La jueza del fuero penal especializado contra el crimen organizado Rosarito Montanía decretó la prohibición de innovar y contratar, con esta decisión, quedan sujetos a un eventual comiso los bienes de Diego Benítez.

De igual forma, la magistrada dio intervención a la Senabico para administrar los bienes que pasan a ser comisados en el marco del proceso abierto a Benítez por narcotráfico.

Los inmuebles individualizados de Benítez se encuentran en el barrio Villa Morra de Asunción, que pasan en posesión de Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.

La justicia paraguaya pidió la extradición de Diego Benítez, detenido en su momento en los Emiratos Árabes Unidos, donde fue puesto en libertad. Se aguarda que se haga lugar al pedido de extradición para que responda por los hechos que le atribuye el Ministerio Público de nuestro país.

El juez Gustavo Amarilla, del fuero penal especializado contra el crimen organizado fue quién libró el pedido de extradición del empresario Diego Benítez requerido por nuestro país por tráfico internacional de droga.

Paraguay no tiene antecedentes de tratados de extradición con los Emiratos Árabes, por lo que de darse la extradición del compatriota podría significar un buen precedente respecto a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El fiscal Rodrigo Estigarribia explicó algunos detalles de la acusación contra el exgobernador de Central, Hugo Javier González, mencionó que por el concurso de hechos punibles acusados el procesado se expone a 15 años de pena privativa de libertad.

Explicó que el Ministerio Público acusó a Hugo Javier, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, por formar parte de un esquema para defraudar al Estado por poco mas de 5.000 millones de guaraníes.

En total fueron acusadas ocho personas en esta causa abierta por desvío de fondos de la Gobernación para la reactivación económica tras la pandemia del covid-19.

El agente fiscal señaló que, una vez iniciada las pesquisas, se adecuó las obras y que incluso las facturas clonadas y o adulteradas fueron reemplazadas para justificar los millonarios desembolsos de la Gobernación a la ONG, fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP.

“Los elementos para acusar son serios, es un trabajo minucioso el que realizó el equipo de trabajo, tenemos documentado que se hizo un desembolso de 5.100 millones guaraníes y que no fue destinada a obra alguna, sino que meses después se trató de adecuar para justificar, tenemos todos los detalles del desembolso, quien recibió, cuándo recibió. Básicamente con todos los tipos penales tenemos una expectativa de pena de hasta 15 años de cárcel, lo que si podría decir que el reproche es bastante elevado también en el contexto a que ese fondo debía servir para la reactivación económica en un momento difícil que estaba pasando el país¨ señaló el fiscal Rodrigo Estigarribia a Judiciales TV.

Por último, el agente fiscal lamentó que Hugo Javier siga en arresto domiciliario, donde cumplirá la pena mínima y que con ello una vez que se obtenga una eventual condena no podrá cumplir dicha pena, hasta tanto quede firme como ya pasó con otros condenados. Dijo no estar de acuerdo con que se aplique la medida de prisión preventiva si no existe el peligro de fuga.

El abogado Alfredo Delgado pidió que el juicio oral y público a su defendido se haga a la tarde.

El Ministerio Público presentó acusación contra Hugo Javier González y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.

Se acusa al exgobernador de central por haber desviado fondos que debían ser destinados a la reactivación económica, tras la pandemia del covid19. El acusado realizó millonarias transferencias a una ONG que se dedicaba a la capacitación profesional y no realizar obras viales.

“Según investigaciones, las obras ya habían sido iniciadas y algunas terminadas, con antelación al desembolso de los fondos de la emergencia sanitaria. Así también que incluso doce de las obras presentaban deficiencias. En base a todo lo referido, previamente surge que los acusados a través de un esquema montado en la gobernación de Central, del cual formaban parte provocaron un perjuicio patrimonial de 5.000 millones de guaraníes” relata la acusación del Ministerio Público, presentada por el agente fiscal Rodrigo Estigarribia y otros colegas.

Además de Hugo Javier, fueron acusadas otras ocho personas que según el Ministerio Público formaron un esquema para defraudar al Estado a través de esta asociación ilícita.

Se describe en la acusación que Hugo Javier y la entonces secretaria de la gobernación Lourde Verónica Lezcano, firmaron dos órdenes de pago a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, cuyo presidente es Tadeo Alvarez, para la realización de obras civiles y viales.

Las resoluciones de transferencia se firmaron sin tener a la vista los proyectos a la vista. La primera orden de pago fue por más de tres mil sesenta y tres millones de guaraníes y la segunda orden de pago fue por uno dos mil cuarenta y tres millones de guaraníes, que, según la acusación fiscal para justificar la transferencia de fondos, se presentó facturas clonadas para justificar las obras que ya existían.

El ministerio Público acusó los tipos penales de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal respecto a Hugo Javier González. Se solicitó al juzgado de Garantías penales la elevación de la causa a juicio oral y público.

La jueza María Elena Cañete, recibió la acusación del Ministerio Público y deberá fijar fecha de audiencia preliminar donde se debatirá si la causa será enviada a la siguiente etapa de juicio oral y público.

El juez Rolando Duarte convocó para el 22 de noviembre próximo al usurero Ramón González Daher, acusado por extorsión en la causa de robo de cheques.

Tras haberse rectificado el pedido de sobreseimiento provisional a Ramón González Daher, el juez Humberto Otazú fijo fecha de audiencia preliminar al recluso, quien deberá afrontar una nueva audiencia preliminar, donde se decidirá si ira nuevamente a juicio oral por otro hecho punible.

En la causa abierta al usurero Ramón González Daher por el robo de cheques que formaban parte de las evidencias en su contra, el fiscal adjunto Roberto Zacarías en su momento, rectificó el pedido de sobreseimiento provisional solicitado por los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel, quienes pidieron la desvinculación provisoria de González Daher, porque supuestamente no contaban con elementos de prueba suficientes para un eventual juicio oral, sin embargo el superior considera que si existen elementos probatorios de la extorsión realizada por González Daher.

Solo el hecho punible de quebrantamiento de depósito es el tipo penal en el que no existe prueba suficiente y se reafirma el pedido de sobreseimiento provisional por existir aún elementos que recabar, dice el adjunto.

En su momento, Ramón González Daher fue imputado como autor del robo de evidencias que formaban parte del proceso principal donde fue condenado a 15 años de cárcel, cheques que supuestamente fueron usados para extorsionar al querellante en la causa. Sin embargo, el Ministerio Público no puede probar las sospechas iniciales ya que según refirió en su dictamen que pese a las diligencias realizadas no podrían ser consideradas de contundencia como para defenderlo en juicio oral, situación que hoy fue rectificada por el superior.

En su dictamen, los fiscales Luis Piñánez y Néstor Coronel refieren que, “Ramón González Daher fue vinculado al proceso por una sospecha razonable, pero a través de la investigación aún no se erigen en certera o concluyentes, y que en definitiva resultan insuficientes para llevarlo a juicio oral y público, debido a que esta representación fiscal no cuenta aún con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado y la autoría del mismo.  

Con este último dictamen del Ministerio Público, González Daher afrontará juicio oral y público por extorsión, por el robo de 471 cheques que se encontraban en el juzgado de Humberto Otazú, como evidencia. Los mismos fueron utilizados por el imputado para seguir extorsionando a sus víctimas, según la acusación.