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Javier Díaz Verón, con fecha de preliminar

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El juez penal de Garantías Julián López fijó para el próximo 21 de abril a las 9:30 de la mañana la audiencia preliminar para el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón acusado por enriquecimiento ilegítimo.

En esta misma audiencia también está convocada su esposa acusada por lavado de dinero María Selva Morínigo.

En esta diligencia se decidirá si ambos afrontarán juicio oral y público por el hecho acusado por el Ministerio Público, ya que según la acusación Díaz Verón no pudo justificar más de 1.147.000.000 de G lo que correspondería a dinero que no provino de fuentes legales.

Cae pieza clave en el caso de abuso sexual en el Botánico

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La jueza Inés Galarza Careaga decretó la prisión preventiva del hombre que habría comprado el aparato celular que pertenecía a la mujer que fue abusada en el Jardín Botánico.

Se trata de Mario Ricardo Maldonado, de 36 años de edad, quién está imputado por reducción. Para el Ministerio Público, el imputado es clave para la investigación, ya que conoce a la persona que le llevó el aparato celular luego de perpetrar el grave hecho punible denunciado.

Fuentes cercanas a la investigación afirmaron que el autor del abuso sexual y robo del aparato, una vez perpetrado el hecho, fue directamente hasta el local comercial de Maldonado para vender el aparato celular, por lo que sería un indicio de que ambos realizaban esta operación en forma reiterada.

La fiscalía y querella sigue aguardando las imágenes de circuito cerrado de las zonas aledañas al lugar para dar con el sospechoso de abuso sexual quien sigue prófugo.

El imputado permanecerá por diez días en el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional, si no existe una decisión diferente transcurrido ese plazo deberá ser trasladado al penal de Tacumbú.

Paraguayo Cubas cumple su segundo día en arresto domiciliario

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El abogado y exsenador Paraguayo Cubas cumple su segundo día de arresto domiciliario, decretado por la juez Lici Sánchez.

Cubas fue imputado por tipos penales de resistencia, robo y perturbación de la paz pública por los incidentes y disturbios registrados el miércoles último.

El imputado increpó y despojó de la llave de una camioneta de utilizada por la Policía Nacional que según él, estaba siendo usada para fines particulares.

No solo despojó de la llave al personal policial también subió al móvil y habló por radio denunciando la presunta irregularidad para luego encadenarse al móvil en cuestión pidiendo la presencia del ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.

Disponen cierre epidemiológico de otras dos penitenciarías

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La medida abarca al Centro Penitenciario para Mujeres «Juana María de Lara» de Ciudad del Este y al Centro de Rehabilitación Social «CERESO» de Encarnación por confirmarse casos activos de COVID-19 en personas privadas de libertad.

En ambos lugares ya fueron activados los protocolos para mitigar la expansión del virus y las PPL con COVID-19 están siendo monitoreadas por la Dirección de Salud Penitenciaria, informó el departamento de prensa del Ministerio de Justicia.

Juana María de Lara con dos positivos y CERESO con un caso se suman a las Penitenciarías de Coronel Oviedo (13 casos activo), Pedro Juan Caballero (tres positivos, de los cuales uno es activo), Padre Juan Antonio de la Vega (13 confirmados y un activo), Emboscada (10 casos y un activo), Buen Pastor (una MPL con COVID-19 activa) y Serafina Dávalos (nueve casos activos).

Daniel Cantero, Director de Salud Penitenciaria manifestó que los centros penitenciarios donde el virus está activo son constantemente monitoreados para prevenir la expansión del coronavirus.

“Hoy tenemos ocho penitenciarías donde hay COVID-19, en esos lugares reforzamos los controles y procedemos al hisopado de las personas privadas de libertad con síntomas para descartar o confirmar la enfermedad”, dijo al momento de reiterar que la conciencia ciudadana es fundamental para disminuir los contagios.

Centros Educativos
Los 27 adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Centro Educativo Sembrador de Villarrica están recuperados de la enfermedad. En el Centro Educativo Itauguá, la Dirección de Salud Integral y Asuntos Sociales del SENAAI, registra seis casos positivos y activos.

Consideran una burla condena de cuatro años a Justo Cárdenas

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La presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y activista social Esther Roa, calificó de burla la ínfima condena aplicada al expresidente del Indert Justo Pastor Cárdenas.

Roa señaló que «la mano temblorosa de la justicia no se anima a castigar ejemplarmente a los que roban desde los cargos públicos».

Por último señaló que el tribunal le tendió la mano a Cárdenas al no aplicar la sanción requerida por el Ministerio Público que pidió 11 años de cárcel para el hoy condenado.

Ayer el tribunal presidido por Manuel Aguirre condenó a Justo Cárdenas a pagar cuatro años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y a la vez ordenó el comiso de 3.200.000.000 de G.

Mediante amparo, bebé accede a cama de terapia intensiva

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El bebé, de sólo seis meses, en delicado estado de salud, logró acceder ayer a una cama de terapia intensiva gracias a un amparo promovido por sus padres.

Los mismos fueron asistidos por la defensora pública Mady Achucarro. El bebé estuvo más de 20 horas con provisión manual de oxígeno mientras esperaba un lugar para acceder a la UTI.

En lo que va del año, el Ministerio de la Defensa Pública ya asistió en más de ocho juicios de amparo, promovidos con el fin de acceder a la UTI.

Justo Pastor Cárdenas es condenado a cuatro años de cárcel

Hoy el tribunal de sentencia integrado por Manuel Aguirre, Rossana Maldonado y Blanca Gorostiaga, condenó a cuatro años de cárcel a Justo Pastor Cárdenas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y le mantiene las medidas alternativas a la prisión hasta que quede firme la sentencia.

Igualmente, el tribunal absolvió de culpa y reproche a sus hijos Allan y Alejandra y se levantó todas las medidas que pesaban en contra de ambos procesados.

Así también, el tribunal juzgador dispuso el comiso de varios inmuebles y acciones de las firmas pertenecientes a Justo Cárdenas porque fueron adquiridas con dinero malhabido.

Defensa Pública intervino en ocho amparos para ingresar a UTI

El Ministerio de la Defensa Pública informó que en lo que va del año intervino en ocho juicios de amparo, promovidos para poder acceder a terapia intensiva. Además, colaboró en otros 11 casos.

Según el reporte, los defensores intervinieron en representación de personas de escasos recursos que justificaron con suma urgencia la necesidad de acceder a la terapia.

Según el registro manejado por la Defensoría Adjunta en lo Civil y de la Niñez y la Adolescencia a cargo del Defensor Adjunto, Edgar Ríos, se promovieron dos amparos constitucionales en Asunción, uno en San Lorenzo, dos en Villa Hayes, uno en Ciudad del Este, uno en Villarrica, uno en Caacupé y otro caso en la zona de Itapúa. Otras acciones sin judicializar fueron atendidas en las ciudades de Lambaré, Luque, Fernando de la Mora, Capiatá.

Los casos se encuentran a cargo de las defensoras públicas en lo civil, Carla Mazó, Natalia Pérez; Mirtha Rozzano, Claudia Cristaldo, Elva Silva, Ruth Andrusevich, Nilda Recalde, Gladys Leiva, Clarisse Cáceres, Silvana Castillo, Cinthia Sostoa, Mabel Quintana, Claudia Vázquez; y los defensores Sixto Pereira y Heinrich Von Lucken.

Tras ser condenado, Barakat fue expulsado del país

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Tras ser condenado, el Ministerio Público solicitó la expulsión de Assad Ahmad Barakat al Brasil, país en el que tiene radicación, a lo que el Juzgado hizo lugar. 

Con esta medida, ya no podrá volver a ingresar al Paraguay. La expulsión fue realizada esta mañana, bajo coordinación del fiscal Sergio Villalba.

 Barakat fue condenado ayer por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. 

Los agentes fiscales Irma Llano y Marcelo Pecci representaron al Ministerio Público en la audiencia realizada vía por medios telemáticos, en la cual se condenó a Assad Ahmad Barakat a 2 años y 6 meses de pena privativa de libertad por la comisión de los hechos punibles de Producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso. 

El Ministerio Público solicitó su expulsión y fue entregado a las autoridades del Brasil. El Gobierno brasileño extraditó a Paraguay al libanés Assad Ahmad Barakat, sospechado de liderar una organización en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina dedicada al blanqueo de capitales y que ofrecía financiación al grupo chií libanés Hezbollah. 

El libanés fue detenido en septiembre de 2018 en la ciudad brasileña de Foz do Iguazú, en la triple frontera, por el crimen de falsificación de documento y fue extraditado debido a que en su contra había una orden de captura internacional expedida por la Interpol desde Paraguay. 

Barakat, cuya extradición fue autorizada en el 2020 por el Supremo Tribunal Federal (STF), estuvo preso desde septiembre de 2019 en las celdas de la Superintendencia Regional de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. Ver menos

Niña es inscrita en el Registro Civil tras intervención del MDP

La asistencia del Ministerio de la Defensa Pública posibilitó la inscripción del nacimiento de una niña en el Registro Civil. Su madre, tras varios intentos infructuosos de realizar la inscripción debido a procesos judiciales, recurrió a una defensora pública, con resultado satisfactorio.

El caso fue representado por la defensora de Caacupé, Laura Paniagua Sosa, quien inició los trámites el 2 de octubre del 2020, que finalizaron favorablemente el 26 de marzo del 2021.

La defensa se presentó teniendo en cuenta la Ley 57/90 “Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos”, concordante con la Ley 1626/01 del Registro del Estado Civil y la Ley 1680/01 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

La madre de la niña, nacida en Caacupé el 04 de enero del 2020, no conseguía registrar a su hija ante el Registro Civil.

Ante esta situación la madre, invocando el derecho de la identidad, recurrió a la Dirección de Derechos Humanos del MDP, a cargo del Miguel Fretes, desde donde se derivó el caso a la Defensora Pública de Caacupé.

De esta forma, se pudo lograr que la niña, de un año y 3 meses tenga una identidad. Tras contar con el certificado de nacimiento otorgado por el Registro Civil, por orden del Juzgado, ahora la madre podrá tramitar a su hija su cédula de identidad.

Cabe mencionar que el caso fue atendido primeramente en el Ministerio de la Mujer, desde donde se derivó al Ministerio de la Defensa Pública para iniciar los procesos judiciales.

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