La defensa del ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación formulada por el Ministerio Público en la investigación por un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, al sostener que la Fiscalía centra las sospechas sobre su cliente sin individualizar la responsabilidad de los demás integrantes del Consejo de Administración, órgano que según afirmó, adoptaba las decisiones institucionales.