Gobierno paraguayo cuestiona la objetividad de Bachelet

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió al comunicado de prensa de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH).

Respecto a la desaparición de la hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, el Gobierno sostiene que, en la investigación en torno a la muerte de dos niñas, durante un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) e integrantes de la organización criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), “el Paraguay toma nota del referido comunicado con suma preocupación considerando que la manera en que los hechos son presentados en el mismo no ha tomado en cuenta la información sustantiva proveída oportunamente por el Estado a solicitud de diversos mecanismos de protección de los derechos humanos del ámbito de las Naciones Unidas, comprometiendo seriamente la objetividad y el equilibrio en los términos del pronunciamiento publicado”.

Asimismo, el comunicado de la Cancillería afirma que se ha suministrado información sobre los esfuerzos que viene empeñando en la búsqueda y localización de la referida niña, en respuesta a una petición de acción urgente transmitida por el Comité contra la Desaparición Forzada, registrada como AU Núm. 1006/2021.

“El Estado paraguayo enfatiza su repudio y condena a la práctica deleznable del grupo criminal EPP, que consiste en utilizar y explotar a niños, niñas y adolescentes con fines ilícitos, propiciando graves vulneraciones a sus derechos, debido a su exposición a situaciones de peligro y violencia, en los campamentos” indica el texto.

Finalmente, el Gobierno de Paraguay reafirma su firme vocación de apego a las normas de protección de los derechos humanos, “las cuales no ha dejado de respetar, y en el marco de las investigaciones ya iniciadas, ratifica su compromiso de agotar todas las instancias legales a fin de esclarecer los hechos e imponer las debidas sanciones sobre los responsables, reiterando su determinación de continuar en la lucha contra el crimen organizado y de aplicar la legislación correspondiente”.

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