La ministra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carolina Llanes, presentó los avances institucionales de Paraguay en la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial durante un encuentro internacional de magistradas realizado en Ecuador. En su exposición, destacó las políticas, herramientas e indicadores impulsados por el Poder Judicial, aunque también puso sobre la mesa las dificultades pendientes para alcanzar una mayor representación de mujeres en los espacios de decisión.
La presentación tuvo lugar en el XXII Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, desarrollado del 12 al 14 de noviembre en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Llanes participó en representación de la Corte Suprema de Justicia y en su carácter de ministra enlace de la Secretaría de Género del Poder Judicial.
La ministra integró el Panel III, denominado “Principios de la Independencia Judicial y el deber convencional desde una Perspectiva de Género”, junto con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rubenia Esperanza Galeano. La moderación estuvo a cargo de Katerine Muñoz, magistrada de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.
Durante su intervención, Llanes abordó la relación entre la independencia judicial y las obligaciones internacionales de los Estados en materia de igualdad y no discriminación. En ese marco, expuso las medidas adoptadas por Paraguay para incorporar el enfoque de género en la administración de justicia, a partir de los compromisos asumidos con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Políticas institucionales e indicadores de género
Entre las iniciativas mencionadas, la ministra destacó el trabajo de la Secretaría de Género del Poder Judicial y la incorporación de esta perspectiva en el Plan Estratégico Institucional y el Plan Judicial de Igualdad.
También hizo referencia a los mecanismos de transversalización del enfoque de género y a los 24 indicadores aprobados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). A estos se suman otros 34 indicadores elaborados en el ámbito de la Mesa PREVIM.
En materia de violencia contra las mujeres, señaló la aprobación de la Acordada N.º 1864, que establece indicadores para la valoración de riesgos en denuncias de violencia doméstica presentadas ante los Juzgados de Paz.
Asimismo, mencionó los mecanismos de reconocimiento de resoluciones judiciales dictadas con perspectiva de género y las tareas desarrolladas por el Observatorio de Género.
La paridad, uno de los desafíos pendientes
Uno de los puntos abordados durante la exposición fue la participación de las mujeres en la estructura judicial paraguaya. Sobre este aspecto, Llanes presentó datos relativos a la representación femenina y reconoció los desafíos que persisten para avanzar hacia una mayor paridad en los espacios de decisión.
La cuestión adquiere relevancia en un sistema judicial donde la incorporación de políticas de igualdad no se limita a la adopción de protocolos o herramientas institucionales, sino que también plantea interrogantes sobre el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de mayor responsabilidad y poder de decisión.
El encuentro reunió a más de 100 juezas y magistradas de los máximos órganos judiciales de Iberoamérica. La delegación paraguaya estuvo integrada, además, por diez juezas provenientes de distintas circunscripciones del país.
Las jornadas concluyeron el 14 de noviembre con la firma de la Declaración de Cuenca sobre Independencia Judicial con Perspectiva de Género, documento que recoge los principales ejes debatidos y los compromisos asumidos por los Estados participantes.





