La Cámara de Senadores aprobó, con modificaciones, el proyecto de ley que establece la figura del depositario judicial de los títulos de crédito o pagarés en los procesos ejecutivos tramitados en los juzgados de Paz.
La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del juez de Paz de la Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez, quien cuenta con dos procesos penales abiertos en la causa conocida como la «mafia de pagarés».
El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso abierto contra el exintendente de Lambaré, Armando Gómez, acusado por el Ministerio Público de presuntamente desviar G 7 315 millones de guaraníes de fondos jubilatorios.
La máxima instancia forma parte de un comité que busca impulsar la libertad de las personas que se encuentren recluidas por ilícitos sin relevancia, para que las mismas no terminen siendo captadas por grupos criminales.
Para la jueza Vivian López, secretaria general de la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), una deuda pendiente con los magistrados es tener una Ley de Carrera Judicial, una lucha largamente acariciada por el sector y que incluso han presentado una propuesta para avanzar en este aspecto.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, hizo la presentación oficial de la incorporación de canes adiestrados que ayudarán a evitar el ingreso de drogas en la cárcel de Minga Guazú.
El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Romina Onieva (presidente) y los magistrados Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, dictó la ejemplar condena al padrastro tras valorar las pruebas expuestas durante el juicio oral.
Según estadísticas difundidas por la Corte Suprema de Justicia, existen 1.669 personas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), de las cuales 22 son mujeres y 1.647 varones.
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal ordenó inmovilizar tres inmuebles rurales que se encuentran a nombre del fallecido diputado. Recientemente, la causa penal fue archivada respecto al legislador, pero el proceso para el comiso de sus bienes prosigue.
Este viernes se inició formalmente el juicio oral y público al exministro de la SEN, Joaquín Roa, y a su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.
