El tribunal de sentencia, presidido por la jueza Yolanda Morel, absolvió a Mario Vega, extitular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), acusado de presunto cohecho pasivo agravado, asociación criminal y cobro indebido de honorarios.
Para el tribunal de sentencia, no se probó en juicio el pedido de coima que se le atribuyó al entonces presidente del Indert, acusado junto con otros exfuncionarios de solicitar una coima de unos 200.000 dólares para adjudicar tierras en el Chaco. El hecho se registró en noviembre del 2018.
El caso está relacionado con un pedido de 200.000 dólares para la adjudicación y titulación de 16.000 hectáreas en el Chaco. Para el tribunal de sentencia, no se probó lo acusado por el Ministerio Público y decidió absolver de reproche y pena a Vega, así como a los funcionarios José Clerch y Patricia Báez.
El tribunal de sentencia que juzga el caso está presidido por la jueza Yolanda Morel y lo integran las juezas Elsa García y Claudia Criscioni. La fiscalía estuvo representada por el fiscal Luis Said, quien no pudo probar los extremos acusados por el Ministerio Público.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recibió 1,370 expedientes nuevos durante el 2023, de los cuales se dictaron 1,127 resoluciones, incluyendo autos interlocutorios y sentencias, según el informe de gestión emitido por esta Sala.
En el transcurso del año pasado, la Sala Civil y Comercial emitió 1,127 resoluciones, que abarcaron autos interlocutorios, acuerdos y sentencias. Además, se recibieron 1,370 nuevos expedientes y se elaboraron 3,560 providencias. Igualmente, se sortearon 625 expedientes entre los ministros, y se llevaron a cabo 3 auditorías para garantizar la transparencia.
Cabe destacar que desde el pasado 19 de diciembre, esta Sala de la CSJ también opera con el Expediente Judicial Electrónico y emitió la primera providencia digital.
El informe también destaca que en el 2023 se realizaron 20 transmisiones en vivo de los sorteos de preopinantes a través de la plataforma TV Justicia, una medida que busca brindar mayor publicidad y certeza respecto a la asignación aleatoria de casos.
Con el objetivo de brindar un servicio cercano y directo a los usuarios de justicia, se gestionaron consultas de más de 800 contactos a través de WhatsApp, una herramienta que ha demostrado ser de gran utilidad por su inmediatez y facilidad de uso.
En otro orden, juraron 23 nuevos ciudadanos paraguayos por naturalización y se tomaron 123 exámenes de conocimientos básicos a los interesados en obtener la nacionalidad paraguaya. Asimismo, se expidieron 221 certificados relacionados con procesos de naturalización.
Como se puede apreciar en las cifras detalladas, el alto compromiso de la Sala Civil y Comercial permitió el dictado de un importante número de resoluciones, al mismo tiempo que se avanzó en la implementación de mejoras en los procedimientos y la atención a los usuarios.
El tribunal de sentencia, presidido por el juez Federico Rojas, que condenó a 27 años de cárcel a Gregorio Papo Morales, envió los antecedentes del perito Miguel Ángel Cuellar Hoppe al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia debido a contradicciones en su testimonio e intentos de inducir al error al tribunal.
La sentencia íntegra fue entregada a las partes la semana pasada, y a su vez, el tribunal envió a la fiscalía todos los antecedentes relacionados con el informe escrito emitido por el perito y lo expuesto ante el tribunal de sentencia, donde cambió la versión de lo plasmado en su informe escrito. Según él, Papo Morales no podía discernir lo que hacía.
«El acusado Gregorio Papo Morales no es capaz de conocer la antijuricidad de sus hechos o determinarse», señaló en parte de su informe por escrito, pero vino a desdecirse ante el tribunal de sentencia.
El tribunal de sentencia entiende que el testigo pudo haber incurrido en la alteración de datos relevantes para la prueba y, con ello, intentar inducir al error al tribunal de sentencia que llevó adelante el juicio oral y público.
Igualmente, en el tipo penal de frustración de la persecución penal, por intentar impedir que otro sea condenado por un hecho que cometió, en este caso, el homicidio del joven Robert Marín.
También, el tribunal de sentencia envió todos los antecedentes del perito al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para deslindar todas las responsabilidades administrativas.
Además del juez Federico Rojas, integran el tribunal de sentencia los jueces Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza.
La jueza Rosarito Montanía resolvió elevar a la siguiente etapa de juicio oral el proceso abierto al narcotraficante Walter Galindo, quien presuntamente lideraba una red de narcotráfico a nivel local.
Galindo es considerado uno de los líderes del tráfico de droga en Central. Cuando fue detenido, se encontró en su posesión una agenda que detalla montos de pagos supuestamente destinados a la prensa, la Senad, autoridades judiciales, la «doctora» y otros.
Durante el allanamiento realizado en la vivienda de Walter Galindo, líder de la organización dedicada al tráfico de drogas a nivel local, según el Ministerio Público, se encontraron varias evidencias, como armas, dinero en efectivo, celulares y una agenda. Estas serán presentadas como pruebas durante el debate oral.
Esta agenda contiene diversas anotaciones, entre las cuales se encuentran montos de dinero. Aunque no especifica el concepto, se mencionan nombres de productos o referencias. El monto más alto figura a nombre de «Dra.» con 344 millones de guaraníes. Luego mencionan a un tal «dr.» con Gs. 68.800.000, «Prensa» con Gs. 34 millones 500 mil, «Dra. mejoramiento» con Gs. 48 millones, «Senad» con Gs. 15 millones, «Judiciales» con Gs. 11 millones 500 mil, entre otros.
Este esquema tiene la peculiaridad de contar entre sus integrantes con estudiantes universitarios de Derecho, Economía y uno de Ciencias del Deporte. Todos ellos también fueron procesados por tráfico de drogas y asociación criminal y afrontarán juicio oral junto a Galindo.
Hasta el momento, son 11 las personas detenidas, incluyendo a una mujer que sería la administradora del esquema y el líder, Walter Galindo, quien es el objetivo principal del Ministerio Público.
El Ministerio de la Defensa Pública prestó asistencia legal a unas 4.614 mujeres que sufrieron algún tipo de violencia. Los números corresponden solo a las asistencias brindadas durante el año pasado.
Según el informe de gestión actualizado a octubre de 2023, la Defensa Pública atendió el año pasado a 4.614 mujeres en todo el país. El Ministerio de Defensa Pública es una de las instituciones garantes de los derechos de las mujeres, especialmente aquellas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
La Defensoría Especializada ofrece orientación y representación legal de forma gratuita para todos los tipos de violencia contra la mujer tipificados en la Ley 5777. De los 4.614 casos, 787 han concluido sus procesos y 3.827 se encuentran en trámite ante las distintas instancias del sistema de justicia, como Juzgados de Paz, Juzgados Penales de Garantías y el Ministerio Público.
La institución se propone promover y garantizar los derechos de las mujeres proporcionando atención integral, con defensores y defensoras especializadas que son constantemente capacitadas. La atención a mujeres víctimas de violencia requiere funcionarios y funcionarias públicas idóneas, empáticas y con escucha activa.
La defensora general Lorena Segovia ratificó que en cuanto a violencia de género, el país está ante una emergencia. El propio Ministerio Público informa que la violencia contra las mujeres es el tipo penal más denunciado en 2023. Por lo tanto, resulta crucial que, desde el Estado, a través de sus diferentes instituciones, se impulsen políticas públicas que proporcionen respuestas integrales para garantizar la protección de las mujeres.
Segovia señaló que es importante asignar presupuesto a las diferentes instituciones para que las políticas públicas no queden en buenas intenciones y puedan ser ejecutadas eficientemente. Bajo su administración, la institución luchó y logró para este año un aumento del presupuesto para la creación de cinco unidades más de Defensoría Especializadas en la Ley 5777.
La ministra asegura que desde la institución a su cargo redoblan los esfuerzos para promover una atención especializada y empática, y recordó que está disponible la Línea 133, a través de la cual las mujeres encontrarán Defensoría Especializada en protección integral en todo el país.
Cabe recordar que las Defensorías Especializadas en la Ley 5777 fueron creadas en 2019, y en ese primer año asistieron a 476 mujeres. En cinco años, la cantidad de beneficiarias del servicio público ha aumentado exponencialmente, llegando el año pasado a 4.614 mujeres.
En cuanto a la gestión en general, la ministra destacó: «Nuestra misión es que las personas más desprotegidas se sientan representadas. Que seamos capaces de ser efectivos facilitadores en sus problemáticas judiciales. No un problema más. El acceso a la justicia es un derecho fundamental para el desarrollo de una vida más digna para las personas. Estoy convencida de que hicimos mucho, pero más convencida estoy de que tenemos mucho por hacer todavía», acotó Lorena Segovia.
Según los datos proporcionados por el Ministerio Público, los hechos punibles que lideran la estadística de casos son la violencia familiar y el hurto. Cifras que corresponden a denuncias recibidas de enero a noviembre de 2023.
El Ministerio Público registró 245,421 causas hasta el cierre de noviembre de 2023, es decir, aproximadamente 735 denuncias por día y 22,311 por mes, a nivel país. El hecho punible más denunciado hasta noviembre de 2023 es la violencia familiar con el 12.8%, hurto agravado con el 12.5% de las causas abiertas, seguido por el hurto con el 11.2%. Por otra parte, el 5.3% de las causas iniciadas este año corresponden al robo agravado y el 4.6%, por estafa.
Le siguen amenaza con el 3.8%, exposición al peligro en el tránsito terrestre con el 3.5%, lesión con el 3.1%, y año con el 3.1%, así como también Incumplimiento del deber legal alimentario (3.1%) y apropiación (3.1%).
Los Departamentos con más hechos registrados son Central, Alto Paraná, Asunción, Itapúa, Caaguazú y Cordillera. La violencia contra la mujer continúa siendo un problema social generalizado, atendiendo que ha escalado entre los primeros lugares de los hechos más frecuentes. Al tipo de violencia familiar se deben sumar aquellos hechos como coacción sexual, acoso sexual, estupro, algunos casos de maltrato físico, amenaza, tentativa de feminicidio (este hecho registra 42 víctimas) y feminicidio (este último tipo penal ha alcanzado 45 víctimas en el 2023).
Así cierran las cifras del Ministerio Público sobre lo que dejó el 2023 con las causas recibidas en todo el país.
Desde hoy inicia la Feria Judicial en todos los tribunales del país y con ello solo se tramitarán las cuestiones urgentes; rige durante todo el mes de enero el receso judicial.
La pausa en las labores del tribunal no aplica para los juzgados de Paz y el fuero penal especializado. Para el fuero de Paz, porque es el único juzgado que se encuentra en todo el territorio Nacional y porque atiende los casos de violencia contra la mujer y otras áreas sensibles. Igualmente, la del fuero penal especializado por la delicadeza de los procesos a su cargo.
Desde hoy solo tres ministros de la Corte Suprema de Justicia estarán trabajando en sus despachos como ministros de feria; ellos son los ministros Víctor Ríos, Luis María Benítez Riera y César Garay, quienes cumplirán funciones durante toda la feria.
El resto de los ministros se encuentran de vacaciones, pero se les autoriza de igual forma acudir al Poder Judicial sin cumplir formalidades en caso de que deseen ir a sus respectivos despachos.
El mes de enero es el receso de las actividades de los tribunales del país y es utilizado por los abogados litigantes, magistrados y funcionarios en general para disfrutar de sus merecidas vacaciones.
El equipo de fiscales conformado para indagar un supuesto caso de soborno respecto al exvicepresidente de la República Hugo Velázquez y el exdirector jurídico de la EBY, Juan Carlos requiere al juzgado desestimar la investigación.
Los fiscales Francisco Cabrera, Alma Zayas, Jorge Arce y Diego Arzamendia, solicitaron archivar la investigación abierta por e actúa fiscal general del Estado Emiliano Rolón, quien conformó este equipo de fiscales para indagar el caso, luego que los Estados Unidos lo hayan declarado significativamente corruptos por haber supuestamente haber ofrecido un soborno de 1 millón de dólares para frustrar una causa.
Los datos expuestos por el gobierno de los Estados Unidos no reportan elementos concretos, que permitan iniciar el proceso, ni para reconstrucción de los hechos”, señala parte del dictamen del Ministerio Público.
Los investigadores concluyen que no pueden construir una causa en base a la comunicación realizada por la Embajada de EE.UU. ya que no constituye un elemento de prueba.
Esta causa fue abierta a raíz de los hechos emergentes de las comunicaciones realizadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su Embajada en Paraguay.
La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, AMJP, realizó un donativo consistente en alimentos no perecederos para dos entidades que brindan asistencia a niños de escasos recursos y a personas de la tercera edad.
En ese sentido, fue beneficiado el Hogar de Ancianos Juan Pablo II de Caazapá, donde fueron donados alimentos no perecederos y productos de limpieza. En representación de la AMJP hicieron entrega el defensor público Jorge Sales Altamirano y la jueza Corina Paiva Duarte. En representación del Hogar estuvo presente su directora, Adela Sarubbi Gamarra.
Igualmente, el Comedor “Chiquitunga” de Limpio recibió similar obsequio por parte de la AMJP. Los presentes fueron recibidos por la responsable de la institución, Alexandra Ramírez. Ambas entidades de ayuda social se encargan de asistir a niños y a adultos mayores de escasos recursos económicos. Coordinaron las entregas de las donaciones, el presidente de la AMJP, el camarista Ángel Daniel Cohene González; el vicepresidente primero, el fiscal adjunto Roberto Zacarías y las magistradas, Liz Cañete y Elsa Idoyaga.
Es importante aclarar que estas donaciones se realizaron gracias a la colaboración de los socios, quienes disputaron el tradicional partido benéfico en el estadio del Club Cerro Porteño, el pasado 15 de diciembre.
Según el informe de gestión del Ministerio de la Defensa Pública, en el fuero penal se encuentran asistiendo a unas 16.522 personas privadas de libertad, de las cuales 5.200 tienen condena y 11.322 están con prisión preventiva.
Así también la Defensa Pública brinda asesoría legal a unas 60.861 personas que no se encuentran en prisión, pero afrontan un proceso penal abierto.
La Defensa Pública ejerce la representación de las personas adultas imputadas y acusadas en procesos penales, que no cuentan con asistencia jurídica privada.
De enero a octubre de 2023 ingresaron 10.702 nuevas causas de personas adultas y mayores. En el mismo periodo también tomaron intervención en 349 nuevas causas que involucran a adolescentes.
De enero a octubre de 2023 la defensa pública penal de todo el país obtuvo un total de 2.986 libertades.
Según refirió la autoridad máxima de la institución, la doctora Lorena Segovia, es posible una Defensa Pública de calidad y es lo que han reflejado desde el 2019 año en que inició su gestión como defensora general.
La Defensa Pública también brinda asistencia legal en otros fueros sensibles como Niñez, violencia hacia la mujer, adultos mayores, civil, laboral y otros sectores vulnerables.
