La Asociación de Jueces del Paraguay (AJP) celebra sus quince años de fundación. Dicha nucleación aglutina exclusivamente a jueces y juezas de toda la República y es uno de gremios caracterizado por la permanente formación y actualización de sus asociados.
La jueza Cynthia Garcete, rechazó el pedido de permiso que realizó el recluso, Rafael Esquivel, alias Mbururu, para que participe del acto de proclamación como senador.
El abogado constitucionalista Robert Marcial González expresó en una entrevista con ABC TV su preocupación respecto al uso indebido de la inmunidad parlamentaria como un escudo para la impunidad. Sus declaraciones surgieron en relación con el caso del diputado Erico Galeano, quien ha sido imputado por el Ministerio Público de brindar apoyo logístico a una organización criminal.
El juez Julián López ratificó la prisión preventiva de Paraguayo Cubas en la Agrupación Especializada. El magistrado considera que no han desaparecido el peligro de fuga y la obstrucción por ende se confirma su prisión preventiva.
La magistrada Lici Sánchez, del fuero especializado contra el crimen organizado, dijo a nuestro medio, que es necesario contar con cárceles para las personas que sean peligrosas por el tipo de hecho punibles que afrontan, como el lavado de dinero.
Los fiscales Francisco Cabrera y Jorge Arce, indagan al designado significativamente corrupto por los Estados Unidos, Jorge Bogarín por tráfico de influencia y otros tipos penales.
La Defensa Pública de Caaguazú representó a una mujer de 71 años para que la misma, que ya no está en condiciones de valerse por sí misma, reciba asistencia alimentaria de sus cuatro hijos.
El crimen organizado ha revelado la deficiencia del Estado paraguayo al no disponer de un centro penitenciario capaz de mantener en prisión a personas consideradas peligrosas o de alto perfil.
El procesado en la causa A Ultranza Py, se encontraba provisoriamente recluido en la base de la Senad. Pero hoy fue trasladado al penal militar de Viñas Cue donde cumplirá su prisión preventiva por orden de la jueza Rosarito Montanía.
La Coalición por la Legalidad, solicitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vetar la ley que según los entendidos tendría la única finalidad de beneficiar a los procesados por hechos de corrupción.
