Las agentes fiscales Nathalia Silva, Sara Torres y Luz Guerrero, presentaron un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la cámara de apelaciones que confirmó el 17 diciembre pasado, la absolución de la pediatra Laura Sena.
Según los números de la Dirección de datos abiertos del Ministerio Público, recibieron un total de 283.624 denuncias durante todo el 2024. Entre los hechos punibles más denunciados está la de violencia familiar y el incumplimiento del deber legal alimentario.
Según el informe de gestión de la Penal de la Corte Suprema de Justicia de un total de 1.547 casos recibidos durante el año pasado, se emitieron 628 Acuerdos y Sentencias.
El juez Amado Yururan Díaz, volvió a recusar al juez de garantías que lleva su caso e igualmente al pleno del tribunal de apelación que debe estudiar esta recusación ya que según dijo en tiempo récord han resuelto sus incidencias sin respetar los plazos procesales.
Bernardo Villalba uno de los defensores del acusado exgobernador del departamento Central, sostuvo en sus alegatos finales que el Ministerio Público no probó el hecho punible y el nexo causal respecto al acusado para quien se pidió ocho años de cárcel por lesión de confianza y otros.
Desde este lunes 30 se inicia el uso progresivo de las tobilleras electrónicas como dispositivos de control en casos de personas con arresto domiciliario y medidas de restricción en los casos de violencia familiar.
La jueza Rosarito Montanía instó al Ministerio Público indagar quienes son los funcionarios corruptos que entregaron documentación relacionada a la investigación al presunto narco Diego Rojas García cuya prisión fue decretada este domingo por la jueza especializada.
La estadística del Registros de Deudores Alimentarios Morosos registra un total de 10.731 padres en mora en el cumplimiento del deber legal alimentario con sus hijos.
El juez especializado Matías Garcete fue abordado por nuestro medio sobre la Inteligencia Artificial y su uso en la tramitación de casos. Para Garcete es improbable que el magistrado deje a cargo de la tecnología aspectos inherentes como la sana crítica y el sentido de logicidad.
La fiscal Thais García imputó al propietario de un taller mecánico, identificado como Eulalio Pereira Escobar, por presunta apropiación de un automóvil BMW que le fue entregado por un cliente para su reparación.
