Se incautó estoques, drogas e incluso teléfonos digitales en la intervención.

Las autoridades penitenciarias realizaron una requisa en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, que tuvo como resultado la incautación de numerosos objetos prohibidos.

Entre los elementos incautados figuran 23 estoques de fabricación casera, 11 petacas de bebida alcohólica, 16 pastillas, 26 moñitos, un pedazo y un cigarrillo de presunta marihuana; una sustancia química no identificada que se presume podría ser cocaína, 12 cargadores de celular, cuatro teléfonos analógicos, dos teléfonos digitales presuntamente averiados, cuatro baterías para celulares.

El procedimiento fue realizado en el pabellón «Milagro» alta y baja; y fue encabezado por el propio director del penal, Sixto Peralta, junto con dos grupos de agentes penitenciarios.

La información fue confirmada por la máxima autoridad del Ministerio de Justicia de nuestro país.

La ministra de Justicia Cecilia Pérez Rivas informó sobre el resultado de la agenda bilateral entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno Italiano, durante un viaje oficial realizado a dicho país.

“Tuvimos reuniones con el Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, la Fiscalía Nacional Anti-Mafia y la Dirección de Seguridad Publica, Coordinación y Planificación de las Fuerzas de Policía y Servicio de Relaciones Internacionales. En este sentido, Paraguay va a ingresar al I-CAN, que es una iniciativa del Gobierno Italiano en países donde tiene riesgo de afectación de la mafia italiana” informó la ministra Pérez.

Precisamente ante la sospecha de la infiltración de la “Ndrangheta” -una peligrosa organización criminal de Italia con operaciones en todo el mundo- el Gobierno de ese país ha ofrecido al Paraguay la incorporación a la I-CAN, que es la iniciativa italiana de cooperación desde Interpol contra la Ndrangheta, de la cual ya forman parte Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, España, Suiza, Estados Unidos y Uruguay.

Por otro lado, la ministra indicó que se sentaron las bases para desarrollar un trabajo de cooperación internacional. “Mantuvimos una reunión con el procurador nacional antimafia y antiterrorismo, Federico Caffiero de Raho, quien prometió apoyo en las investigaciones e intercambio de información de inteligencia en cuanto a las investigaciones del crimen trasnacional organizado y sus ramificaciones con la Ndrangheta en Paraguay, y la amenaza de infiltración en la región” dijo.

El mismo es financiado por el Departamento de Seguridad Pública de Italia, y se basa en tres pilares clave: Contenido, acceso y acción.

Una familia de productores denunció por instigación e invasión de inmueble a la titular del Indert.

Señalan que, debido a una tenaz persecución y hostigamiento, miembros de la familia Matthies han decidido presentar dos denuncias penales contra la presidenta del INDERT, Gail González Yaluff, por los hechos punibles de instigación a la invasión de propiedad privada y prevaricato.

El señor Geor Matthies Derksen presentó el 29 de octubre pasado ante el Ministerio Público, de San Pedro, la denuncia penal contra la titular del Indert Gail González bajo las figuras de instigación a la invasión de un inmueble de su propiedad, ocurrido en la “Colonia Yvype” de Lima San Pedro.

La denuncia relata que en un hecho sin precedentes la autoridad es la que instiga la invasión de una propiedad privada y que incluso, llevaron adelante la distribución de 100 hectáreas de propiedad privada, repartiendo 5 hectáreas a 16 familias campesinas. Este hecho, que fue anunciado, se realizó a pesar de la explicación por parte de los legítimos propietarios que los terrenos repartidos nunca fueron terreno fiscal, sino que fueron adquiridos de un propietario particular.

El abogado Francisco De Vargas quien representa a la familia afectada agregó que sus clientes se vieron obligados a presentar la denuncia bajo el cargo de prevaricato ante la negativa de Gail González de cumplir con las leyes y violentar la misma carta orgánica normativa del INDERT firmando de manera arbitraria una resolución contra el derecho y alegando que la misma se funda en dictámenes inexistentes. No solo eso, también al comprobar con extensa documentación, el operativo coordinado entre la presidenta y personas con denuncias por invasión que actualmente se encuentran detenidas.