Este lunes debía realizarse la audiencia preliminar para Wilfrido Cáceres, ex hombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos. El acusado recurrió la ratificación en la causa del juez Rodrigo Estigarribia, insiste en apartar al magistrado de su caso.
El agente fiscal Silvio Corbeta, presentó este lunes sus alegatos iniciales en el marco del juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional SEN Joaquín Roa Burgos. Son 11 contratos irregulares que menciona el Ministerio Público.
Un reciente informe de la Dirección de Medio Ambiente del Poder Judicial revela la falta de interés de los operadores de justicia por la reparación efectiva del daño ambiental.
La abogada penalista Noelia Núñez advirtió sobre la necesidad de una estricta y robusta regulación a las criptogranjas, no solo por sus efectos ambientales, sino porque pueden convertirse en una vía para lavar activos del crimen organizado.
El Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Cándida Fleitas, postergó “sine die” el inicio del juicio oral y público al abogado y excandidato presidencial Paraguayo Cubas, a pedido de su defensa.
Bajo la figura del amicus curiae (“amigo de la Corte”), tres organizaciones no gubernamentales buscan presentar sus aportes en defensa de la libertad de expresión y prensa ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional.
Una serie de nueve allanamientos simultáneos en los departamentos de Cordillera, Paraguarí y Central culminó este jueves con la detención de tres hermanos de Armando Javier Rotela, líder del temido Clan Rotela.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició una investigación formal al fiscal Rodrigo Vázquez y a los integrantes del tribunal de sentencia Julio César Alfonso, Víctor Ortigoza Aguirre y Juan Ruiz Díaz, que absolvieron a un docente acusado de abuso sexual a una niña de 11 años.
El informe del Ministerio Público revela que, entre 2020 y mayo de 2025, ingresaron a las oficinas de denuncias de la fiscalía un total de 13 198 denuncias por tráfico ilícito de estupefacientes, drogas peligrosas y otros delitos conexos a esta ilicitud.
La grave situación fue expuesta en la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Según explicó uno de los ministros, esas sentencias firmes de la Sala Penal no se ejecutan porque, supuestamente, se encuentran recurridas ante la Sala Constitucional, lo cual resulta irregular e inaceptable.
