Wilfrido Cáceres, exhombre de confianza del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos, recusó al juez Rodrigo Estigarribia. El acusado busca apartar al magistrado de su caso.
El Tribunal de Sentencia, integrado por la jueza Romina Onieva (presidente) y los magistrados Mercedes Urunaga y Cristian Duarte, dictó la ejemplar condena al padrastro tras valorar las pruebas expuestas durante el juicio oral.
Ante publicaciones periodísticas que el Ministerio de Justicia considera maliciosas, la cartera aclaró que no existe ningún privilegio otorgado a la procesada Mikhaela Rolón.
A pedido del Ministerio Público, el juez Osmar Legal ordenó inmovilizar tres inmuebles rurales que se encuentran a nombre del fallecido diputado. Recientemente, la causa penal fue archivada respecto al legislador, pero el proceso para el comiso de sus bienes prosigue.
Este viernes se inició formalmente el juicio oral y público al exministro de la SEN, Joaquín Roa, y a su amigo, el empresario Alberto Koube Ayala, acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Estado mediante el direccionamiento de contratos y el pago de sobornos.
Este jueves debía iniciarse el juzgamiento público de Héctor Grau, el joven rugbista señalado por Benjamín Zapag como la persona que lo agredió en una discoteca. El joven está acusado por el Ministerio Público por lesión grave.
En un comunicado, la afectada señaló que el cartismo tiene miedo y que, por ello, busca apartar a dos integrantes de la Corte, además de impulsar una Corte Suprema de Justicia a medida.
El Senado ha recusado al ministro Víctor Ríos por supuesta preopinión sobre el caso de la exsenadora Kattya González, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión.
Respecto al camarista civil Esteban Kriskovich, se menciona que es camarista y, por ende, no puede integrar la Sala Constitucional ampliada.
Gladys Torales, una de las agentes que integra el equipo fiscal que lleva adelante la investigación por el crimen de la joven María Fernanda, se aparta de seguir entendiendo en el caso.
El abogado José Fernández Zacur, defensor del juez de paz de La Catedral, Gustavo Villalba, imputado por prevaricato en el expediente conocido como la "mafia de los pagarés", considera que revisar el teléfono de su cliente supone una violación de principios constitucionales.