La fiscal general del Estado Sandra Quiñónez conformó un equipo de fiscales para investigar a los organizadores del evento en San Bernardino.

Los fiscales que fueron asignados para indagar la conducta de los organizadores del festival “Ja´umina Fest” son, Luz Guerrero, Natalia Silva y Laura Giacummo.

La investigación abierta respecto a los organizadores del evento que aglutinó cerca de 13.000 personas fue confirmada por la propia fiscal general del Estado Sandra Quiñónez en su red social Twitter.

“He dispuesto la apertura de una causa penal para la investigación de la responsabilidad de los organizadores del evento denominado Ja’umina Fest, desarrollado en fecha 30 de enero en la ciudad de San Bernardino y que acabó trágicamente” refiere el tuit de la máxima cabeza del Ministerio Público.

El gobernador de Central imputado por lesión confianza y otros hechos punibles compareció ante la Fiscalía y evitó declarar.

En conversación con Judiciales NET, Andrés Casati uno de sus abogados defensores confirmó que su representado se abstuvo de declarar ante el Ministerio Público.

Casati mencionó que existen documentaciones que agregar en la investigación y pericias en proceso, por ello prefieren esperar para que su cliente declare para luego la defensa pedir que el gobernador preste indagatoria.

Para hoy fue citado a declarar el gobernador del Departamento Central Hugo Javier para ser indagado por los fiscales Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera, quienes investigan el caso donde alegan un perjuicio patrimonial de 1 millón de dólares, pero el imputado se abstuvo de hacerlo.

Hugo Javier soporta cargos por lesión de confianza, producción de documentos, asociación criminal y declaración falsa.

Los fondos debían ser destinados al combate del Covid-19 pero fueron desviados según la imputación del Ministerio Público.

La fiscal Natalia Fuster imputó a Danny Durand por declaración falsa, por haber alterado datos en su declaración jurada de bienes.

Por no existir correspondencia entre lo declarado por el funcionario el Ministerio Público lo imputó y pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión bajo fianza.

La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó a Dany Durand Espínola en su carácter de ex ministro secretario de la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Habitad.

Durand habría presentado ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas como funcionario público, el día 04 de septiembre de 2018, posteriormente, como resultado del informe de dictamen de correspondencia elaborado por esta Institución, encargada de recepcionar dichas declaraciones, Dany Durand Espinola, el 13 de septiembre de 2019, aún en su carácter de ministro secretario de la Secretaria Nacional de la Vivienda y el Habitad, presenta una Declaración Jurada de Bienes y Rentas rectificando la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del año 2018, las cuales contendrían datos que no se ajustaban a la realidad de sus activos y pasivos patrimoniales.

 En relación al inmueble situado en el distrito de Ypacarai, Dany Durand Espínola, había declarado la adquisición de la Finca Nº 9.176  Padrón Nº 1.472, en el año 1994. Sin embargo, esta propiedad se encuentra identificada dentro del inventario de bienes, como activo dentro del Juicio de MOCIPAR PROPIEDADES S.A s/ Quiebra, empresa que ha sido declarada judicialmente en quiebra.

Con relación a esta supuesta adquisición del inmueble, Dany Durand Espínola anexó una copia autenticada por escribanía de un contrato privado de compra venta de inmueble, sin certificación de firmas, celebrado el 06 de abril de 2018, entre MOCIPAR PROPIEDADES S.A, por valor de Gs 1.030.000.000 (Guaraníes mil treinta millones de guaraníes) cantidad de dinero que abonaría mensual y consecutivamente finalizando el pago en diciembre año 2019.

Refiere parte de la imputación, “en esta declaración puntual encontramos que por una parte, la supuesta compra-venta no se habría realizado en el año 1994  sino en el año 2018, conforme al contrato privado sin certificación de firmas  y que no se habría consignado en la declaración jurada que el pago total de la compra venta aun no había sido cancelada.

Esta misma circunstancia fue declarada nuevamente por Dany Durand en el mes de noviembre de 2019, al momento de rectificar su Declaración Jurada”.

Autoridades brasileñas y paraguayas ejecutan un operativo contra un esquema de mega lavado de activos.

La Secretaría Nacional Antidrogas informó que realizan un importante operativo de una estructura criminal encargada de lavar dinero en nuestro país producto del narcotráfico.

Esta mañana se realizó una operación simultánea que busca desmantelar una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculada a Luis Carlos Da Rocha, alias «Cabeza Branca» y su entorno. Para el efecto, la Policía Federal del Brasil dará cumplimiento a unos 60 mandatos de búsqueda y prisión en los Estados de Mato Grosso Do Sul y Paraná. Por su parte, la SENAD lleva a cabo al menos 4 allanamientos en Pedro Juan Caballero, con la posibilidad de extender a más acciones posteriores.

La investigación se inició hace más de un año en prosecución a la captura de Luis Carlos Da Rocha. La misma apunta a un esquema de personas físicas y jurídicas que recibían en forma permanente y constante grandes sumas de dinero mediante transacciones electrónicas desde diversos países. En ese sentido, la investigación logró determinar que parte de las remesas eran realizadas desde Paraguay, específicamente Pedro Juan Caballero.

Se maneja que las remesas enviadas oscilan entre 1,5 a 2 Millones de dólares en forma diaria y forma permanente. Así mismo, se pudo determinar que, una vez recibidos los envíos, eran retirados de manera inmediata por otras personas físicas o jurídicas (vinculadas al entorno familiar o comercial de «Cabeza Branca), nuevamente en territorio paraguayo, específicamente en Ciudad del Este.

El esquema en cuestión tendría además vínculos directos con la organización de los «García Morínigo» y Julio César Duarte Servián quienes fueron detenidos tiempo atrás por la SENAD en el marco de la Operación ESTATUS.

Los fiscales Carlos Alcaraz, Lorena Ledesma, Ysaac Ferreira y Arnaldo Arguello acompañan las intervenciones en la capital del Departamento de Amambay. Las mismas buscan recabar elementos informáticos y documentales que permitan contar con elementos concretos que vincularían a al menos tres ciudadanos paraguayos en el esquema de remesa de dinero proveniente del crimen organizado.

La familia de la joven que falleció tras una cirugía estética puso abogado y piden que la Fiscalía formule imputación.

El abogado Alfredo Delgado tomó el caso y como primera medida pidió todas las copias de la carpeta fiscal y que el Ministerio Público formule imputación contra el médico Daniel Hernán Domaniczki Vargas por existir suficientes elementos de sospecha tras la autopsia, refiere el escrito de presentación del abogado.

“Estamos aparentemente ante un caso de mala praxis. La autopsia reveló que la víctima falleció de un sangrado producto de la perforación de una arteria que se dio durante la intervención quirúrgica”.

“Cuestionamos en primer lugar la experticia del médico tratante y también que habiéndose dado esta situación; el mismo no se haya percatado en su momento a efectos de contrarrestar lo ocurrido; cuestión que pudo haber evitado el desenlace fatal” mencionó el abogado Delgado a Judiciales NET.

Se trata de Christian Gómez Ramírez quien fue atacado con arma blanca en el sector de los sanitarios.

El Ministerio de Justicia informó que, en la noche de ayer miércoles se registró una riña en la zona de sanitarios del pabellón “B Baja” de la Penitenciaría “Padre Juan de la Vega” de Emboscada, donde la persona privada de libertad (PPL) Christian David Gómez Ramírez perdió la vida tras recibir heridas de arma blanca.

La víctima fue rápidamente asistida por agentes penitenciarios que trasladaron al interno hasta la sanidad de la institución para su posterior traslado hasta el Centro de Salud de Emboscada, dónde ocurrió su deceso.

Gómez Ramírez se encontraba en prisión preventiva dese hace cinco meses por un caso sobre tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas.

Tras la riña, la dirección del penal dispuso el aislamiento de seis personas privadas de libertad sospechadas de haber participado del asesinato.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público para los procedimientos de rigor y a la Policía Nacional.