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La Corte Suprema estudiará ternas para la defensa pública

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Hoy se realizará la sesión plenaria del máximo tribunal, y en el orden del día figura el estudio de ternas para defensores públicos que vencen el 27 de abril.

ORDEN DEL DÍA

Miércoles 24 de marzo de 2021  

Sesión Ordinaria  

09:00 horas  

1.- Informe del Presidente.  

2.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.  

3.- Informe de los Señores Ministros sobre fallos dictados por las Salas que resulten de relevancia.  

4.- Ternas de Defensores Públicos que vencen el 27 de abril de 2021.  

5.- Nota MHCD N° 1786 del 16 de marzo de 2021, del Presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana Rodríguez.  

6.-Memorandum G.M.C.LL. N° 18/2021 de la Ministra María Carolina Llanes.  

7.- Oficio J.E.M. N° 210/2021 del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.  

8.- Nota MJ/GM/N° 238/2021, de la Ministra de Justicia.  

9.- Dictamen del Abg. Imbert Mereles Leyte, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ.  

10.- Nota presentada por el Abg. Edgar Martínez Paniagua.  

11.- Memorando M.D.S.RR.HH. N° 382/2021.  

12. Nota RR.HH-OTE N° 54/2021, de la Directora General Interina de Recursos Humanos.  

13.- Consejo de Superintendencia:  

a) Nota NSCS N° 48 del Consejo de Superintendencia.  

b) Decisiones de contratos de funcionarios.  

14.- Consejo de Superintendencia – Secretaría N° 2:  

a) PCS-S2 N° 43.  b) PCS-S2 N° 44.  

c) PCS-S2 N°45.

Rechazada causa contra juez y fiscal que desestimaron denuncia contra McLeod

Con la excusación de la ministra Gladys Bareiro, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó una denuncia contra el juez Marino Méndez y la fiscal Zunilda Ocampos, quienes desestimaron una denuncia contra Sandra McLeod de Zacarías por exacción, lesión de confianza y otros.

Según los antecedentes, el 8 de junio de 2018, el concejal de Ciudad del Este, Celso Miranda, denunció por mal desempeño de funciones a Ocampos y Méndez. Los mismos habían desestimado una denuncia contra la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, por los hechos punibles de lesión de confianza, exacción y varios otros delitos.

Según la denuncia, la misma habría desviado una millonaria suma de dinero de lo recaudado en concepto de estacionamiento controlado de vehículos. En su denuncia ante el Jurado, Miranda señaló que Ocampos ni siquiera llamó a declarar a la exintendenta y otros funcionarios denunciados.

Con voto dividido, el JEM absuelve al juez Santiago Trinidad Núñez

En sesión ordinaria, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió la absolución del juez penal de Garantías de Salto del Guairá, Santiago Trinidad Núñez, denunciado por presunto mal desempeño en un caso de robo de droga.

El referido proceso fue abierto tras una investigación sobre tráfico de drogas, y del hurto perpetrado en una comisaría para la recuperación de una carga de droga (cocaína incautada), que sería supuestamente del presunto narcotraficante Clemencio González.

El JEM inició la investigación contra el referido juez, porque a pesar de los antecedentes que demostraban que se trataba de una persona conocida en el ambiente del narcotráfico, la posibilidad de su captura y la sujeción del proceso por decisión del magistrado, significó la oportunidad del imputado para trasladarse a otro lugar y así eludir el seguimiento al cual estaba siendo sometido.

Joven acusada por vandalismo en el Panteón tendrá audiencia preliminar

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Paloma Chaparro, una de las tres mujeres procesadas por el vandalismo que afectó al Panteón Nacional de los Héroes, fue citada por el juez Miguel Palacios, interino de Gustavo Amarilla, para su audiencia preliminar, el 8 de junio a las 10.00.

Numerosos videos que circularon en las redes sociales evidenciaron el comportamiento de Chaparro en octubre del año pasado, quien prendió fuego a una bandera paraguaya instalada en el Panteón de los Héroes.

Los hechos imputados son violación de la cuarentena, perturbación de la paz pública y violación de  la ley que protege los patrimonios culturales.

Citada para audiencia preliminar, Noyme Yore por caso de lesión de confianza

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La jueza Cynthia Lovera citó a la exdefensora general para su audiencia preliminar en un caso abierto por lesión de confianza durante su administración en el Ministerio de la Defensa Pública. Otras 14 personas están acusadas en este mismo caso.

El Ministerio Público sostiene que existe un perjuicio patrimonial cercano a los 5.000 millones de guaraníes, y que habría sido ocasionado por los acusados mediante la firma de contratos y el pago de sumas de dinero a empresas que no realizaron a cabalidad las obras de construcción de las sedes de la defensa pública de San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Horqueta, Caacupé y San Juan Bautista.  

La conducta atribuida a Yore, según la acusación fiscal, consiste en que la misma firmó los contratos con las empresas respectivas y abonó por las obras, pero estas no realizaron correctamente los trabajos y al final se rescindió el contrato. Igualmente, la exdefensora general no ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento a las empresas infractoras.

Codehupy recurre a la CIDH por desalojo a la colonia Yvype Sexta Línea

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La Codehupy solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado paraguayo medidas cautelares para proteger la vida de las familias productoras de la colonia Yvype Sexta Línea, distrito de Lima, departamento de San Pedro, luego de haber sufrido un desalojo  a inicios del mes de marzo.

El documento presentado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) requiere que, la CIDH pueda urgir al Estado paraguayo las siguientes medidas cautelares:  

– Suspender la ejecución de toda orden de desalojo dictada y en vigencia y, restituir a las 14 familias en los 5 lotes de donde fueron desalojados.  

– Proporcionar a las familias desalojadas insumos para la reconstrucción de sus viviendas, que fueron quemadas y sus bienes destruidos durante el último desalojo.  

– Realizar una exhaustiva revisión de las actuaciones de los jueces y fiscales y todo funcionario/a que intervienen en los procesos relacionados al conflicto.  

– Que el Estado abra una investigación penal contra los particulares que han acudido a destruir las pertenencias de los pobladores.  

– Que se propicie una mesa de trabajo para la resolución del fondo del conflicto con presencia de representantes de la comunidad y las dependencias públicas de derechos humanos.  

Antes del desalojo llevado a cabo por la Policía Nacional y “particulares” la Colonia Yvype estaba habitada por 26 familias que ocupaban 8 lotes en una extensión aproximada de 150 hectáreas. 

Fueron 14 las familias desalojadas de unos 5 lotes. Las familias que aún resisten, entre quienes hay mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y una persona con discapacidad, están bajo riesgo de ser desalojadas en cualquier momento, refiere la denuncia presentada.  

“Estas familias se encuentran totalmente vulneradas en sus derechos, y quienes fueron desalojadas, quedaron en la calle, ya que no tuvieron oportunidad de salvar sus casas, animales y cultivos del fuego que arrasó con todas sus pertenencias, según testimonios recogidos en el lugar” indica parte del documento.

Además, califica de “desproporcionado” el desalojo, ya que el operativo fue realizado por aproximadamente 200 efectivos policiales armados en conjunto con entre 20 a 30 particulares, quienes llegaron en helicópteros, buses, camiones, camionetas y tractores, la Policía Nacional permanece en el lugar y las personas afectadas denuncian que éstos realizan amedrentamiento y agresiones tanto a los desalojados como a quienes resisten el hostigamiento.

Se allana camino para realización de preliminar en caso de insumos chinos

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Se rechazan unos recursos de apelación presentados por Justo y Patricia Ferreira, por lo que el juez Humberto Otazú tiene vía libre para la realización de la audiencia preliminar.

Se trata del mayor caso de corrupción ocurrido en pandemia, por la compra de insumos fallidos por el Ministerio de Salud para la lucha contra el coronavirus. 

Semanas atrás, ambos acusados presentaron recursos de apelación contra la convocatoria a audiencia preliminar dictada por el juez Humberto Otazú.

Así también, fueron acusados el despachante de aduana, Carlos Alberto Gamarra, Guillermo Andrés Molina, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, a quienes se les atribuye porciones de hecho en sus participaciones, de forma particular en la estructura delictiva construida.

Conforman 17 ternas para cargos vacantes en la Defensa Pública

El Consejo de la Magistratura conformó en la fecha las últimas 17 ternas que figuraban en el Edicto N° 03/20, correspondiendo todas ellas a cargos en el Ministerio de la Defensa Pública.

Acusados por prevaricato, irán a juicio exministros de la Corte Blanco y Núñez

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Fue elevado a juicio oral y público el caso contra los exministros de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Manuel Núñez Rodríguez y Sindulfo Blanco. Están acusados por prevaricato.

La decisión fue tomada por el juez penal de Garantías Joan Paul López, quien rechazó un pedido de las defensas de que se otorgue el sobreseimiento definitivo para las exautoridades judiciales. Blanco y Núñez se exponen a una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

El caso fue investigado desde el año 2016 por los fiscales René Fernández, Luis Piñánez y José Dos Santos, luego que una persona condenada en una causa, de nombre Peter David Kennedy, denunció a Sindulfo Blanco y Víctor Núñez porque, supuestamente, ambos admitieron un recurso extraordinario de casación sin que se den las condiciones para ello. El Ministerior Público, finalmente, pidió juicio por prevaricato.

Servicio no colapsará por cuadrillas, sostiene juez

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Los jueces penales de garantías de Capital trabajan en dos cuadrillas de seis jueces, quienes interinan a sus colegas. La semana siguiente se invierten las tareas. Afirman que el modo de trabajo no afectará a ningún servicio.

En comunicación con Judiciales.net, el juez Gustavo Amarilla indicó que esta semana no hace trabajo presencial, y que su juzgado está siendo interinado esta semana por su colega  Miguel Ángel Palacios.

“Cada juzgado al que le toca trabajar esta semana interina a otro juzgado. Somos 12 jueces de garantías, entonces tenemos cuadrillas de seis. Los turnos impares cubren esta semana a los pares, y la próxima semana será al revés” explicó.

Por otro lado, indicó que si bien la carga laboral es elevada, no colapsará ningún servicio, ni tampoco se suspenderán audiencias. “El problema que estamos viendo es el aumento de pedidos de suspensión de audiencias por parte de los justiciables, alegando tener órdenes de aislamiento por contacto con personas que dieron positivo al Covid, pero estamos tratando de solucionarlo mediante la realización de audiencias por medios telemáticos” informó.

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