El juez Osmar Legal, confirmó que los datos extraídos con autorización judicial del teléfono del diputado Lalo Gómes daría cuenta de la existencia de varios hechos punibles que involucran al político Orlando Arévalo y otros actores de la justicia.
El hallazgo demuestra un descontrol sobre expedientes que debían estar en los distintos juzgados de Paz de la Capital. Luego de las primeras diligencias...
El abogado Ricardo Merlo quien representa a los vecinos de Tablada Nueva había cuestionado la inacción por parte de la agente fiscal Lorena Ledesma en la denuncia contra frigoríficos y curtiembres de Tablada Nueva que son agentes contaminantes de la zona y afectan gravemente la calidad de vida de los vecinos, sin embargo, nunca fueron imputados por la fiscal saliente.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, denunció que inescrupulosos han creado una cuenta en la red social con su fotografía y nombre, aclaró que dicho perfil no le pertenece.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia también levantó la suspensión que pesaba sobre la jueza de Paz de San Roque Liliana González de Bristot, al fenecer el tiempo establecido inicialmente de 30 días.
La agente fiscal Belinda Bobadilla integrante del equipo fiscal designado para indagar el caso de la mafia de pagarés, confirmó que realizaron las primeras diligencias en el marco de la investigación y que la misma se centra en tres juzgados de Paz de Capital.
La Contraloría General de la República recibió los primeros informes respecto a los nueve jueces de Paz de Capital indagados por su presunta participación en un esquema criminal de estafa. Igualmente, se analiza el dictamen de correspondencia respecto a 40 funcionarios de manera prioritaria.
El abogado ambientalista Ricardo Merlo representante legal de los vecinos de Tablada Nueva, señaló al Péndulo que los frigoríficos ya se encuentran en falta y deben ser objeto de sumario al haber transcurrido los 30 días sin que los mismos hayan presentado su plan de traslado de la zona.
La fiscal adjunta Soledad Machuca integró un equipo de fiscales para indagar la conducta de jueces, abogados y funcionarios relacionados al escándalo de los pagarés.
Suman las denuncias contra la unidad de medio ambientes del Ministerio Público, a la inacción en la causa de contaminación en Tablada, las irrisorias condenas por polución sonora, ahora se suma la grave denuncia realizada por el productor y presidente de la Unión del Gremio de la Producción UGP, Héctor Cristaldo quien ha mencionado que los fiscales se pasan extorsionando a los productores.
