Este jueves fue entregado a la justicia de los Estados Unidos Federico Santoro Vasallo, quien sería mano derecha del prófugo Sebastián Marset y pieza clave dentro de la estructura criminal desbaratada con el operativo A Ultranza Py.
Eva De Witte asumió la defensa del exdirector de TV Pública Cristian Turrini quien estaría recibiendo una amenaza de muerte por facciones criminales por haber colaborado con el Ministerio Público.
El condenado exdirector de TV Pública Cristian Turrini, estaría recibiendo amenaza de muerte por lo que ha solicitado su traslado del penal de Concepción al de Viñas Cué, pero, el juez no hizo lugar a ese pedido y ordenó al Ministerio de Justicia arbitrar los medios para asegurar la integridad del condenado.
El juez penal de garantías Eduardo Manuel Agüero de Concepción, ordenó una pericia sobre un anticipo jurisdiccional de prueba donde las víctimas relataron lo sucedido y está ofrecido como prueba para un eventual juicio oral y público.
Un hombre fue condenado a cumplir 20 años de prisión por el abuso sistemático a su hija de solo 12 años de edad. Las brutales agresiones se perpetraron por dos largos años, hasta que la niña comentó lo que estaba viviendo a su hermana mayor.
Agentes del Departamento Contra el Crimen Organizado allanaron un Hotel, ubicado sobre la calle Palma y Colón de Asunción donde fue detenido un ciudadano colombiano.
El abogado Idilio Acosta uno de los defensores del acusado exgobernador de Central Hugo Javier González, repuso la decisión tribunal de sentencia que no hizo lugar al pedido de dejar sin efecto por falta de fundamentación de auto de apertura que tiene una fundamentación aparente de tres líneas, según el abogado.
La agente fiscal Patricia Sánchez presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Raul Florentín quien le concedió solo 9 días hábiles para presentar su requerimiento conclusivo al Ministerio Público.
Luego de varios contratiempos, se inició este lunes el juicio oral y público al considerado fusilero del EPP Lorenzo González, quien participó activamente del crimen según la acusación fiscal.
La cámara de apelaciones confirmó la condena de tres años de cárcel para el propietario de la firma Imedic Justo Ferreira por el tipo penal de contrabando, por haber introducido al país 50 camas eléctricas para terapia intensiva, sin pagar impuestos.
