La exdirectora de Administración y Finanzas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), María Estela Azuaga Fleitas, cumple su condena de 10 años en el penal de mujeres del Buen Pastor.
Gianina García Troche, esposa del narcotraficante prófugo de la justicia Sebastián Marset, solicita a través de sus abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete la intervención diplomática de su país en la causa que enfrenta por lavado de activos.
A pedido del ministro Manuel Ramírez Candia, superintendente de Caazapá, la Corte Suprema de Justicia aprobó una auditoría al expediente judicial que otorgó libertad condicional a un condenado por abuso sexual en niños, quien habría asesinado a su víctima durante este periodo de reinserción social.
El hombre fue detenido en nuestro país mediante un operativo internacional, durante el cual se le requisaron unos mil archivos relacionados con menores de edad. Además, abusó durante años de su hermana menor desde que ella tenía 7 años.
Los padres de la joven Sol Chávez, quien falleció por intoxicación con flúor, volvieron a encadenarse frente al tribunal para exigir que la condena aplicada a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, sentenciada a cuatro años de cárcel, y a la química farmacéutica Sandra Hermosa, condenada a tres años de prisión, sea confirmada por la Cámara de Apelaciones.
La abogada Alejandra Peralta Merlo, en representación de Christian Chena, volvió a urgir a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que, a la brevedad, se expida sobre la acción planteada ante la CSJ contra la decisión del JEM que archivó la denuncia contra la jueza de Paz Gloria Machuca, quien censuró al empresario y a su medio de comunicación RDN.
Los abogados Luis Samaniego y Daniel Garcete, defensores de Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, han presentado un incidente solicitando la nulidad de la declaración indagatoria, argumentando que se le negó su derecho de comunicarse con el consulado de su país y al omitir informarle la información de que tenía 24 horas para designar un defensor de su confianza.
La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés convocó a una movilización con vigilia permanente frente al Palacio de Justicia. El objetivo es denunciar lo que describen como una estructura judicial profundamente corrupta que, en connivencia con empresas e instituciones privadas, estaría despojando sistemáticamente a trabajadores y trabajadoras de sus salarios.
En una entrevista exclusiva con Judiciales Net, la ministra y presidenta de la Sala Penal, Carolina Llanes, sostuvo que la reciente acordada que reglamenta tres artículos del CPP fue redactada para detener la mala práctica por parte de los operadores del sistema, quienes permiten que las causas sean desvirtuadas y no se busque llegar a la verdad.
El Ministerio Público formuló una acusación por estafa mediante sistemas informáticos, hurto y asociación criminal, por la presunta anulación de facturas con el fin de evitar que estas tuvieran un respaldo de ingreso al patrimonio de la entidad, según asegura la fiscalía.
