A través de su cuenta en Twitter el ministro Víctor Ríos adelantó que presentará acciones legales contra el diputado Carlos Silva, quien lo acusó de participar en política partidaria.

El ministro quien cumplió un año en la máxima instancia, negó estar participando de actividades políticas partidarias y que la información difundida por el legislador es falsa.

“Toda afirmación sobre mi supuesta participación en actividades políticas es falsa. Iniciaré acciones penales en contra del diputado Carlos E Silva por sus acusaciones infundadas y absurdas que afectan mi honor personal y mis funciones como ministro CSJ” refirió Ríos en un tuit.

El diputado liberal Carlos Silva, no solo señaló al ministro de activar en política siendo ministro de la CSJ, sino que lo que acusó de ofrecer dinero a miembros de mesa.

Silva deberá demostrar sus dichos ante la justicia, debido a que el alto magistrado anuncia una querella contra el legislador por manchar su honorabilidad.

El director general de auditoría interna detalló este lunes al pleno de la Corte Suprema de Justicia cómo funcionarios corruptos del poder Judicial reimprimieron cheques para vaciar cuentas judiciales de particulares litigantes.

Miguel Basualdo, director general de auditoría interna del Poder Judicial, dio un informe pormenorizado de lo que detectó la auditoría practicada en la Contaduría de los Tribunales de donde desaparecieron 900 cheques y de qué manera los funcionarios infieles del Poder Judicial aprovecharon la vulnerabilidad del sistema para cambiar al titular natural de los cheques, para ellos embolsarse con los montos destinados a los verdaderos dueños de esas cuentas judiciales abiertas en litigios entre particulares.

“La auditoría integral tiene un antes y un después, en base a cierta desconfianza se le cambia a la jefa de la emisión de cheques, empezamos a trabajar y pensamos que era un problema procedimental, el auditor detecta indicios de pago de ciertos cheques que llamaron su atención, inclusive que estaban siendo pagados sin órdenes de pago que deben ser ordenadas por los juzgados”

“Empezamos a afilar los lápices y me hace una nota el auditor que ciertos directores en ese momento eran los que validaban y solicitaban los pagos de esos cheques y entonces pedimos la intervención de la Contaduría de los Tribunales los indicios fueron confirmados, tuvimos cierta colaboración, el tema fue que se realizaron la impresión de los cheques teniendo en cuenta las debilidades del sistema informático, cuentas antiguas, se cambiaban los beneficiarios reales por otras personas, eso hacían lastimosamente entre las personas que cobraban estos cheques se encontraban funcionarios del Poder Judicial” señaló Basualdo.

El caso ya se encuentra en poder del Ministerio Público que investiga el alevoso caso que implica a funcionarios judiciales infieles a su labor y que supuestamente ya fueron apartados del cargo. Del mismo esquema delictivo participaron auxiliares de justicia también según se informó.

Un agente penitenciario contratado intentó introducir marihuana en el Penal Regional de Concepción y fue detenido en el acto.

Mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, y la Policía Nacional, esta mañana fue detenido un agente penitenciario, cuando éste se disponía a ingresar a la Penitenciaría Regional de Concepción, con un bolso que tenía en su interior panes de marihuana prensada.

Se trata de Édgar Alberto Martínez Moreno, de 49 años, oriundo de Concepción. El mismo fue detenido en el lugar por agentes penitenciarios, luego de comprobarse el contenido del bolso. 

Personal policial y del Ministerio Público ya se encontraban en el lugar, pues ya se estaba realizando un seguimiento al funcionario, en base a datos proveídos por inteligencia penitenciaria. El mismo ya fue desvinculado de la institución, por tratarse de un personal contratado.

Este es uno de los tantos casos de corrupción con el que tropieza la administración carcelaria en nuestro país en la que los propios funcionarios se encargan de introducir en los penales las sustancias y objetos prohibidos.

El Senado aprobó este martes un proyecto de resolución por el cual son acusados cuatro agentes fiscales, por una negligente investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Por 26 votos, se aprobó acusar los fiscales Lorenzo Lezcano, Alicia Sapriza, Federico Delfino y Manuel Doldán por mal desempeño de funciones en el marco de la investigación del homicidio de su colega Marcelo Pecci.

La decisión asumida por la cámara alta será comunicada al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde se había presentado inicialmente la denuncia que hoy se convierte en acusación contra los fiscales, por supuestamente incurrir en mal desempeño en el marco del proceso abierto por el asesinato del fiscal Pecci, asesinado en Colombia por el crimen organizado.

En la acusación se señala que los agentes fiscales citados, no han realizado actos investigativos propios en esta etapa de investigación tras la requisa de aparatos celulares de distintas cárceles de nuestro país durante los allanamientos practicados tras el trágico asesinato de Pecci.

Hasta el momento no se ha accedido al contenido de los teléfonos celulares incautados incluyendo la de Kassen Hijazi, de quien también se incautó numerosos celulares cuyos contenidos se desconocen.

El JEM deberá iniciar la investigación referente a los cuatro agentes fiscales que, a su vez tendrán la oportunidad de defenderse dentro de este proceso para que luego el Jurado emita su sentencia respecto a los afectados. La sanción más grave a la que se exponen los fiscales es la destitución.