El juez José Agustín Delmás elevó a juicio oral y público el proceso penal abierto por los disturbios tras últimas elecciones generales contra excandidato presidencial Paraguayo Cubas.
El presidente del Consejo de la Magistratura Gustavo Miranda presentó en el pleno el proyecto de reglamento para elección del titular del Ministerio de la Defensa Pública.
El doctor Luis María Benítez Riera, asumió este lunes la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y como primera medida de su gestión, se reunió con los directores de todas las dependencias del Poder Judicial para solicitarles el uso eficaz de los recursos del Poder Judicial.
El juez Humberto Otazú otorgó el beneficio de arresto domiciliario al asistente fiscal Antonio Ramón Petters Paredes y al abogado Raúl Adriano Cardozo Benítez, ambos procesados por un pedido de coima de G 5.000.000 a un hombre denunciado por violencia familiar.
Carlos Casco uno de los denunciantes que sufrió actos de tortura en poder de Eusebio Torres Romero, señaló que solo esperaban que el tribunal lo condene a la pena de 15 años requerida por el Ministerio Público, no así los 30 años de cárcel que consideran además de histórica resarcitoria y ejemplar.
El ministro Alberto Martínez Simón, adelantó que en el 2024 serán digitalizados todos los juzgados de Paz de Asunción, que el trabajo ya inició en este mes de febrero y lo pretenden concluir en el 2024.
El Tribunal de sentencia que lleva adelante el juicio oral y público al exministro del Interior Walter Bower, Merardo Palacios y Osvaldo Vera Espínola, acusados de haber torturado a Luis López y Alfredo Cáceres.
La agente fiscal Patricia Sánchez solicitó este viernes en la audiencia de reposición ante el juez Miguel Palacios, el rechazo del incidente presentado por la defensa de Hernán Rivas que evitó la imposición de medidas.
El exintendente de Concepción Alejandro Urbieta Cáceres, fue sobreseído definitivamente por el juez Rodrigo Estigarribia. A pedido del Ministerio Público el magistrado ordenó el archivo definitivo del proceso abierto por Urbierta por presunta lesión de confianza.
Un asistido de la Defensa Pública oriundo de Pedro Juan Caballero soportó tres años de cárcel por una denuncia falsa. El Ministerio Público lo acusó y llevó a juicio oral por un hecho que no cometió.
