La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés emitió un pronunciamiento público dirigido a las autoridades del Congreso Nacional, solicitando que durante la marcha por la justicia prevista para este martes 2 de diciembre de 2025 se aborde con carácter urgente la Ley de Emergencia Judicial y otras iniciativas vinculadas a los reclamos del sector.
La Justicia convocó para este viernes 5 de diciembre, a las 8:30, a la jueza Isabel Bracho para la audiencia de imposición de medidas, en el marco del proceso penal que enfrenta por presuntamente haber recibido USD 50.000 del narcotraficante Walter Galindo.
El juez Humberto Otazú admitió la imputación y resolvió procesar al abogado Juan Carlos Bedoya Fleita, investigado por los presuntos hechos punibles de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias. El profesional fue detenido durante un operativo de entrega vigilada coordinado por el Ministerio Público.
El juez especializado Rodrigo Estigarribia resolvió, tras la audiencia preliminar, elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Wilfrido Cáceres, exdirector financiero de la administración de Óscar Rodríguez, acusado por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
La Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal adjunta Patricia Rivarola, emitió su dictamen en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por Juan José Zapag Benítez y María Arlette Zapag Benítez, representados por el actual director jurídico del JEM, Raúl Fernando Barriocanal. El Ministerio Público solicita expresamente que se rechace la pretensión de los accionantes, al considerar que el artículo 1087 del Código Civil no vulnera ninguna garantía legal o constitucional.
El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, irá a juicio oral por el caso “Tía Chela”, luego de que el juez Humberto Otazú resolviera elevar la causa a debate público. La decisión incluye también a los demás procesados, todos acusados por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos punibles.
El Tribunal de Sentencia dio por probados los hechos de acoso sexual y otros delitos atribuidos al periodista Carlos Granada, exjefe de prensa de Canal 9. Ante la gravedad de los hechos acreditados, se revocaron las medidas alternativas que tenía el condenado y se dispuso nuevamente su remisión a la cárcel.
El Tribunal de Sentencia que juzga el caso citó a las partes para este miércoles, a las 7:30, a fin de dar a conocer su veredicto respecto al proceso que involucra al periodista Carlos Granada, acusado por el Ministerio Público por varios hechos punibles, siendo el más grave la coacción sexual.
Tras la audiencia de revisión de medidas llevada a cabo por el Tribunal de Sentencia respecto al acusado, se ordenó que Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, regrese a la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú bajo estricta custodia.
