada integrado por los camaristas Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Gustavo Santander, confirmó en todas sus partes la sentencia que aplicó la ejemplar condena a uno de los que tuvo una activa participación en este secuestro.

La Cámara de Apelación Penal anulo el fallo que sobreseyó al legislador Tomás Rivas quien, deberá afrontar un nuevo juicio oral por sus caseros de oro.

En su momento por mayoría de voto los jueces Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, extinguieron la acusación del Ministerio Público y sobreseyeron definitivamente a Tomás Rivas acusado por el tipo penal de estafa, por la causa de sus caseros.

Rivas devolvió el dinero que sus caseros cobraron ilegalmente de la Cámara de Diputados y con ello logró su desvinculación definitiva de la causa, pero esta decisión fue anulada y la causa va a otro Tribunal de Sentencia que juzgará nuevamente a Rivas por sus actos.

En esta misma causa los caseros ya fueron condenados por haber cobrado indebidamente dinero de la cámara baja, donde no cumplían funciones sino en la casa del legislador cuyo sobreseimiento fue anulado.

Los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Cristóbal Sánchez, decidieron anular en todas sus partes, la sentencia que desvinculó de la causa a Tomás Rivas.

El juez Mirko Valinotti será quien tendrá a su cargo la causa abierta contra el padre y la madrastra de una niña maltratada.

Valinotti deberá admitir la imputación del Ministerio Público y luego citar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas y estudiar si corresponde la aplicación de las medidas requeridas por la fiscalía.

La imputación fue presentada la semana pasada contra el padre de la niña, por violación del deber de cuidado y maltrato. Se pide la aplicación del arresto domiciliario para el imputado. 

Mientras que, la madrastra está imputada por violencia doméstica y respecto a ella la fiscal Carina Serón requiere la aplicación de la prisión preventiva. La mujer fue captada por las cámaras de circuito cerrado de su domicilio maltratando a la niña de 11 años (su hijastra) quien ya fue rescatada y entregada a la abuela como medida provisoría.

Los nombres de los imputados la omitimos en base a lo establecido en la ley para evitar la revictimización de la niña de este caso.

El Ministerio Público realizó varias diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades del padre y la madrastra, como la declaración de testigos, el allanamiento en la casa para incautar las imágenes de circuito cerrado que ya está en el Laboratorio Forense de la fiscalía para su análisis.

Un Tribunal de Sentencia condenó a 29 años de cárcel a Paulo Sergio Samudio, por tentativa de feminicidio.

La presidenta del Tribunal de Sentencia Fátima Rojas, explicó que existen suficientes elementos de prueba que demostraron la existencia del hecho y la brutalidad con la que actuó el hoy condenado, quien no se resignó a la ruptura de la relación que mantenía con la víctima.

El hecho se registró en febrero del 2021. La agresión fue captada por el video de circuito de una estación de servicio que también sirvió de prueba, donde se observa la brutal agresión que sufrió la víctima.

Las agentes fiscales Karen Chaparro y Lissa Ruiz Díaz representaron al Ministerio Público en el juicio oral y público en contra del acusado Paulo Sergio Samudio Sanabria, quien recibió la ejemplar condena de 29 años.

Fueron determinantes para el Tribunal de Sentencia, la declaración de la víctima quien sobrevivió de la terrible agresión del que fue víctima, otros testigos y el video de circuito cerrado de la estación de servicios, además de informes médicos y psicológicos.

Ante el juez Mirko Valinotti inició la audiencia preliminar para Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod, acusados por presunta declaración falsa.

Según la acusación del Ministerio Público, ambos no declararon la totalidad de su patrimonio a la Contraloría General de la República, entre ellas quedaron fuera de la declaración los bienes del matrimonio en el extranjero y una aeronave, por este hecho la fiscalía pide que ambos sean llevados a juicio oral.

La fiscalía sostiene en su acusación que los acusados poseen bienes por un valor que supera los 3 millones de dólares, pero esto no se refleja en los datos de sus declaraciones juradas.

Una vez concluida la audiencia preliminar el juez Valinotti, resolverá si existen elementos para que el caso sea debatido o no, en juicio oral y público.

La fiscal que defenderá en esta audiencia la posición del Ministerio Público es Natalia Fuster y ejerce la defensa de los acusados, el abogado Ricardo Preda.