Pedro Ovelar asumió la defensa del vicepresidente de la República Pedro Alliana, de su hija Monserrath Alliana y de Raul Latorre presidente de la Cámara de Diputados.
La jueza Clara Ruiz Díaz decretó el arresto domiciliario de uno de los imputados por pedir coima a cambio de contratos o recategorización en IPS, se trata del procesado Jorge Aquino quien fue beneficiado con el arresto domiciliario bajo fianza.
Un total de 28 adolescentes en infracción con la ley penal ingresaron el año pasado al programa de Justicia Restaurativa en busca de su reinserción a la sociedad, dos de ellos lograron egresar del programa y se reinsertaron.
Una comitiva paraguaya integrada por importantes exponentes de la administración de justicia se encuentra en el Reino Unido desde el pasado 22 de enero participando en el intercambio de aprendizaje relacionado a los cuidados alternativos de la niñez y adolescencia.
Los juzgados de Paz a nivel país recibieron el año pasado unos 130.385 nuevos expedientes de los cuales se emitieron 119.349 sentencias de definitivas.
Una joven de 22 años fue imputada por violación del deber de cuidado por presuntamente obligar a sus hijos de tres y seis años a pedir dinero en la calle.
En sesión extraordinaria, este miércoles, fue designado en carácter de secretario interino de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Julio Pavón en reemplazo de Pierina Ozuna, designada camarista y quien asumirá el cargo en febrero próximo.
La jueza Cynthia Lovera, otorgó medidas alternativas a la prisión al exdirector del penal de Tacumbú, Julio Balbuena, procesado por la liberación de Luis Héctor Morínigo Cantero condenado a 30 años de cárcel por violación.
La defensora general Lorena Segovia, se refirió al reciente caso de un hombre que fue a prisión por hurtar un paquete de carne, dijo que la aplicación de la prisión preventiva decretada en este caso es irracional y acarrea efectos nocivos que afectan no solo a los derechos humanos del procesado sino a la seguridad, ya que es una forma de alimentar al crimen organizado.
La abogada y activista social Esther Roa durante una entrevista a ABC TV, dijo que el Ministerio Público debió allanar las oficinas del Recursos Humanos de ambas cámaras del Congreso para incautar el legajo de los funcionarios indiciados.
