El Ministerio Público ya cuenta con la autorización judicial para someter a peritaje los dispositivos celulares del abogado de Tío Rico, Miguel Mendieta, el militar Luis Belotto y su esposa, Alba Ale de Belotto.
Durante la sesión del Consejo de la Magistratura de este lunes, el presidente Óscar Paciello señaló que están revisando los más de 200 reclamos de los postulantes y que para la semana entrante estarán en condiciones de conformar las ternas para los cargos vacantes en el Poder Judicial.
El asesor de la Oficina Técnica Penal, doctor Roque Orrego, comentó a "Judiciales Net" la relevancia que tiene el proyecto de Acordada que regulará los casos emblemáticos, en la cual se encuentra trabajando la Corte Suprema de Justicia. Con aportes de los magistrados, buscará poner freno a dilaciones indebidas.
El juez Gustavo Amarilla rechazó el último intento del senador Erico Galeano de suspender su audiencia. Galeano, está imputado por la fiscalía por brindar logística al crimen organizado. El legislador quiso evitar su audiencia de imposición de medidas que será mañana a primera hora.
La ministra encargada de la Oficina Técnica de Apoyo al fuero de la Niñez y Adolescencia, OTANA, Carolina Llanes dio a conocer los resultados de la producción de los juzgados de Capital que operan con el Expediente Judicial Electrónico.
El ministro Manuel Ramírez Candia presentó una nómina de personas que no cursaron la carrera de derecho, pero hoy cuentan con la matrícula de abogados otorgadas por la misma Corte Suprema de Justicia.
En prosecución al operativo denominado “REIS”, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, Mario José González Florentín, funcionario de la empresa LONGPORT, quien se encargada del control en la zona restringida para evitar que se contaminen las maletas.
El fiscal Osmar Legal acusó a la suspendida agente fiscal Ana Girala y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. La acusación también afecta a sus exfuncionarias y abogados, quienes formarían parte de un esquema de extorsión que operaba en la propia unidad fiscal, según la acusación.
El juez José Agustín Delmás dio cumplimiento a lo resuelto por la Cámara de Apelación Penal y concedió el arresto domiciliario a Joaquín Roa Burgos bajo una fianza de G 7.000 millones.
