El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, reconoció que un error atribuible a funcionarios del Poder Judicial derivó en la omisión de un número significativo de profesionales en el prepadrón de abogados, elaborado con miras a las elecciones de representantes ante el Consejo de la Magistratura.
El ministro César Garay lanzó un fuerte pronunciamiento contra abogados involucrados en el esquema conocido como “mafia de pagarés”, al solicitar la suspensión preventiva de sus matrículas mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.
El camarista especializado Paublino Escobar lanzó duras críticas al funcionamiento del sistema penal, al advertir que la conducta de sus propios operadores es uno de los principales factores que explican la elevada cantidad de personas en prisión preventiva sin condena.
Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero recurrieron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con un recurso de casación en el que insisten en que la causa que involucra al senador Hernán Rivas por el presunto uso de un título falso no ha prescrito, como concluyeron instancias anteriores.
El camarista especializado Paublino Escobar lanzó una dura advertencia sobre el funcionamiento del sistema penal, al señalar que existe una “relajación” generalizada entre los operadores de justicia, lo que según afirmó, contribuye a que los procesos no concluyan en un plazo razonable y que numerosas personas permanezcan en prisión preventiva durante años.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un paso importante hacia la modernización del sistema judicial al aprobar la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos jurisdiccionales y administrativos, estableciendo un marco normativo que prioriza la ética, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
El presidente y el vicepresidente primero de la Corte Suprema realizaron un recorrido por las instalaciones del edificio Testanova, donde se proyecta concentrar varias...
En un fallo que marca un precedente poco frecuente en materia previsional, un Tribunal de Cuentas ordenó recalcular la jubilación de una funcionaria pública bajo el régimen especial para personas con discapacidad, al considerar que el Estado aplicó un criterio excesivamente restrictivo al momento de determinar el haber.
Una presunta estafa de gran magnitud, que supera los G. 300 millones, derivó en la imputación de tres mujeres madre e hijas, sindicadas de haber montado un esquema para engañar a un ciudadano extranjero residente en el país.
