El listado incluye a 87 magistrados, 37 fiscales, 23 defensores públicos y un agente síndico. La máxima instancia judicial recibió los antecedentes y revisa la documentación antes de adoptar una decisión en sesión plenaria.
La Corte Suprema de Justicia analiza la posibilidad de declarar la inamovilidad de 148 operadores del sistema judicial que solicitan permanecer en sus respectivos cargos tras haber obtenido una segunda confirmación en las funciones para las que fueron designados.
El grupo está integrado por 87 magistrados, 37 fiscales, 23 defensores públicos y un agente síndico, cuyos antecedentes ya fueron remitidos a la máxima instancia judicial para su estudio.
La solicitud se fundamenta en que los recurrentes consideran haber cumplido con las condiciones para acceder a la inamovilidad, al haber alcanzado su segunda confirmación en el cargo. Sin embargo, la declaración todavía no está definida y dependerá de la verificación de los requisitos correspondientes por parte de la Corte Suprema.
Los antecedentes pasan a revisión
Los expedientes de los 148 operadores de justicia ya se encuentran en poder de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. La documentación fue distribuida a los respectivos gabinetes, donde comenzó el proceso de revisión individual de los antecedentes.
Esta etapa busca determinar si cada solicitante reúne las condiciones necesarias para obtener la declaración de inamovilidad. Una vez concluido el análisis, el asunto será puesto a consideración del pleno de la máxima instancia judicial.
La próxima sesión plenaria será clave para conocer la postura de la Corte sobre los pedidos. Los ministros deberán resolver si los solicitantes cumplen efectivamente con los requisitos exigidos para ser declarados inamovibles en sus respectivos cargos.
Una decisión pendiente
La eventual declaración de inamovilidad de los 148 funcionarios dependerá, por tanto, del resultado de la revisión documental y de la decisión que adopte el pleno de la Corte Suprema.
Hasta el momento, la presentación de los antecedentes y el inicio del estudio constituyen los pasos previos a una resolución definitiva. La cantidad de solicitantes y la diversidad de funciones involucradas sitúan el tema en la agenda de la máxima instancia judicial, que deberá determinar quiénes reúnen las condiciones para acceder a ese estatus.
