La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados (Senabico) ha enfrentado obstáculos significativos en su intento de vender los bienes pertenecientes a personas vinculadas al crimen organizado. Las solicitudes de venta anticipada de estos activos no han logrado materializarse debido al rechazo de los jueces por diversas razones.

El asesor jurídico de la Senabico, Gonzalo García de Zúñiga, expresó a Judiciales NET que se encuentran imposibilitados de llevar a cabo la venta de múltiples bienes en casos relacionados con el crimen organizado. Estos activos representan un gasto considerable para la secretaría mes tras mes y podrían perder su valor adquisitivo si la demora y la falta de justificación por parte de la justicia para la venta continúan. García de Zúñiga destacó que los jueces, especialmente los de garantías, se niegan a habilitar la venta anticipada de dichos bienes.

«Cuando el Ministerio Público acusó en el caso ‘A Ultranza’, todos los bienes fueron puestos a disposición de los tribunales», señaló Gonzalo García de Zúñiga.

En particular, se menciona el caso en el que la Senabico buscó la venta anticipada de un yate y 300 cabezas de ganado relacionados con una estructura criminal transnacional desarticulada en el operativo ‘A Ultranza’. Sin embargo, hasta el momento, los esfuerzos han sido infructuosos, ya que la jueza encargada del caso rechazó la solicitud argumentando que los bienes no estaban a disposición del juzgado.

García de Zúñiga afirmó que la jueza Rosarito Montanía, a cargo del caso ‘Ultranza’, rechazó la solicitud de venta anticipada alegando que los bienes no se habían puesto a disposición del juzgado. Sin embargo, el Ministerio Público asegura haber puesto todos los bienes a disposición de los tribunales en el momento de la acusación.

Entre las causas afectadas en las que se han rechazado las solicitudes de venta anticipada o que aún no han sido resueltas, se encuentran: ‘A Ultranza’, el hato de ganado de la empresa San Agustín, un vehículo en el caso de Nicolás Vázquez Cano, cinco yates en la causa de Miguel Ángel Servín, una lancha en el caso de Julio César Duarte, otra embarcación en el caso ‘A Ultranza’, bienes muebles en el caso de Narciso Ayala, el hato ganadero de Hugua Guasu, y un edificio en el caso de Julio César Duarte, además de otros cinco colectivos en el caso ‘A Ultranza’, que el juzgado se negó a recibir, según afirma el asesor.

La Senabico continuará enfrentando dificultades para vender los bienes relacionados con el crimen organizado mientras los jueces no autoricen la venta anticipada, lo que representa un desafío significativo para las autoridades encargadas de la administración de activos incautados.

En una noticia de gran relevancia para el ámbito político y judicial, el juez especializado Gustavo Amarilla realizó una comunicación este lunes a la Cámara de Diputados, en la que comunica la imputación y solicita el desafuero del diputado Erico Galeano. La imputación contra Galeano está relacionada con su presunta colaboración con el crimen organizado, específicamente por cargos de lavado de dinero y asociación criminal.

En su nota, el magistrado Amarilla expone la necesidad de remover la inmunidad parlamentaria del legislador, con el objetivo de permitir que avance el proceso penal en su contra. Según las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, se sospecha que Galeano no solo habría prestado su avioneta a los líderes de la organización criminal, sino que también habría participado en el lavado de dinero proveniente de los servicios prestados a Miguel Insfrán, conocido como «Tío Rico», y Sebastián Marset.

La solicitud de desafuero por parte del juez especializado pone de manifiesto la gravedad de las acusaciones contra el diputado Galeano y la importancia de que se garantice un proceso judicial justo e imparcial. La remoción de fueros parlamentarios permitiría que la justicia avance sin obstáculos y lleve adelante las investigaciones correspondientes.

Además, el Ministerio Público ha solicitado la aplicación de la prisión preventiva, considerando tanto la expectativa de pena a la que se expone Galeano como su poderío económico. Estas medidas demuestran la seriedad con la que se aborda este caso y la determinación de las autoridades judiciales para combatir la criminalidad y la corrupción.

Ahora corresponderá a la Cámara de Diputados evaluar la solicitud de desafuero y tomar una decisión al respecto. La decisión que se tome tendrá un impacto significativo en el desarrollo del proceso penal y en la imagen de la institución legislativa. La sociedad espera que las instituciones actúen con responsabilidad y transparencia, asegurando que se respeten los principios fundamentales del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad.

La jueza Nancy Karina Adorno, con vasta experiencia en el ámbito judicial, ha sugerido posibles soluciones para paliar el colapso de juicios en la circunscripción de Central, que se encuentra saturado de casos en etapa de juicio oral.

Su propuesta se centra en la creación de dos nuevos tribunales de sentencia, cuyos cargos de jueces serían llenados mediante un concurso público, con el objetivo de establecer dos tribunales permanentes adicionales. Actualmente, estos tribunales se componen de jueces comisionados sin perjuicio de funciones, encargados de atender los casos de acción privada.

Según la jueza Adorno, existen tres opciones inmediatas de contingencia para abordar esta problemática. En primer lugar, se podría designar jueces permanentes para estos tribunales mediante un concurso llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura. Esta medida garantizaría una mayor estabilidad y continuidad en la administración de justicia.

“Se podría paliar un tanto el colapso de juicios en Central, si los dos nuevos tribunales de sentencia creados por ley se llamaran a concurso los cargos de jueces y de esa forma se tendría dos tribunales permanentes más. Actualmente esos tribunales están integrados por jueces comisionados sin perjuicio de funciones y para atender los casos de acción privada” dijo.

En segundo lugar, se plantea la posibilidad de comisionar a los actuales magistrados que integran estos tribunales, permitiéndoles ejercer sus funciones de manera exclusiva en la región de Central. Esta medida, garantizaría una atención más eficiente de los juicios de acción penal público en un tiempo más corto.

Además, la jueza Adorno sugiere que los seis tribunales de esta circunscripción se desafecten de los juicios de acción privada, enfocándose exclusivamente en los casos de acción penal público, tal como ocurre actualmente en Capital.

Hasta la quincena de mayo, se registraron 362 expedientes sorteados en la región de Central, reflejando la urgente necesidad de implementar medidas para hacer frente a esta situación.

La propuesta de la jueza Adorno busca mejorar la capacidad de respuesta judicial en Central, brindando una solución efectiva al colapso de juicios y garantizando una administración de justicia más ágil y eficiente en Central.

El defensor público en lo penal Carlos Arce, comentó que, al ampliar la expectativa punitiva para el procedimiento abreviado, será de mucho beneficio para descomprimir el sistema penal, al igual que para disminuir la cantidad de personas privadas de libertad sin condena.

Habló sobre la importancia de la ley de procedimiento abreviado, recientemente vetada por el Ejecutivo que amplía a 12 años la expectativa de pena para el beneficio de una salida alternativa al juicio oral.

Señaló que esta ley no está creada para beneficiar a corruptos o violadores, sino que está pensada para beneficiar al sistema penal y ayudar a descomprimir el saturado fuero.

Reiteró que el proyecto de ley no está diseñado para beneficiar a ciertas personas, sino que está pensada para beneficiar al sistema penal, e incluso a las personas sometidas a procesos por hechos punibles que no deberían llegar a juicio oral ya que permitirá en esta etapa realizar la expectativa punitiva y acelerar una condena.

“No se busca la impunidad, muy por el contrario, se busca una condena en tiempo más corto. Hace tiempo que los operadores del sistema esperábamos la modificación de esta herramienta que permitirá obtener una respuesta mucho más rápida a los conflictos” subrayó Arce.

Mencionó que el procedimiento tiene sus reglas y siempre tendrá el control jurisdiccional, y las partes deben consensuar los años de cárcel dependiendo del hecho punible imputado, lo que ya contempla en C.P.P. en la actualidad en sus artículos 420 y 421.

La ley que modifica el procedimiento abreviad volvió al Congreso donde debe ser levantado el veto, para lograr su implementación.

El perito del Ministerio Público, Javier González, reconoció durante el contra examen de la defensa, que los datos que usó como fuente para su pericia no son fiables. El hecho quedó registrado mediante la grabación del juicio oral que se transmite por TV Justicia.

En la oportunidad, González, estaba siendo interrogado por el abogado Guillermo Duarte, quien le consultó por qué asignó un número mayor de ganado como patrimonio de Miguel Cuevas y como llegó a la conclusión, de 206 cabezas de ganado, cuando en realidad eran solo 109, fue en ese momento que el perito reconoció que los datos que usó como fuentes de su trabajo pericial, no eran fiables.

“A lo largo de todo mi informe he enfatizado que no encuentro consistencia en las fuentes de información. Los montos por un lado de las declaraciones juradas con las guías de traslado que se incluyen en la planilla no son consistentes. Los montos que se incluyen aquí no son fiables” dijo Javier González.

Ante esta situación la defensa se agravió y agregó que, el mismo perito restó ingresos a Miguel Cuevas por G 625 millones en base a evidencias que no puede mencionar, porque el tribunal le prohibió. Según la defensa usó como evidencia las actas de declaración testimonial que no son pruebas, y descartó pagarés originales. El trabajo pericial que se desarrolla en el juicio fue excluido en la etapa preliminar ante el cuestionamiento de la defensa ya que no participaron de su elaboración y sostienen que se hizo a su espalda. El tribunal incluyó la prueba en el debate oral a pedido del fiscal de la causa, Luis Piñánez.

El Ministerio Público, asevera que Miguel Cuevas, realizó adquisiciones que superan considerablemente su legítima posibilidad económica por un valor de 5 mil 594 millones de G. 

Además, el fiscal de la causa Luis Piñánez, pide el comiso por G 5 mil 594 millones monto que según la fiscalía probó se enriqueció el funcionario público.

El defensor público Adrián Arévalos comentó a nuestro medio que las 29 Unidades Penales Ordinarias de Capital no dan abasto con la cantidad de causas que reciben. Actualmente hay 27 defensores públicos penales para cubrir todas las intervenciones.

Menciono que en Sede Uno hay 21 Unidades Fiscales; en la Barrial N° 1, Barrial N° 2, Barrial N° 3, Barrial N° 5, Barrial N° 6, Barrial N° 7, Barrial N° 8 y Barrial N° 9, en total, tienen aproximadamente 23 Unidades Fiscales; sumado a el Sector Uno, donde hay 6 Unidades Fiscales, Además están las 14 Fiscalías Especializadas donde están aproximadamente 56 Unidades Fiscales. Esto sin mencionar los Juzgados de Garantías y Tribunales de Sentencia.

Señaló que el año pasado hasta mayo, ingresaron 1.512 pedidos para designación de defensor público, sin embargo, esta cantidad refiere a los pedidos que llegan mediante oficios o poderes a mesa de entra, y que, con las intervenciones del turno, en el año 2023, ha aumentado las intervenciones de la Defensa Pública en las distintas etapas del proceso penales. La cantidad de personas asistidas aumento cuatro veces más desde el 2019.

Dijo que se encuentran sumamente preocupados debido a que temen que el servicio eficiente que acostumbran a dar a los justiciables representados por la defensa pública sufra una caída ante la desbordante situación que soportan con la actual carga laboral, en Capital.

Acotó que con la situación actual les cuesta más sentarse a elaborar una estrategia de defensa acabada en cada caso, debido a que deben tratar de dar abasto en todos los casos donde ya ejercen la representación, así como en aquellos casos donde son convocados por un tribunal o un juez de garantías ante el abandono de las defensas.

“Trabajamos bajo mucha presión por la inmensa carga laboral que tenemos” subrayó.

Agregó que si bien las autoridades de la Defensa Pública como la Defensora General, Lorena Segovia y el Adjunto Penal, Cesar Cañete, realizan todos los trámites pertinentes para poner defensores de apoyo y recientemente se reasignaron defensores para Asunción, la solución pasa por contar con más defensores penales en Capital y eso ya es una cuestión presupuestaria y de capital humano, se requiere de nuevos rubros, institucionalmente se está trabajando en ello.

La cantidad de defensores públicos se vio disminuida porque algunos optaron por acogerse a la jubilación, otros salieron para ejercer la profesión de forma privada o han sido nombrado como jueces mediante concurso público.

Reiteró la preocupación por parte de los defensores penales de Capital, quienes tratan de cumplir con sus obligaciones de manera pulcra y eficaz ante el nivel de causas que llevan adelante. Señalo que también se debe ver el esquema de trabajo con el Poder Judicial para manejar con mediana capacidad sus agendas.

Por último, menciono que parte de la solución está en el Consejo de la Magistratura, que debe estudiar las ternas de los cargos vacantes. también ayudaría disponer de un programa de gestión interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Defensa para no tener superposición de audiencias, o que las audiencias se fijen una vez que la defensa pública tome intervención, igualmente, es necesario crear más cargos para Defensores en Capital que solo se puede dar con una ampliación presupuestaria.

La defensa pública es uno de los pilares fundamentales para el Estado de Derecho y el modelo republicano, si no removemos los obstáculos que atenten contra la igualdad de oportunidades que deben tener todos los ciudadanos ante el ejercicio del poder punitivo del Estado, no se podrá avanzar como sociedad.