La Cámara de Apelaciones confirmó al juez Rodrigo Estigarribia para entender en el proceso penal abierto contra la jueza de Paz de La Encarnación, Analía Cibils, quien había interrumpido su audiencia preliminar al cuestionar la imparcialidad del magistrado, cuestionamiento que la Cámara consideró infundado. Con esta decisión, el magistrado está habilitado para citar nuevamente a las partes y llevar adelante la audiencia preliminar.
La magistrada es sospechosa de integrar un esquema de fraude mediante embargos salariales aplicados a funcionarios públicos activos y jubilados, en el marco de juicios ejecutivos tramitados sin la debida notificación a las partes afectadas. Junto a ella, otros procesados también comparecen en esta etapa preliminar, al término de la cual se definirá si las causas serán elevadas a juicio oral y público.
Según el reciente informe de la Comisión de Investigación del Senado, que indaga el esquema, en el juzgado de La Encarnación se registraron embargos por un total de 577.540.231.592 guaraníes, correspondientes a 104.894 juicios ejecutivos.
De acuerdo con la acusación fiscal, Cibils habría tenido participación activa en un entramado judicial que operaba principalmente desde los juzgados de Paz de Asunción, donde se concentraba la mayoría de los expedientes de ejecuciones basadas en pagarés falsos o manipulados.
El equipo fiscal encargado de la investigación está conformado por los agentes Belinda Bobadilla, Leonardi Guerrero y Jorge Arce, quienes sostienen que el esquema funcionaba con la colaboración directa de funcionarios judiciales, utilizando resoluciones y notificaciones irregulares para ejecutar embargos indebidos y obtener beneficios económicos.
Por su parte, la defensa de la jueza Cibils, representada por el abogado Rodrigo Yódice, cuestiona la solidez de la acusación del Ministerio Público. El profesional argumenta que el relato fiscal carece de precisión jurídica, ya que se le atribuyen resoluciones sin especificar su naturaleza, estado procesal ni fundamento legal, y sin identificar de manera clara a los presuntos beneficiarios o afectados por dichas decisiones.
Cibils enfrenta cargos por los delitos de prevaricato, producción de documentos no auténticos y otros hechos punibles relacionados con su presunta participación en el esquema de la “mafia de los pagarés”.
Durante la apertura de la audiencia preliminar, el juez Rodrigo Estigarribia informó a las partes que las instancias superiores han ratificado la fecha de la diligencia, reafirmando así la continuidad del proceso. Pese a ello, se formuló la recusación que paraliza la diligencia.
El caso, ampliamente conocido en la opinión pública como la “mafia de los pagarés”, provocó una profunda conmoción institucional por la magnitud del esquema y la presunta implicancia de funcionarios judiciales en maniobras fraudulentas que habrían operado durante años con altos niveles de impunidad.
A raíz del escándalo, la Corte Suprema de Justicia adoptó una serie de medidas administrativas y propuestas legislativas destinadas a enfrentar la crisis y prevenir la repetición de hechos similares dentro del fuero de Paz.
Las investigaciones fiscales continúan en curso y abarcan varios procesos derivados de la misma causa. El Ministerio Público ha obtenido declaraciones y testimonios clave que permitieron avanzar en la identificación de los responsables. Algunos de los implicados aceptaron salidas procesales abreviadas a cambio de colaborar con la investigación y aportar información sobre el funcionamiento interno del esquema.
Según estos testimonios, los jueces involucrados no solo tenían pleno conocimiento de las maniobras, sino que exigían pagos mensuales por las notificaciones fraudulentas, consolidando así un sistema de corrupción estructurada dentro del fuero de Paz.
La Cámara también recordó a las partes la obligación de litigar de buena fe.
