El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución que designa a la fiscal adjunta Alba Rocío Cantero como fiscala general interina desde el 18 de noviembre, el mismo día en que presentó su renuncia ante el presidente de la República, Pedro Alliana. La designación se produce antes de que el Ejecutivo se pronuncie sobre la renuncia y en un supuesto, la renuncia, que el artículo 51 de la Ley 1562 no contempla de forma expresa.
Rolón presentó la renuncia ante el Ejecutivo y no ante el Congreso, donde ese mismo día se presentó el libelo acusatorio para su juicio político. En la Nota F.G.E. N.° 471, justifica la elección en que el Poder Ejecutivo es “el titular de su nombramiento” y en la “falta de claridad del artículo 269 de la Constitución Nacional”.
La nota ingresó a la mesa de entrada del Gabinete Civil de la Presidencia a las 12:22 y no fija fecha de efectividad. Rolón la enmarca “en el juicio político, procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados”, que contaba con el respaldo anunciado de todas las bancadas.
El lunes, consultado en una entrevista radial, Rolón había descartado dejar el cargo: “Hasta este momento no”. Juró como fiscal general el 9 de marzo de 2023, tras integrar el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala, y su mandato vencía en marzo de 2028.
Qué dice la Ley 1562
El artículo 51 de la Ley 1562, orgánica del Ministerio Público, distingue dos supuestos. En ausencias temporales, el fiscal general es reemplazado por el fiscal adjunto que él designe. En caso de inhabilidad o muerte, lo reemplaza el fiscal adjunto en lo penal y, en su defecto, los demás adjuntos por orden de antigüedad, con las mismas atribuciones, hasta la designación del titular.
La resolución de Rolón sigue la lógica del primer supuesto, en el que el titular elige a su reemplazante, aunque ese supuesto está previsto para ausencias temporales. Según la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), Cantero es además la adjunta en el ámbito penal con mayor antigüedad, con lo que la designación coincidiría también con el orden del segundo supuesto.
El Colegio de Abogados del Paraguay, que el lunes había pedido la renuncia de Rolón, advirtió que la sucesión debe ajustarse al artículo 51 “sin fórmulas antojadizas”.
Alba Rocío Cantero Vera fue adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción hasta que la entonces fiscala general Sandra Quiñónez la trasladó al Área VIII, en el Chaco. Durante la gestión de Rolón estuvo a cargo de esa área, con jurisdicción en Presidente Hayes.
Quién acepta la renuncia
El artículo 269 de la Constitución dispone que el fiscal general es designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. La norma no regula la renuncia, vacío que el propio Rolón invoca en su nota. Al dirigirla al Ejecutivo, optó por renunciar ante el órgano que lo designó, el mismo criterio que había adelantado Vallejo tras consultar a dos constitucionalistas.
La diferencia con el antecedente inmediato es de órgano. La renuncia del expresidente Santiago Peña debía aceptarla el Congreso, que la rechazó y continuó con la destitución. En el caso del fiscal general, si Alliana acepta la renuncia, el Congreso no tendría intervención en ese acto. Para Vallejo, en ese escenario el juicio político “quedaría sin sentido”.
El nuevo titular requerirá el procedimiento completo: concurso en el Consejo de la Magistratura, terna, elección del Ejecutivo y acuerdo del Senado.





