La viceministra de la Niñez y Adolescencia Verónica Arguello, fue tajante al señalar que acompañarán el crecimiento de la niña de cinco años que sobrevivió tras ser introducida a un tambor con cloro por sus propios padres, según la imputación fiscal.

Arguello, dijo que criar a la niña que ha vivido una situación extrema como esta, debe tener un cuidado no solo de atención física, sino una contención emocional para seguir adelante y que como Estado pondrán todos los servicios de soporte para que la niña crezca en un ambiente sano.

“Nosotros como Ministerio de la Niñez nos pusimos en contacto inmediatamente al conocer la situación con las demás instituciones que llevan el caso a los efectos de poner a disposición el equipo que tenemos para realizar este tipo de acompañamientos. Nosotros vamos a estar apoyando esto ya a pedido del juzgado de la Niñez con el fortalecimiento con la familia ampliada que va a tener una tarea desafiante porque, en definitiva, aparte de los cuidados físicos, van a tener que seguir un tratamiento psicológico, es muy fuerte esta historia”, acotó la viceministra Verónica Arguello a ABC TV.

Por otro lado, comentó que, desde el Ministerio de la Niñez, van a insistir en la prevención para que los padres entiendan la responsabilidad en la crianza de los hijos, que deben ser cuidadores responsables y protectores y que tanto los padres como madres son responsables de la crianza de los hijos.

La jueza de la Niñez y Adolescencia de Luque Pili Rodríguez, durante una entrevista con ABC TV, habló del presunto caso de filicidio en Luque, mencionó que los padres y la ciudadanía en general debe dejar de normalizar el castigo físico o trato humillante como medio de crianza de los hijos.

Comentó que ante la mínima sospecha de violencia hacía la niñez, los vecinos deben actuar para minimizar el daño que sufren los niños que en muchos casos ya es irreparable.

Por otro lado, la jueza Rodríguez habló de la responsabilidad primaria que tienen los padres es el deber de cuidado al criar a sus hijos que desconocen el peligro al que pueden exponerse.

“En Niñez y Adolescencia ya no se repara el daño causado en su totalidad, hablo del deber de cuidado en este caso porque los padres se dedican a tratar agua, y si tengo hijos pequeños debo prevenir, en este caso sabiendo ellos el material con el que trabajan, debieron prever. No hay que normalizar el llanto, hay que reaccionar y actuar, ante el mínimo hecho debo actuar para que la instancia respectiva pueda a su intervenir desde el vamos y que no sea demasiado tarde”, refirió la magistrada Pili Rodríguez.

La jueza también destacó la importancia de escuchar a los niños víctimas de una situación, ya que la voz de la pequeña de cinco años en este caso fue fundamental, al comentar a los profesionales las cosas que venía pasando con ella y su hermanito ya fallecido en su propia casa y por qué no quería regresar con sus padres.

Por último, dijo que los padres que cometan un hecho punible respecto a los hijos se exponen a la suspensión o pérdida definitiva de la patria potestad. Este caso en particular podría constituir en la pérdida definitiva de la patria potestad.

La Policía Nacional encabezó un procedimiento en el Penal de Emboscada, de donde fueron incautados cerca de 50 aparatos celulares con sus cargadores.

La intervención se realizó en coordinación con el director del Penal de Emboscada, conjuntamente con un grupo de guardia cárceles y con apoyo externo de la Policía Nacional, efectivos tácticos GEO de Cordillera, Prevención y Seguridad de la dependencia jurisdiccional.

Se llegó a distintos pabellones del Penal de Emboscada de donde se incautó, los aparatos celulares, cargadores, auriculares, plantas de hierba supuesta marihuana, así como armas blancas.

Tras un operativo en el barrio Villa jardín de Limpio, la Senad logró incautar más de 15 kilos de droga que se pretendía distribuir en el Departamento Central.

Es la primera intervención grande de la Senad en el 2024 contra el microtráfico, según informan desde la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad. Hay una persona detenida que es la propietaria de la vivienda allanada en Limpio.

Se trata de Armando Acosta Mendoza de 44 años, quien ocultaba en su casa unos 15 paquetes de crack, que totalizan 15 kilos 495 gramos de la mercancía ilícita que se pretendía comerciar en Central.

El hombre ya se encuentra a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se presentaría la imputación por comerciar con estupefacientes.

Las fiscales Nathalia Silva y Claudia Aguilera presentaron la apelación especial contra la sentencia que absolvió al exfiscal general del Estado Javier Díaz Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente.

El Ministerio Público sostiene que el tribunal de sentencia dejó sin pruebas a la fiscalía al excluir la declaración de los veterinarios Gregorio Presentado Prantte y Gregorio Presentado Benegas, quienes iban a explicar un aspecto fundamental debatido en juicio respecto al negocio de la ganadería que es una actividad a la que los absueltos mencionaron se dedicaban lo que no pudo ser presentado en juicio ya que el tribunal dejó pasar la potestad de control horizontal, al no incluir esta prueba.

La fiscalía reitera que, que la declaración de los veterinarios fue admitida en el proceso de forma lícita no como lo afirmó el juez Darío Báez que incluso dijo que se violó derechos de la defensa, sin argumentar de qué forma el Ministerio Público vulneró los derechos humanos de los procesados o la defensa.

Con la exclusión del informe y declaración de los veterinarios, “se violó la libertad probatoria, el documento fue admitido en un acto puro de investigación”, señala parte de la apelación.

Así también el tribunal no consideró el informe de la empresa Eleos S.A, dicha empresa afirmó que no existió pago alguno por la venta de ganado, una prueba contundente contra Javier Díaz Verón, sobre la inconsistencia en su patrimonio declarado y percibido.

Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que, el tribunal incurrió en vicios al momento de valorar el caso, al no tener en cuenta lo afirmado por varios testigos quienes mencionaron como se produjeron las facturas de prestación de servicios de María Selva Morínigo, que el tribunal no consideró, por lo que corresponde anular la sentencia recurrida y enviar el caso a un nuevo tribunal de sentencia competente para los casos relacionados a delitos económicos.

El 21 de diciembre pasado el tribunal de sentencia presidido por Víctor Alfieri, Darío Baéz y Alba González, absolvió de culpa y reproche al exfiscal general del Estado y su esposa y les pidió disculpas por el “injusto proceso” que habían afrontado a lo largo de los años.

El juez especializado Gustavo Amarilla, concedió el arresto domiciliario por compurgamiento de la pena mínima a Carlos Andrés Oleñik Memmel, uno de los imputados por ser participe del esquema montado por Jarvis Pavao en nuestro país para lavar dinero.

Para el beneficio del arresto domiciliario, se impuso un embargo millonario sobre un inmueble ofrecido en garantía hasta cubrir la suma de G 1.800 millones. El Ministerio Público se opuso al levantamiento de la prisión preventiva.

Los fiscales que investigan la causa abierta contra el esquema de lavado de dinero creado por Jarvis Chimenes Pavao en Paraguay, son 41 personas la imputadas en el caso, entre abogados, escribanos, contadores y otros.

De los 41 imputados, 13 están a disposición de la justicia, el resto de los involucrados se encuentran aún prófugos de la justicia. El Ministerio Público sostiene en la imputación que los detenidos formaban parte de un esquema creado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Se estima que el esquema criminal lavó 150 millones de dólares en nuestro país. Las estancias, empresas y otros bienes ya forman parte de bienes en proceso de comiso y son administrados por Senabico.

Jarvis, fue extraditado de Paraguay al Brasil en el 2017 y gracias a la colaboración de la Policía Federal de Brasil, es que se pudo dar con este esquema que creó cuando vivía en nuestro país y lideraba una estructura criminal de tráfico de droga.

El juez que lleva adelante el proceso penal abierto a Delcia Karjallo por lavado de dinero, rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo presentado por la defensa de la procesada porque supuestamente el Ministerio Público no presentó a tiempo su acto conclusivo.

Sin embargo, la fiscalía tiene prórroga extraordinaria para presentar su acto conclusivo y el plazo le vence recién el 3 de julio de este 2024, fecha en la que deberá presentar su requerimiento conclusivo en el caso que investiga a los familiares cercanos del usurero luqueño Ramón González Daher.

Los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas, formularon imputación contra Delcia Karjallo esposa de Ramón González Karjallo, Carolina Concepción González, su nuera y Fernando González Karjallo por lavado de dinero proveniente de la usura. 

Según el Ministerio Público tanto la esposa de RGD, su hijo y nuera ingresaron al sistema financiero millonarios montos ocultando que el origen de esos fondos era la usura.

Abrieron cuentas en el 2020 en el que la imputada Delcia Karjallo, había señalado que ella era ama de casa y que el dinero a depositar eran ingresos familiares a través de las cuales inyectó al sistema financiero dinero de la usura por medio de Certificado de Depósito de Ahorro CDA.

Durante el año pasado, la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, obtuvo varias condenas en causas emblemáticas de corrupción pública con los que se logró a su vez, importantes comisos de bienes totalizando G 16.019.281.768.

Entre las condenas que resalta el Ministerio Público, se encuentra la del exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Núñez y Emigdio Benítez, Nancy de Rousillón. Así como la del exsecretario del JEM, Raul Fernández Lippmann, los funcionarios de Aduana condenados en el Operativo Tartufo, la condena al empresario Justo Ferreira por el caso Imedic, igualmente al ex contralor Enrique García, por el caso Ivesur.

También resaltan la condena del exdiputado Miguel Cuevas, y del exministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, entre otras varias. Además de la presentación de actos conclusivos como el caso del exgobernador Hugo Javier en una segunda causa abierta contra el mismo, de Agentes policiales por hechos de corrupción y el impulso de investigaciones penales en curso que aún siguen en curso.

La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción y la Especializada contra el Lavado de Activos, en el 2023 han obtenido comisos de activos, multas, reparación del daño social y recuperación de activos a favor del Estado paraguayo, por un valor total de 16.019.281.768 G, de delitos procedentes de corrupción pública, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito.