Fiscal Liliana Alcaraz, nueva delegada en delitos económicos

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Reportan 136 funcionarios judiciales con covid

El informe semanal reporta que de los 1.862 funcionarios del Poder Judicial confirmados con covid-19, siguen activos 136, mientras que 1.721 ya se encuentran recuperados y hay cinco fallecidos.

Paro en Derecho UNA: Alumnos no asistirán a clases por aumento de aranceles

El Centro de Estudiantes de la citada casa de estudios comunicó el paro total de actividades académicas, en protesta por la suba de aranceles en casi un 100%.

La Unesco destacó la sentencia del caso Pablo Medina

El organismo internacional publicó en su web un material sobre “lecciones aprendidas” de la histórica sentencia de Paraguay para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas. El material forma parte de una serie de entrevistas con jueces, fiscales y expertos legales de todo el mundo con el fin de mostrar las buenas prácticas para proteger a los periodistas y acabar con la impunidad de los crímenes contra ellos.

Citado el 11 de marzo para audiencia preliminar, Gerardo Stadecker

El juez penal de Garantías, Mirko Valinotti, fijó la fecha para la realización de la audiencia preliminar para Gerardo Stadecker, acusado por el homicidio de su esposa Sabryna Breuer.

La fiscal general del Estado designó a fiscal delegada de Delitos Económicos Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo.

Fue designada la agente fiscal Liliana Alcaraz como fiscal delegada de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo.

La fiscal Alcaraz coordinará los trabajos de persecución penal de los hechos punibles contra el patrimonio de las instituciones públicas.

Igualmente, esta Unidad tiene la competencia para identificar las técnicas utilizadas por los delincuentes, así como las estructuras y esquemas que manejan para ocultar el origen ilícito de los fondos, y el flujo de activos que se utilizan para financiar el terrorismo. En tal sentido, la doctora Sandra Quiñonez, máxima representante del Ministerio Público, dispuso la creación de 14 unidades con cobertura a nivel nacional de la Unidad Especializada De lucha contra el Lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo.

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