El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió al comunicado de prensa de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).

Respecto a la desaparición de la hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, el Gobierno sostiene que, en la investigación en torno a la muerte de dos niñas, durante un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) e integrantes de la organización criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), “el Paraguay toma nota del referido comunicado con suma preocupación considerando que la manera en que los hechos son presentados en el mismo no ha tomado en cuenta la información sustantiva proveída oportunamente por el Estado a solicitud de diversos mecanismos de protección de los derechos humanos del ámbito de las Naciones Unidas, comprometiendo seriamente la objetividad y el equilibrio en los términos del pronunciamiento publicado”.

Asimismo, el comunicado de la Cancillería afirma que se ha suministrado información sobre los esfuerzos que viene empeñando en la búsqueda y localización de la referida niña, en respuesta a una petición de acción urgente transmitida por el Comité contra la Desaparición Forzada, registrada como AU Núm. 1006/2021.

“El Estado paraguayo enfatiza su repudio y condena a la práctica deleznable del grupo criminal EPP, que consiste en utilizar y explotar a niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos, propiciando graves vulneraciones a sus derechos, debido a su exposición a situaciones de peligro y violencia, en los campamentos” indica el texto.

Finalmente, el Gobierno de Paraguay reafirma su firme vocación de apego a las normas de protección de los derechos humanos, “las cuales no ha dejado de respetar, y en el marco de las investigaciones ya iniciadas, ratifica su compromiso de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos e imponer las debidas sanciones sobre los responsables, reiterando su determinación de continuar en la lucha contra el crimen organizado y de aplicar la legislación correspondiente”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet está profundamente preocupada por las recientes informaciones sobre la desaparición de la niña de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, y la ausencia de progresos en la investigación del asesinato de dos niñas de 11 años, Lilian Villalba y María Carmen Villalba, en nuestro país.

Mediante un comunicado publicado en la web de la Oficina de la Alta Comisionada, el organismo internacional expresó preocupación por la situación de las niñas.

“De acuerdo con la información disponible, Carmen Elizabeth, ciudadana paraguaya, fue testigo de una operación llevada a cabo hace cinco meses, el 2 de septiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra miembros del grupo EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), en el área de Yby Yaú, aproximadamente 370 kilómetros al norte de Asunción. Las dos niñas de once años que fueron asesinadas en la misma operación eran ciudadanas argentinas” reza parte del comunicado.

Carmen Elizabeth estaría desaparecida desde inicios de diciembre de 2020, pero su desaparición solo fue conocida recientemente cuando su tía, Laura Villalba Ayala, la denunció. Esta fue detenida el 23 de diciembre de 2020 e imputada por varios delitos. Actualmente se encuentra detenida en una instalación militar.

“Se han conocido nuevos testimonios fiables, de acuerdo con los cuales Carmen Elizabeth fue herida en la operación del 2 de septiembre, pero huyó, mientras Lilian y María Carmen fueron capturadas con vida. Esta evidencia contradice la versión oficial del gobierno paraguayo que indica que las niñas de 11 años fueron asesinadas en un choque con la Fuerza de Tarea Conjunta” indica otra parte del comunicado.

Además, se denuncia que evidencias importantes del caso se han perdido. Los cuerpos de Lilian y María Carmen fueron enterrados inmediatamente y las ropas que habrían vestido al ser asesinadas fueron destruidas. Cuando los cuerpos fueron posteriormente exhumados, las autoridades paraguayas confirmaron que ambas niñas fueron asesinadas por varios disparos de arma de fuego. Sin embargo, los cuerpos fueron rápida y nuevamente enterrados, y los llamados para la realización de un examen forense independiente no han sido atendidos. En su lugar, las autoridades paraguayas han presentado cargos por “asociación terrorista” contra las madres de las víctimas – residentes en Argentina- y contra su tía Laura Villalba.

La Alta Comisionada urge a las autoridades paraguayas a emprender urgentemente la búsqueda de la niña desaparecida, Carmen Elizabeth. A la luz de las nuevas versiones de testigos sobre la captura y asesinato de las otras dos niñas, la Alta Comisionada Bachelet también llama a las autoridades paraguayas a llevar a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva sobre las numerosas preguntas sin respuesta que rodean sus muertes. Ello incluye determinar por qué no se llevó a cabo un completo examen forense previo a su entierro, o posteriormente luego de que surgieran alegaciones sobre una posible ejecución extrajudicial. Tal investigación debería examinar también por qué evidencia importante fue destruida. Un examen forense independiente debería aún ser llevado a cabo.

La Alta Comisionada también llama a las autoridades paraguayas a proveer información sobre la actual situación de Laura Villalba Ayala, y asegurar la garantía de todos sus derechos de acuerdo con el derecho internacional, incluido el acceso a representación legal y su derecho a recibir visitas familiares.

La Alta Comisionada toma nota sobre la dimensión de género en un caso que involucra a mujeres y niñas familiares de integrantes del EPP. También observa que ha habido preocupaciones previas sobre violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, e insta al gobierno a revisar y reformar el funcionamiento de esta entidad. La Alta Comisionada reconoce que el EPP representa una real preocupación de seguridad y que ha cometido delitos graves, como secuestros – el más reciente del exvicepresidente Oscar Denis, en septiembre de 2020, que condena. Sin embargo, reitera que, al abordar los problemas de seguridad y actividades criminarles, las autoridades deben respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.