La jueza Rosarito Montanía rechazó el pedido de revisión de la prisión preventiva solicitado por la defensa de Miguel Insfrán alias Tío Rico, que buscaba mejorar sus condiciones de reclusión.

El abogado Álvaro Arias señaló a ABC TV que solo buscaban con el pedido mejorar la habitabilidad en la cárcel militar de su cliente Miguel Insfrán, recluido en Viñas Cue.

“No Solicitamos su traslado a otro penal, ni cambiar la prisión por otra medida menos gravosa, solo mejorar las condiciones de habitabilidad y cambiar las restricciones con que cuenta en la prisión. La jueza rechazó el pedido más allá de la buena conducta del señor, seguramente vamos a apelar esta decisión”, señaló el defensor de Tío Rico el doctor Álvaro Arias.

Miguel Insfrán alias Tío Rico es considerado por el Ministerio Público como el líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de droga y lavado de dinero. Organización que fue desarticulada con el operativo A Ultranza.

Tío Rico, cuenta con una medida de prisión especial en la cárcel militar, como el uso de un teléfono celular entregado y monitoreado por el juzgado, tiene horario restringido para las visitas, así como su salida al patio y tiene prohibido conversar con otros recluidos en dicho penal.

En principio los defensores entraban por separado, situación que fue revertirá por la magistrada que entiende en la causa y ya pueden ingresar junto al procesado de manera conjuntamente sus defensores.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

El tribunal de sentencia presidido por la magistrada María Luz Martínez, sentenció a 15 años de cárcel por abuso sexual, sin coito, a un hombre que abusó sistemáticamente de su sobrina por cinco años, a la vez el tribunal aplicó 5 años de medida de seguridad por la gravedad del hecho probado en juicio por el agente fiscal Rogelio Ortuzar.

El fiscal Ortuzar explicó a Judiciales Net, que llevaron al debate público numerosos elementos documentales, además del testimonio de la niña por lo que hecho punible de abuso sexual en niños quedó probado con creses.

“El autor tiene antecedentes por abuso sexual, es un pedófilo, es por ello que se aplicó la pena de 15 años, que es la pena máxima por abuso sexual en niños, sin coito. A la vez se le impuso la medida de seguridad de cinco años en base a sus antecedentes, es una persona que podría volver a cometer un hecho punible similar, por principio de prevención general y en resguardo de la sociedad se le impone esa medida”, señaló el agente fiscal del caso que llevó adelante una investigación eficiente y pudo concluir de esta manera.

Acotó que el caso es atroz por todas las situaciones a la fue sometida la pequeña niña por un tío por varios años. El caso hoy, llegó a su fin con esta condena. La niña víctima de esta triste situación hoy cuenta con solo 11 años.

El agente fiscal agregó que, con la medida de seguridad aplicada al hoy condenado, le impide a que sea beneficiado a futuro con la libertad condicional u otro beneficio y deberá compurgar íntegramente los 15 años de prisión más los cinco años de medida de seguridad.

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por María Luz Martínez (presidente), la jueza Celia Salinas y Darío Javier Báez.

El pastor de iglesia José Insfrán imputado en la causa A Ultranza se presentó este jueves ante la unidad de lucha contra el narcotráfico. El hombre es considerado por el Ministerio Público uno de los integrantes más importantes del esquema de tráfico internacional de droga y lavado de dinero al igual que su hermano Miguel Ángel Insfrán alias Tío Rico recluido en Viñas Cue.

El pastor dijo a ABC Cardinal que no tiene ninguna riqueza, que es víctima de una persecución política y que la causa es un invento del agente fiscal Deny Yoon Pak.

Según comentó su abogado, José Insfrán nunca abandonó el país, lo que demuestra una vez más que en Paraguay el que tiene un caudal económico importante puede permanecer mimetizado en la sociedad, el tiempo que quiera.

Este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.

Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.

El próximo 22 de noviembre, Paraguay será sede del primer seminario ‘Desafíos en la Investigación de la Criminalidad Económica’ y tendrá como exponentes a destacados juristas extranjeros expertos en el manejo de la criminalidad compleja, como los principales panelistas.

El espacio es propiciado por el Centro de Estudios Judiciales, CEJ, preocupados por el avance del crimen organizado y, en particular, la criminalidad económica que tiene sus complejidades para la persecución penal.

Según explicó la directora ejecutiva del CEJ, María Victoria Rivas, es fundamental dotar al Ministerio Público de las herramientas necesarias para estar a la vanguardia y tener resultados efectivos en el combate de la criminalidad económica, que de por sí es compleja.

Comentó que la tecnología debe ser una de las aliadas del Ministerio Público de Paraguay y se debe lograr la introducción de pruebas digitales. Estos son los aspectos que serán abordados en este seminario internacional con expertos y profesionales con experiencia en la investigación compleja, explicando cómo avanzaron en sus respectivos países y cómo podemos adoptar esas experiencias para optimizar las investigaciones y que estas sean eficaces en nuestro país.

Agregó que, «Paraguay necesita trabajar en el desarrollo de sus datos para saber cómo se mueve el mercado de la criminalidad económica. Es un mercado en permanente movimiento y utiliza los medios tecnológicos más frecuentemente que otros mercados criminales. Creemos que el Ministerio Público necesita analistas y datos actualizados para mejorar su persecución penal, que sea estratégica y llevar adelante exitosamente estos casos tan complejos», subrayó María Victoria Rivas a Judiciales Net.

La cita imperdible será libre y gratuita, por ende, los cupos son limitados. Arrancará la próxima semana a las 17:30 del 22 de noviembre en el Hotel Granados Park de Asunción, Estrella 480 c/ 15 de Agosto. La modalidad de la actividad será virtual y presencial; estos últimos recibirán un certificado por su participación.

La actividad está diseñada para investigadores pero es interesante para todos los profesionales penalistas que se mueven en fuero penal especializado.

El juez de Garantías Miguel Palacios convocó para el martes 28 de noviembre, a las 14:00, la audiencia preliminar para Reinaldo Javier «Cucho» Cabaña, el exdiputado colorado Ulises Quintana y los demás acusados por el caso Berilo.

Han transcurrido cinco años y hasta ahora no se ha superado la etapa de garantías en la causa debido a incidentes y recusaciones a los distintos jueces que han intervenido en el caso. Sumado a que el Ministerio Público, presentó la acusación, pero se dio por no presentada porque no fueron acompañadas las evidencias. La Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, confirmó que la acusación se presentó tarde y remitió el expediente a la fiscalía general para su acusación.

«Cucho» Cabaña fue acusado por la fiscalía de asociación criminal, tráfico y comercialización de estupefacientes, mientras que el diputado Ulises Quintana fue acusado de lavado de dinero y asociación criminal.

El operativo Berilo se llevó a cabo en distintos puntos de Alto Paraná en forma conjunta entre el Ministerio Público y la Senad en septiembre de 2018. En su momento, se detuvieron a más de 30 personas, pero posteriormente se descartó la participación de algunos, quedando un total de 24 personas involucradas en el proceso penal que deben enfrentar la audiencia preliminar.

En ese entonces, se realizaron diversas diligencias investigativas, incluyendo aproximadamente 20 allanamientos, en los cuales se incautaron 23 vehículos de lujo, 21 kilogramos de cocaína y dinero en efectivo por parte de los intervinientes.

Este miércoles debía realizarse la audiencia de imposición de medidas para el exagente del Ministerio Público Armando Cantero, imputado por intermediar por el narcotraficante Minotauro, según la fiscalía.

La diligencia quedó suspendida debido a que el procesado presentó una reposición contra la decisión del juez Humberto Otazú quien fijó la audiencia para este miércoles. El magistrado deberá resolver primero este incidente para luego fijar otra nueva fecha de imposición para el indiciado por colaborar para beneficiar a un narcotraficante.

Tanto Cantero como el exagente fiscal Hugo Volpe, fueron imputados por recibir un bolígrafo de G 5.000.000 que presuntamente les regaló el narco Minotauro, quien fue beneficiado con el archivo de su causa según el Ministerio Público.

Los tipos penales imputados son: cohecho pasivo agravado, soborno agravado, frustración de la persecución y ejecución penal por haber aceptado el “regalo” a cambio de favorecer al narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto alias Minotauro, archivando su caso.

El relato del Ministerio Público señala que fue el entonces fiscal Armando Cantero intermedió con su colega Hugo Volpe en una de las causas de Minotauro y este en agradecimiento les regaló el bolígrafo de alto valor.

Cuando saltó el escándalo de los bolígrafos en el 2020, Hugo Volpe se desempeñaba como viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia y fue obligado a dimitir por esta situación.

Igualmente, fueron imputados el abogado de Minotauro Edison Francisco Sánchez, quien tomó la defensa de Minotauro para lograr el archivo de su causa con el fiscal Hugo Volpe según los fiscales. Así también fue imputada la esposa de Minotauro, Maria Alciris Cabral.

“La imputación de los hechos se funda en los elementos obtenidos en el marco de la presente investigación, con base en el análisis de la información que proporcionó del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de la República Federativa del Brasil, cuyo resultado permitió sumar elementos de sospecha respecto a la ocurrencia  de hechos que serían punibles, y respecto a la participación de Hugo Carlos Volpe Mazo, Edison Francisco Sánchez Benítez, María Alciris Cabral Jara y Armando Martín Cantero Fassino en el desarrollo de estos”, reza parte  del relato de hechos del Ministerio Público.

FOTO: ABC Color.

La Corte Suprema de Justicia podría iniciar un plan piloto en las circunscripciones judiciales del país inicialmente para tratar de descomprimir la carga laboral de los jueces de sentencia que se encuentran saturados de juicios.

El poner relatores a los tribunales de sentencia busca en cierta medida que los relatores redacten las sentencias a los jueces como para agilar los casos y cumplir con los plazos procesales obligatorios, la propuesta surgió de una reunión entre magistrados y abogados de San Juan Bautista Misiones con el ministro Víctor Ríos.

La iniciativa fue muy bien recibida por la presidenta de la Sala Penal, la ministra Carolina Llanes quien señaló que existen varias propuestas en estudio en los gabinetes de los ministros entre ellos la de la crear una agenda común entre los integrantes del tribunal de sentencia, fiscalía, defensa pública y privada para evitar superposición de audiencias y suspensión por imposibilidad de comparecencia de las partes.

A la Corte Suprema de Justicia le preocupa no solo la posibilidad de que los jueces en algún momento se vean imposibilitados de cumplir los plazos, también el nivel de concentración de concentración que requieren los magistrados para cada caso y así emitir un juicio de valor ajustado a cada caso.

La saturación del sistema penal en la etapa de juicios orales es un problema que vienen arrastrando hace años los tribunales ordinarios y especializados quienes desarrollan hasta tres a cuatro juicios por día en diferentes causas.

En Capital la problemática de saturación es aún más pronunciada por la cantidad de procesos que llegan a esta instancia y que no solo dificulta la tarea de los tribunales sino de las partes que deben entrar y salir de un juicio a otro también en tres a cuatro audiencias por día y en un inérvalo de horas entre una y otra.

La jueza Cynthia Lovera explicó que se cumplen todos los requisitos para decretar la prisión preventiva del músico Pablo Benegas imputado por abuso sexual en niños. El hombre compareció este martes ante la jueza para su audiencia de imposición de medidas y se decretó su prisión.

La magistrada agregó que, si bien se dispuso su traslado a Tacumbú, deja a cargo de Institutos Penales decidir donde cumplirá el procesado la medida dispuesta por su juzgado.

Benegas está sospechado de haber abusado de dos niñas en estado vulnerabilidad, incluso existe la sospecha de que las niñas fueron dopadas antes de ser sometidas por el cantante, Pablo Benegas.

El Ministerio Público tiene la obligación de esclarecer el caso y llegar hasta las últimas personas que podrían tener participación en este hecho ya que se habla de una red de pedofilia que estaría involucrada con Benegas. La investigación debe ser la más pulcra y eficiente para evitar que casos como este se repitan por parte inescrupulosos que fungen de artistas.

El terrible caso es observado con alarma y preocupación por parte de la población que no encuentra explicación a una conducta tan reprochable por parte de un adulto hacía niñas indefensas.

La rápida intervención de las autoridades permitió incautar evidencias que servirán para probar el hecho que no debe ser un caso más para la terrible estadística. Diariamente se denuncia hasta diez casos de abuso sexual por día y en su mayoría ocurren en el entorno familiar o por complicidad de ella.

FOTO: ABC Color.

La defensa del acusado Gustavo Acosta expuso este martes sus alegatos finales en el marco del juicio oral y público que realiza por el ingreso presuntamente irregular de 50 camas para terapia intensiva en época de pandemia.

Eduardo Franco defensor de Gustavo Acosta señaló que el Ministerio Público, como acostumbra, alega hechos pero no los prueba, lo que los obliga como defensa a probar que su cliente es inocente cuando es la fiscalía la que debe romper el estado de inocencia que en el caso de Acosta no fue quebrantado.

Franco, sostuvo que no existe el hecho punible de contrabando respecto a su cliente, quien por el cargo que ostenta de subadministrador de Aduana en el aeropuerto Silvio Petirrossi no tiene la potestad de permitir el ingreso de mercaderías alegada por la fiscalía que ingresaron de manera irregular.

Señaló que Acosta solo hizo su trabajo y está sentado afrontando un proceso por haber firmado dos providencias en expedientes ya abiertos, por ende, lo que corresponde ante la orfandad probatoria es la absolución.

Por su parte la abogada Josefina Aghemo presentó sus alegados finales respecto al acusado Guillermo Molina también funcionario de Aduana en el aeropuerto internacional, quien según mencionó, no tiene tan solo una ficha de investigación por no considerarse que se haya incurrido en un hecho irregular por parte del funcionario, nunca fue sumariado, agregó.

“En el caso de Guillermo Molina como administrador de la dirección de Aduanas, cumplió a cabalidad lo que establece el manual para dicho cargo, hizo la verificación, dio participación a cinco divisiones para la salida de las mercaderías, con la salvedad de que esas mercaderías salían bajo un condicionamiento”, afirmó la abogada defensora Josefina Aghemo.

Agregó que existe una insuficiencia probatoria inmensa, sin que el Ministerio Público a lo largo de los siete meses de juicio, haya podido individualizar una sola conducta atribuida a Guillermo Molina, por ende, corresponde su absolución.

Para ambos funcionarios el Ministerio Público requirió en su momento cinco años de cárcel, por presuntamente colaborar con el Clan Ferreira.

El juicio oral y público continuará el próximo 21 de noviembre a las 7:30 horas, según lo decidido por la presidenta del tribunal, la jueza Elsa García.