El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Lourdes Garcete, entregó a las partes la sentencia íntegra por la cual se condena a 24 años de prisión al policía Gustavo Florentín por el asesinato de Rodrigo Quintana.
El expediente continúa en fueros inferiores mientras se busca al último integrante necesario para completar los nueve miembros y, así, someter a estudio la expulsión de Kattya González del Senado.
La defensora pública, abogada Carla Mazzo, quien representa a la enfermera jubilada Luciana Bernadet Torres, ha solicitado una medida cautelar para retener los fondos depositados en la cuenta judicial correspondiente al juicio iniciado contra su clienta por una deuda ya cancelada.
Ante la negativa de tribunales inferiores de entregar un informe a la familia Pecci Albertini vía auxilio judicial, se presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con la misma finalidad.
Este miércoles, en sesión plenaria, se propusieron dos acordadas para frenar el avance de la red de estafa serial conocida como la mafia de pagarés. Por un lado, se plantea una acordada que regule el sellado de los pagarés, y por otro, la creación de un portal de denuncias para auditar los casos reportados por los afectados.
El equipo fiscal integrado por Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardo Guerrero pidió al Juzgado de Villa Hayes que se rechace el incidente de nulidad absoluta presentado por la defensa de la abogada Zully Ortiz, imputada por estafa.
Los usuarios cuyos juicios se encuentran en los Juzgados de Paz de La Recoleta y Villa Morra, que ya cuentan con expediente electrónico, pueden acudir al Palacio de Justicia de Asunción o escribir al correo institucional asistencia@pj.gov.py.
Óscar Tuma, en representación de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández.
Según la nueva imputación que pesa sobre el juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, por prevaricato y otros hechos punibles, tanto él como sus funcionarios serían cómplices directos de las casas de crédito que estafaron a funcionarios del SNPP con pagarés fraguados.
