La Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay AALP, emitió un pronunciamiento para denunciar la irregular intervención de la Procuraduría General de la República en juicios laborales contra COPACO, sostienen que esta intervención del procurador es ilegal e inconstitucional.
El juez Humberto Otazú volvió a establecer una fecha para el inicio de la audiencia preliminar, esta vez, citó para el 7 y 8 de octubre al acusado exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Jiménez Gaona, acusado por lesión de confianza por al fallido Metrobús.
La jueza de garantías de Capital Alicia Pedrozo, rechazó el pedido de permiso solicitado por el imputado empresario para ir a trabajar. La magistrada ratificó las condiciones de su arresto domiciliario.
El ministro Víctor Ríos señaló a Judiciales Net que bloqueará a todas las personas que utilicen su perfil en Redes Sociales para ofenderlo, al referirse al bloqueo de la cuenta a la abogada y activista social Esther Roa.
La fiscal Cinthia Leiva presentó dos imputaciones paralelas contra un docente por presunto acoso sexual a varias de sus alumnas de tercer año. El procesado quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
Tras el XX Encuentro de Magistradas de Iberoamérica desarrollado en nuestro país, las juezas emitieron su declaración en la que instan a los Estados introducir el control de convencionalidad como mecanismo de cumplimiento de derechos de niñas y mujeres.
Ricardo Merlo señaló que es importante aplicar correctamente la ley penal ambiental que es una ley especial y establece claramente que la multa puede ir hasta 570 jornales por día, la cifra a pagar sería multimillonaria, lo que podría disminuir o impedir que esta práctica tan dañina a la salud y el medio ambiente siga ocurriendo.
La jueza Sandra Kirchhofer impuso reglas de conducta por dos años más a Diego José Cubas Jordán, quien cumple la totalidad de su condena este domingo. Fue condenado a dos años y seis meses de cárcel en la causa A Ultranza.
Rosa Pérez de García jueza del Superior Tribunal Electoral de República Dominicana e integrante de la división de igualdad y género, pidió a sus colegas magistradas de Iberoamérica aplicar el control de convencionalidad como una herramienta esencial para alinear las leyes nacionales y normativas internas como mecanismo de protección de derechos de la mujer.
El abogado Ricardo Merlo cuestionó que el Ministerio Público no actúe con agilidad y la debida diligencia en la denuncia que formularon hace meses en representación de pobladores afectados por la contaminación que generan frigoríficos y curtiembres de Tablada.
