La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de Marylin Michel Eberhardt, Guillermo Escobar Cortaza y Emigdio Ismael González. Para la Corte se dio una nulidad insalvable al incluirse en el juicio una prueba nula.

Para el preopinante Manuel Ramírez Candia, los integrantes del tribunal que juzgó el caso violaron el artículo 90 del CPP, que dispone que la policía no podrá tomar declaración indagatoria al imputado. A su criterio, el tribunal no solo introdujo en juicio la declaración del acusado, sino lo hizo valer para la sentencia condenatoria en su momento.

El voto en mayoría de los ministros Manuel Ramírez Candia y Antonio Fretes refiere que los errores procesales generados por los integrantes del tribunal eran absolutamente innecesarios, puesto que el coacusado Cortázar declaró ante el Ministerio Público y por ende el tribunal no debió valorar la declaración de éste en sede policial. La Corte al anular el proceso penal, ordena su reenvío para un nuevo juicio oral y público. Mientras que la ministra Carolina Llanes votó por la disminución de la pena para los condenados y no el reenvío.

En su momento integraron el tribunal juzgador los magistrados: Rolando Duarte, Javier Sapena y Leticia Frachi.

Ahora otro tribunal de sentencia deberá juzgar de nuevo el caso para reencausar el proceso ya sin los errores procesales incurridos por el primer tribunal.

Según la acusación fiscal fue Emigdio Ismael González el que perpetró el asesinato de Evelyn Eberhardt por G 40 millones tras ser contratado por Guillermo Escobar Cortázar a pedido de Marylin Michel Eberhardt, por este hecho fueron sentenciados a Emigdio González a 24 años de cárcel, mientras que Guillermo Escobar Cortázar 18 años de cárcel y a Marylin Michel a 22 años de pena privativa de libertad, los mismos deberán afrontar un nuevo juicio tras anularse el primer juicio.

El Ministerio de la Defensa Pública intervino en un caso de una niña maltratada, según comunicación recibida desde la Codeni.

Luego de visitar el domicilio, el pasado 8 de abril a fin de verificar la situación en la que se encontraba la niña, la defensora interviniente adoptó como medida de urgencia la guarda de la niña por parte de su familia afectiva, según dispone la Ley 6.486/20.

La defensora pública Gladys Páez y el equipo técnico conformado por una psicóloga, una trabajadora social y una asistente, informaron que los padres de la pequeña de 11 años son personas con problemas de alcohol, por lo que la pequeña se encontraba en constante situación de peligro y vulnerabilidad.

Luego de la entrevista realizada por la psicóloga de la Defensa Pública a la niña, además de otras pruebas con las que se contaba en el momento de la intervención, la defensora interviniente, en uso de las atribuciones establecidas en el Art. 30 de la Ley 6486/20, dispuso la medida cautelar de guarda a favor de la madrina de la pequeña.

La misma se encargará de cuidarla en tanto se resuelva la causa, se localice a miembros de su familia ampliada o pueda ser reintegrada a su núcleo familiar. Cabe destacar que la medida adoptada por la Defensa Pública fue informada inmediatamente al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de modo a que se prosigan con los trámites necesarios en protección de la niñez.

La cifra corresponde a juicios gestionados durante el año pasado. Según en el reporte de la Defensa Pública, obtuvieron resultado favorable en el 98% de los mismos.

De este total, 555 estaban en trámite en lo laboral, que corresponden a casos iniciados en ese mismo año, y otros 233 fueron concluidos en noviembre pasado; 10 casos corresponden al fuero contencioso administrativo en trámite que iniciaron en el 2020 y otros 4 que se concluyeron a finales del año pasado.

El Ministerio de la Defensa Pública anima a aquellos que crean que sus derechos laborales están siendo vulnerados a acudir a la sede más cercana en que se encuentren para solicitar el asesoramiento y representación y lograr una salida airosa a sus problemas.

Algunos de los casos fueron atendidos en el marco del Covid, y ante cualquier duda se recomienda llamar a la línea telefónica 133. Además, resalta que también se asiste a funcionarios públicos que se encuentran en litigio con la Administración de la que dependen.