El Ministerio Público presentó acusación contra Hugo Javier González y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.
Se acusa al exgobernador de central por haber desviado fondos que debían ser destinados a la reactivación económica, tras la pandemia del covid19. El acusado realizó millonarias transferencias a una ONG que se dedicaba a la capacitación profesional y no realizar obras viales.
“Según investigaciones, las obras ya habían sido iniciadas y algunas terminadas, con antelación al desembolso de los fondos de la emergencia sanitaria. Así también que incluso doce de las obras presentaban deficiencias. En base a todo lo referido, previamente surge que los acusados a través de un esquema montado en la gobernación de Central, del cual formaban parte provocaron un perjuicio patrimonial de 5.000 millones de guaraníes” relata la acusación del Ministerio Público, presentada por el agente fiscal Rodrigo Estigarribia y otros colegas.
Además de Hugo Javier, fueron acusadas otras ocho personas que según el Ministerio Público formaron un esquema para defraudar al Estado a través de esta asociación ilícita.
Se describe en la acusación que Hugo Javier y la entonces secretaria de la gobernación Lourde Verónica Lezcano, firmaron dos órdenes de pago a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, cuyo presidente es Tadeo Alvarez, para la realización de obras civiles y viales.
Las resoluciones de transferencia se firmaron sin tener a la vista los proyectos a la vista. La primera orden de pago fue por más de tres mil sesenta y tres millones de guaraníes y la segunda orden de pago fue por uno dos mil cuarenta y tres millones de guaraníes, que, según la acusación fiscal para justificar la transferencia de fondos, se presentó facturas clonadas para justificar las obras que ya existían.
El ministerio Público acusó los tipos penales de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal respecto a Hugo Javier González. Se solicitó al juzgado de Garantías penales la elevación de la causa a juicio oral y público.
La jueza María Elena Cañete, recibió la acusación del Ministerio Público y deberá fijar fecha de audiencia preliminar donde se debatirá si la causa será enviada a la siguiente etapa de juicio oral y público.
