El connotado jurista Florentín López Cáceres, realizó un profundo análisis sobre el momento que vive el país respecto a los alarmantes casos de violencia hacia la mujer.
Señaló que es necesario educar en igualdad para que se entienda que hombres y mujeres con sus diferencias tienen los mismos derechos en todas las facetas de la vida y para ello debe comprometerse el Ministerio de Educación y no omitir su compromiso como lo ha venido haciendo hasta ahora.
Agregó que la violencia hacia la mujer tiene que tener el mismo compromiso por parte de las autoridades jurisdiccionales y combatirla como lo hacen con el narcotráfico o el crimen organizado, ya que se habla de pérdida de una vida.
Acotó que es necesaria la aprobación de una ley en Paraguay, como lo hizo Argentina ya en el 2019 para obligar a todos los operadores del sistema jurisdiccional y estatal capacitarse en el tratamiento de este flagelo. Un grupo de magistradas impulsa la #LeyKatya en Paraguay.
A continuación, las imperdibles reflexiones del profesor doctor Florentín López Cáceres:
Para combatir con eficacia la violencia contra la mujer en todas sus formas y niveles debemos bucear en sus causas que son complejas, pero sin duda alguna tiene sus raíces en la cultura machista de nuestra sociedad, donde el hombre no considera a la mujer como una persona igual a él, sino como un objeto de su propiedad, de su relación sexual y nada más, que puede disponer de ella como quiere y cuando quiere, e incluso llegar a matarle.
El combate que debe asumir el ciudadano contra la violencia de que es objeto la mujer, tiene una raíz eminentemente cultural arraigada en nuestra sociedad por la forma de pensar o la mentalidad del hombre o varón de someter a la mujer como objeto de su sexualidad como si fuera de su propiedad, pudiendo hacer de ella o con ella lo que quiere a su arbitrio sin considerarle como ser humano igual a él, que puede ser su esposa, madre, hija o nieta y con una irracionalidad absoluta y sin ningún tipo de justificación utiliza la fuerza y le quita la vida a ese ser humano, por lo que debe ser combatido por un lado a través de la educación, empezando por las escuelas, colegios y universidades mediante una nueva malla curricular o programa de enseñanza como materia que la ley prevé y obliga (hasta ahora el Ministerio de Educación y Cultura ha omitido e incumplido) donde se debe inculcar a los niños y niñas que el hombre y la mujer son personas distintas o diferentes pero que tienen iguales derechos, sean estos civiles, políticos, económicos y de carácter cultural y que el varón por ser hombre debe respetar a esa mujer como tal, y por la otra con el buen funcionamiento de las instituciones políticas u órganos con competencia para la aplicación de la ley tales como el Poder judicial, el Ministerio Publico, el Ministerio de la Defensa Publica, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, y el Ministerio del Interior, deben proceder para la implementación y cumplimiento de la ley a la realización de cursos de preparación, conocimiento y concientización del interés jurídicamente protegido que consiste en la protección de todo tipo de violencia de la mujer e incluso de su vida, que es de vital importancia para el país, y aun resulta más gravitante y dañoso de lo que se producen como consecuencia de los hechos punibles del tráfico de drogas y el crimen organizado que es perseguida frontalmente, mientras que el valor de las vidas humanas de mujeres asesinadas por su esposo, pareja o lo que fuere, no son perseguidos ni condenados como se debe sencillamente no tiene un valor material y económico, razón por la cual aun cuando la ley no establezca sanciones especificas por las leyes mencionadas por el incumplimiento de sus normas, entendemos que los Jueces, Fiscales, y Defensores Públicos, deben tomar con seriedad las denuncias de violencia y tomar cartas en el asunto, y en caso que los mismos hayan incumplido sus normas o apartado de la ley, estos tipos de omisiones en los concursos de méritos y aptitudes que se realizan ante el Consejo de la Magistratura deben ser estudiados conforme a su gravedad y decidir en su caso como sanción para que no vuelvan a integrar ternas para ocupar dichas funciones o ascensos en otros casos y en cuanto a los demás funcionarios públicos, pensamos que deben constituir causales para la instrucción de los sumarios administrativos correspondientes en cada caso para determinar el grado de responsabilidad y aplicar la sanción que corresponda por incumplimiento de las citadas leyes.
Finalmente pensamos que la lucha contra este flagelo que devora y destruye los cimientos de nuestra sociedad, es muy importante elaborar un proyecto de ley especial, teniendo como antecedente la Ley Micaela N° 27.499 promulgada el 10 de enero de 2019 en la República Argentina que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de genero para todas las personas que desempeñan la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación; es obligación y responsabilidad del Estado, en todos sus estamentos y poderes, formarse en esta perspectiva para promover intervenciones adecuadas, que no reproduzcan y perpetúen prácticas desiguales y violentas.
Con la sanción y promulgación de una ley especial con los mismos parámetros de la ley Argentina mencionada precedentemente, daremos un paso de vital importancia en la lucha contra la violencia a la mujer y hacer efectiva la igualdad real de las personas humanas en nuestro país.
No es cierto que en el estado de naturaleza todos los seres humanos hemos sido iguales tal como propugna la teoría contractualista, ya que ningún ser humano ni por su identidad física, psíquica y espiritual es igual al otro en la realidad, ya que solo por una ficción jurídica el derecho ha consagrado el principio de igualdad ante la ley, que no es otra cosa sino el trato igual a todas las personas sin discriminación alguna.
FOTO: ABC COLOR.
