La Jueza Olga Elizabeth González rechazó la querella autónoma contra los directivos del Club Olimpia Álvaro Bilbao Costanzo y Miguel Cardona Herreros por difamación Calumnia e injuria.

La acción fue presentada por la asistente técnica de selecciones femeninas Jessika Beatriz Mendoza Almirón quien asegura haber sido afectada en su honor y reputación ante una acusación de Bilbao y Cardona por falta de respeto y ética profesional hacía el Club.

La magistrada González señala entre sus argumentos que al verificar los requisitos fundamentales para la admisión de una querella establecidos en el Art. 291 del CPP, observa que el poder especial otorgados a los abogados de la querellante fue para accionar contra el Club Olimpia.

“Así las cosas, del análisis del mismo se colige que dicho instrumento solo y exclusivamente otorga poder para querellar al Olimpia, no así a los señores: Álvaro Bilbao Constanzo y Miguel Cardona Herreros, ni a persona física alguna, por lo que los abogados representantes de la querella carecen del documento que acredite el mandato que les confiera poder para querellar a las citadas personas físicas”, menciona parte de la resolución judicial.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 24 de noviembre del 2021 Robert Harrison, titular de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió una nota de los directivos del Club Olimpia Álvaro Bilbao Costanzo y Miguel Cardona donde solicitan la destitución de la asistente técnica de selecciones femeninas Jessika Beatriz Mendoza por una falta de respeto al Club.

Alegan un comportamiento desleal de Mendoza quien supuestamente habría intimado a las jugadoras de la selección femenina a ser desconvocadas en caso de representar al Club Olimpia en un torneo, según manifestaron los padres de las jugadoras, expresa la nota enviada.

La nota menciona además que situación afecta desde todo punto de vista a los intereses del Club Olimpia, las relaciones existentes con la APF, las jugadoras y sus padres.

Esto generó agravio hacia la Jessica Mendoza, asistente técnica quien decidió querellar al Club Olimpia representado por los directivos Bilbao y Cardona.

En su momento el Abogado Eduardo Cazenave en representación de los directivos del Club Olimpia argumentó que no se podía querellar a una persona jurídica. En este caso el Club Olimpia. La Cámara de Apelaciones le dio la razón y resolvió que se devuelva la querella a los que accionaron para su correcta presentación. Sin embargo, el juzgado ya resolvió el rechazo mientras los querellantes corregían su acción.

El fiscal adjunto Roberto Zacarías rectificó el dictamen de los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, acusó y pidió juicio oral y público para RGD por extorsión.

En la causa abierta al usurero Ramón González Daher por el robo de cheques que formaban parte de las evidencias en su contra, el fiscal adjunto Roberto Zacarías, rectificó el pedido de sobreseimiento provisional solicitado por los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, quienes pidieron la desvinculación provisoria de González Daher, porque supuestamente no contaban con elementos de prueba suficientes para un eventual juicio oral, sin embargo el superior considera que si existen elementos probatorios de la extorsión realizada por González Daher.

Solo el hecho punible de quebrantamiento de depósito es el tipo penal en la que no existe prueba suficiente y se reafirma el pedido de sobreseimiento provisional por existir aún elementos que recabar, dice el adjunto.

En su momento, Ramón González Daher fue imputado como autor del robo de evidencias que formaban parte del proceso principal donde fue condenado a 15 años de cárcel, cheques que supuestamente fueron usados para extorsionar al querellante en la causa. Sin embargo, el Ministerio Público no puede probar las sospechas iniciales ya que según refirió en su dictamen que pese a las diligencias realizadas no podrían ser consideradas de contundencia como para defenderlo en juicio oral, situación que hoy fue rectificada por el superior.

En su dictamen los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel refieren que, “Ramón González Daher fue vinculado al proceso por una sospecha razonable, pero a través de la investigación aún no se erigen en certera o concluyentes, y que en definitiva resultan insuficientes para llevarlo a juicio oral y público, debido a que esta representación fiscal no cuenta aún con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado y la autoría del mismo. 

Con este último dictamen del Ministerio Público, González Daher afrontará juicio oral y público por extorsión, por el robo de 471 cheques que se encontraban en el juzgado de Humberto Otazú, como evidencia. Los mismos fueron utilizados por el imputado para seguir extorsionando a sus víctimas, según la acusación.

El médico forense del Ministerio Público Pablo Lemir detalló al Tribunal de Sentencia el trabajo que realizó al cuerpo de la víctima, Sabryna Breuer.

Lemir señaló que tras observar los resultados de las placas radiográficas practicadas a Sabryna Breuer, ya tenían sospechas de fractura de la asta mayor, que finalmente se constató.

Dijo que la víctima falleció a primera hora del día, que encontraron diversas lesiones contusas de tiempo variados, de semanas antes, 48 horas antes y otras del día de su muerte. También, que encontraron contusión en los labios, y como dato más llamativo sangre en el pericardio que es la parte que cubre el corazón, esa cavidad tiene líquido, pero no es sangre, y acá encontraron sangre en abundante cantidad, explorando el corazón constataron una lesión en la aurícula derecha, que esta aurícula estaba rota y se produjo en vida, no post mortem. 

Además, dijo que encontraron dos golpes en la cabeza que eran dos, también lesiones contusas en el cuerpo, una de ellas una lesión contusa en el tórax lateral derecha hacia el costado derecho del hueso del esternón y esa lesión presenta puntos uno al lado de otro y en línea, que esta lesión contusa explicaría la lesión de la aurícula derecha, que son lesiones redondeadas tienen correspondencia con un golpe de puño, se observa la figura redondeada y que esto le provocó la hemorragia y un taponamiento cardiaco a la víctima.

Que, por otro lado, “teníamos signos de asfixia a eso le sumamos las manchas, las lesiones laríngeas, hematomas, la mordedura de lengua estamos ante un contexto de asfixia mecánica provocada por una tercera persona, nos encontramos con dos mecanismos mortales, perfectamente por sí solo para producir la muerte”.

“Estamos hablando de una muerte violenta, de tipo homicida que está causada por una tercera persona, la causa de muerte es la lesión cardiaca y la estrangulación manual” señaló Lemir la Tribunal de Sentencia.

El juez José Agustín Delmás decretó medidas alternativas a la prisión para el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio imputado por cohecho pasivo agravado.

Entre las medidas impuestas por el Juzgado se encuentra la prohibición de salida del país, la fianza de mil millones de guaraníes y la prohibición de acercarse a la Senad y al ministerio del Interior.

La defensa solicitó al juez de la causa que evite aplicar la prohibición de salida del país a Giuzzio, pero la fiscalía se opuso a este pedido por existir peligro de fuga, que existe una investigación en curso y que no descartaba ampliar la imputación contra el exministro del Interior.

La imputación de Giuzzio relata que Marcus Vinicius, buscó ser proveedor del Estado y mantuvo un vínculo con ese fin con el entonces ministro del Interior Arnaldo Giuzzio. La intención de Vinicius era la de proveer chalecos antibalas y de vehículos blindados al Estado y para ese efecto mantuvo contacto personal y cercano con Giuzzio, “Quien, en pleno ejercicio de funciones como ministro del interior, habría aceptado el blindaje de una patrullera de la policía, en concepto de cortesía, como así también el préstamo de un vehículo a título gratuito para su uso personal, para un viaje privado en Brasil” refiere la imputación.

El contacto entre Giuzzio y Vinicius se dio vía WhatsApp y el contacto se inició desde julio del 2021, en la que supuestamente el entonces ministro Giuzzio operó personalmente para que el narcotraficante sea un proveedor del Estado.