La querella presentada por el abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra su colega Esther Roa será debatida en juicio oral al no prosperar la conciliación entre ambos profesionales.
Una vez más, uno de los acusados en la causa ha recusado al juez Miguel Palacios, poniendo en duda su imparcialidad por mantenerlo en prisión desde septiembre de 2018, es decir, durante más de siete años, a pesar de haber cumplido la pena mínima imponible por crimen.
El abogado Ricardo Merlo contestó la apelación presentada por la empresa concretera Preforte Py contra la resolución que dispone la suspensión de las obras en cinco días. La firma busca instalarse en Isla Zárate, Luque, zona catalogada como residencial.
La abogada penalista Noelia Núñez lamentó la actuación de algunos integrantes del sistema de justicia, quienes actúan como secretarios de grandes corporaciones en detrimento de particulares humildes, que terminan siendo víctimas de un sistema penal inquisitivo.
Desde el Ministerio de Justicia han confirmado que, en el primer semestre del año, a través de un trabajo de seguimiento procesal han logrado poner en libertad a 92 personas que ya cumplieron la pena mínima.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió a los exministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes habían sido condenados en su momento por lesión de confianza, por supuestamente haber adquirido aparatos de escucha telefónica de forma irregular.
El Tribunal Especializado en Delitos Económicos entiende que, al tratarse de un caso en el que las víctimas son particulares y no entidades financieras o el Estado, debe ser un tribunal ordinario el que juzgue la conducta de Dany Durand y otros acusados por estafa y otros delitos.
El juez penal Daniel Ledesma presentó su renuncia para acogerse al beneficio de la jubilación. Señaló que su principal legado fue haber emitido fallos garantistas basados en la equidad.
La abogada Noelia Núñez impugnó ante la fiscalía general del Estado la confirmación del fiscal Bernardo Javier Elizaur en la causa que investiga la sustracción de máquinas de criptominería. Según la recusación, el fiscal manipuló indebidamente evidencias en este caso y permitió que el denunciante actuara como técnico del Ministerio Público.
