El juez especializado Gustavo Amarilla levantó el arresto domiciliario decretado en su momento a favor del legislador Erico Galeano, un privilegio del que gozaba a pedido del Ministerio Público. Galeano, está imputado por prestar logística al crimen organizado.

El magistrado entiende que ya no amerita arresto domiciliario del senador Erico Galeano y revocó su decisión anterior y le concedió la libertad ambulatoria al procesado.

La imputación contra el legislador del Partido Colorado se basa en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico y en su asociación con una organización criminal para el tráfico de drogas.

Se le atribuyen presuntos vínculos con los involucrados en el caso «A Ultranza»: Miguel Ángel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, quien está prófugo.

Supuestamente, Erico Galeano les habría brindado apoyo logístico al permitirles utilizar su avioneta para los líderes de esta estructura criminal.

Galeano, desde este martes afrontará en libertad su proceso penal por presuntamente ser cómplice de los líderes de una organización criminal desbaratada en el operativo A Ultranza.

La jueza especializada Rosarito Montanía, decretó la prisión preventiva de los diez imputados por tráfico de drogas y armatráfico detenidos durante la operación IGNIS que desbarató la organización criminal del narco Felipe Santiago Acosta alias “Macho”.

La magistrada decretó la prisión de los integrantes de la mayor organización criminal que operaba desde Canindeyú en el tráfico de droga y armas. La jueza separó a todos los implicados y envió a seis penales distintos a los indiciados y así evitar que los mismos se reagrupen en la cárcel.

En la cárcel de Emboscada Antigua cumplirá su prisión preventiva Ricardo Luiz Picolotto, quién tendría un alto rango dentro de la estructura criminal de Macho, sería el encargado de buscar mercados y rutas para el envío de sustancias estupefacientes y la adquisición de armamentos que presuntamente podrían ser utilizados para la seguridad propia de la organización y la comercialización fuera del territorio nacional. Además, participaría de manera directa y activa con los demás componentes del grupo criminal, ya que frecuentaría los inmuebles vinculados a la estructura delictiva y acompañaría a las caravanas de seguridad cuando se movilizan por la zona.

Del allanamiento realizado en su domicilio, fueron incautados una gran cantidad de armas de fuego de grueso calibre, cartuchos sin percutir, chalecos antibalas, cascos balísticos, radio trasmisor para vehículo, radio tipo walkie, porta cargador, además de sustancias herbáceas, que al análisis primario arrojó como resultado positivo a supuesta marihuana. Cabe señalar que si bien la cantidad no era considerable, los mismos estaban distribuidos en varios paquetitos y fueron hallados bajo su dominio, además integraría el PCC.

Se decretó también la prisión de Eusebio Acosta Rivero y Alfredo Guzmán Portillo, pasarán a guardar prisión reventaba en el penal de Misiones.

Igualmente, se dispone la prisión preventiva de Gabriel Fernando Dos Santos y Heriberto Roa Coronel, quienes guardarán reclusión en la penitenciaría de San Pedro. También Carlos Daniel Castro y Sergio Denis Medina, quienes permanecerán presos en el penal de Villarrica.

Mientras que, Hugo Ramón Benítez alias gordo y Hugo César González alias Totón quedarán presos en el penal de Encarnación y Cristhian Santiago Martínez quedará recluido en el penal de Concepción una vez que sea dado de alta.

La jueza sustenta la aplicación de la prisión preventiva en la existencia del peligro de fuga, la cantidad de hechos punibles atribuidos a los procesados y que la investigación está recién en la etapa inicial.

El tribunal de sentenciade Saltos del Guairá presidido por la jueza Cynthia Espínola, condenó a 40 años de encierro a Gustavo Genaro Gayoso, 30 años de cárcel por homicidio doloso más 10 años de medida de seguridad por considerarlo peligroso para la sociedad.

Por unanimidad el tribunal de sentencia emitió su fallo este viernes y sentenció a la pena máxima establecida en nuestra legislación la de 30 años de prisión por un crimen, más los 10 años de medida de seguridad.

El crimen del empresario Cristóbal Rojas Vallejos, ocurrido el 15 de setiembre del 2020 en Saltos del Guairá. Hoy fue condenado solo uno de los procesados ya que los demás aún se encuentran prófugos de la justicia.

El tribunal de sentencia que emitió el unánime está integrado por los magistrados, Cynthia Espínola, Benito González y Sofía Giménez, quienes aplicaron la condena máxima al procesado.

El agente fiscal que representó al Ministerio Público en este juicio fue el doctor Rolando Ortega y pudo probar todos los extremos alegados en la acusación inicialmente.

Mientras que la querella adhesiva estaba representada por el doctor Enrique Bachhetta, Aldo Bacchetta y Silvia Cabrera. Tras concluir el juicio oral, director del Estudio Jurídico Enrique Bachhetta, destacó el trabajo de su equipo de trabajo para lograr como querella adhesiva del Ministerio Público, la condena ejemplar aplicada por el tribunal de sentencia.

Una mujer condenada por narcotráfico fue beneficiada con salidas transitorias del penal de mujeres a espaldas del juzgado a cargo de la magistrada Silvana Luraghi.

Se trata de la reclusa Jilene Dos Santos esposa de un narcotraficante ya fallecido. La condenada compurgará su condena en el 2026, se le había impuesto una pena de diez años de encierro por tráfico de drogas.

El juzgado a cargo de la magistrada Luraghi, le negó en dos oportunidades las salidas transitorias solicitadas por la condenada, pero, la directora del penal de mujeres Buen Pastor, le concedió el permiso para abandonar su lugar de reclusión.

Otras dos condenadas también recibieron el beneficio de abandonar la cárcel con la autorización de la directora, pero las mismas están bajo la competencia de otros juzgados. Para conceder el permiso a Jilene, fue para supuestamente someterse a tratamientos odontológicos.

La magistrada enviará todos los antecedentes del caso al Ministerio de Justicia para que se tomen las medidas respectivas.

Un tribunal de sentencia condenó a 27 años de cárcel a un padre por abuso sexual en niños, por haber sometido sexualmente a su pequeña hija desde los 10 años y en reiteradas ocasiones.

Según se expuso en el juicio oral, el hombre empleaba todo tipo de “tácticas” para someter a la niña, entre ellas, regalos, dinero y amenazas de muerte, con lo lograba sus terribles propósitos.

La agente fiscal Laura Ávalos, de Filadelfia, obtuvo la condena de 27 años de pena privativa de libertad para el padre de la niña, por la comisión del hecho punible de abuso sexual en niños. El hombre fue hallado culpable de someter sexualmente a su hija biológica.

Durante el presente juicio, la representante del Ministerio Público logró demostrar los extremos de la acusación y por ende, el agresor fue sentenciado a la pena privativa de libertad de 27 años, a través de elementos expuestos ante el órgano juzgador; los cuales confirman las vulneraciones sufridas por la víctima desde los 10 años.

Conforme a los antecedentes de la causa, el 15 de diciembre del 2021, la madre descubrió a su pareja en actitud sospechosa en compañía de la niña, en una habitación. Aunque al principio la víctima negó el hecho, posteriormente relató que fue abusada por su padre en reiteradas oportunidades.

La Defensa Pública logró la absolución de Ernesto un peluquero que fue imputado por privación de libertad, la denuncia fue formulada por su sobrina coaccionada por su pareja lo que se demostró una vez que él ya fue preso por meses.

El Ministerio Público lo imputó y lo tuvo privado de su libertad por seis meses y cinco, ya en el juicio oral, el trabajador fue representado por la defensora pública Anahí Benítez, quien logró su absolución.

Una noche, Ernesto recibió la visita de Marcela su sobrina, que vivía en el interior del país. Marcela, le contó que vino a Asunción a vivir con su novio y que hacía días vivía con él, pero ya no quería seguir en la casa porque no se sentía a gusto y si podía quedarse con él.

Sin pensar dos veces, Ernesto le dio asilo en su casa, la vistió, le dio comida y techo, pero lo que no sabía era que pronto se vería envuelto en un problema judicial. Una noche que el novio de Marcela fue a buscarla, se generó una discusión, puesto que él quería llevársela de vuelta.

Como Ernesto no quiso que su sobrina se marchara, el novio de ella lo denunció alegando que el hombre la tenía privada de su libertad. Esa noche la policía fue hasta el lugar y en conversación con Marcela, la misma formuló una denuncia sobre coacción y privación de libertad.

Ernesto fue representado por la defensora, Anahí Benítez do Rego ya en la etapa de juicio oral, la misma solicitó la absolución haciendo notar contradicciones entre los medios probatorios, atendiendo a que Marcela confesó haber formulado la denuncia falsa bajo amenazas de su novio y su suegra.

Aunque la fiscalía solicitó la pena privativa de libertad para Ernesto en sus alegatos finales, el tribunal de sentencia decidió absolver de culpa y pena al hombre por duda razonable.