Codehupy recurre a la CIDH por desalojo a la colonia Yvype Sexta Línea

La Codehupy solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado paraguayo medidas cautelares para proteger la vida de las familias productoras de la colonia Yvype Sexta Línea, distrito de Lima, departamento de San Pedro, luego de haber sufrido un desalojo  a inicios del mes de marzo.

El documento presentado por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) requiere que, la CIDH pueda urgir al Estado paraguayo las siguientes medidas cautelares:  

– Suspender la ejecución de toda orden de desalojo dictada y en vigencia y, restituir a las 14 familias en los 5 lotes de donde fueron desalojados.  

– Proporcionar a las familias desalojadas insumos para la reconstrucción de sus viviendas, que fueron quemadas y sus bienes destruidos durante el último desalojo.  

– Realizar una exhaustiva revisión de las actuaciones de los jueces y fiscales y todo funcionario/a que intervienen en los procesos relacionados al conflicto.  

– Que el Estado abra una investigación penal contra los particulares que han acudido a destruir las pertenencias de los pobladores.  

– Que se propicie una mesa de trabajo para la resolución del fondo del conflicto con presencia de representantes de la comunidad y las dependencias públicas de derechos humanos.  

Antes del desalojo llevado a cabo por la Policía Nacional y “particulares” la Colonia Yvype estaba habitada por 26 familias que ocupaban 8 lotes en una extensión aproximada de 150 hectáreas. 

Fueron 14 las familias desalojadas de unos 5 lotes. Las familias que aún resisten, entre quienes hay mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y una persona con discapacidad, están bajo riesgo de ser desalojadas en cualquier momento, refiere la denuncia presentada.  

“Estas familias se encuentran totalmente vulneradas en sus derechos, y quienes fueron desalojadas, quedaron en la calle, ya que no tuvieron oportunidad de salvar sus casas, animales y cultivos del fuego que arrasó con todas sus pertenencias, según testimonios recogidos en el lugar” indica parte del documento.

Además, califica de “desproporcionado” el desalojo, ya que el operativo fue realizado por aproximadamente 200 efectivos policiales armados en conjunto con entre 20 a 30 particulares, quienes llegaron en helicópteros, buses, camiones, camionetas y tractores, la Policía Nacional permanece en el lugar y las personas afectadas denuncian que éstos realizan amedrentamiento y agresiones tanto a los desalojados como a quienes resisten el hostigamiento.

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