La Corte Suprema de Justicia puso nuevamente el foco sobre la formación académica de sus funcionarios y solicitó un informe para determinar cuántos empleados del Poder Judicial cuentan con títulos universitarios expedidos por la Universidad Sudamericana, institución cuya oferta y expedición de títulos han sido objeto de cuestionamientos públicos, considerando que Hernán Rivas obtuvo en la misma institución su título falso.
La intervención de la defensora pública de Villa Hayes, abogada Jariesa Bareiro, permitió que una mujer de 34 años obtuviera su cédula de identidad y que sus dos hijos, de 14 y 6 años, fueran inscriptos en el Registro Civil. Detrás del trámite se encontraba una familia en situación de extrema pobreza, para la cual acceder a un documento significaba mucho más que obtener una identificación: era abrir la puerta a otros derechos básicos.
Los fiscales Leonardi Guerrero y Julio Ortiz, imputaron a cuatro directivos de la Asociación Paraguaya de Autores (APA) por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza. La investigación fiscal apunta a un supuesto perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.990 millones, vinculado al manejo de recursos institucionales destinados al financiamiento del Programa JOPOI 2025.
El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia remitir los antecedentes de seis personas que declararon durante el juicio. La Fiscalía sostiene que sus testimonios podrían haber incurrido en contradicciones o falsedades con relevancia penal.
Los fiscales Patricia Sánchez y Christian Benítez, presentaron sus alegatos finales en el juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas. El Ministerio Público sostiene que consignó en varias oportunidades una condición de abogado que no podía acreditar y afirma que utilizó documentación académica cuyo contenido era falso. La defensa presentará sus alegatos el próximo 24 de septiembre.
Un grupo de diez personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional de Concepción comenzó a participar de tareas comunitarias voluntarias que podrán ser consideradas para la redención de sus penas, en el marco del programa denominado “Servicio que Reconstruye”.
La jueza de la Niñez Mónica Duarte explicó los fundamentos de una reciente resolución en la que dispuso que un padre asuma el 50% del alquiler de la vivienda donde reside su hijo, además de la prestación alimentaria. La magistrada aclaró que este tipo de medidas no puede aplicarse de manera generalizada y que debe responder a las necesidades del niño y a la capacidad económica del obligado.
Una resolución dictada por el Juzgado de la Niñez de Santa Rosa del Aguaray establece prestaciones adicionales a la cuota alimentaria ordinaria para garantizar al niño una vivienda digna, vestimenta, movilidad segura y atención médica especializada. La decisión tomó en consideración la marcada diferencia económica entre los progenitores y la dedicación exclusiva de la madre al cuidado del hijo.
