La ministra integrante de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, volvió a poner la lupa sobre una de las prácticas que, a su criterio, contribuyen directamente a la mora judicial: la falta de una adecuada depuración de las pruebas durante la etapa intermedia de los procesos penales.
Las declaraciones de la magistrada se produjeron luego de que el ministro Víctor Ríos solicitara la auditoría de un expediente por un supuesto hecho de estafa que se encuentra próximo a la prescripción. El caso genera preocupación debido a las reiteradas suspensiones de la audiencia por parte del Tribunal de Sentencia, sin que, aparentemente, exista una justificación suficiente para prolongar el trámite.
Llanes sostuvo que las demoras que se registran durante los juicios orales obedecen, en buena medida, a que no se aplica adecuadamente la metodología propia de un sistema acusatorio. Según explicó, la preparación del juicio debe comenzar desde la etapa investigativa y, fundamentalmente, consolidarse en la audiencia preliminar, donde corresponde determinar cuáles son las pruebas realmente necesarias para el debate.
“Porque se generan estas tardanzas inexplicables y duración de meses de un juicio que puede durar una semana. Es sencillamente porque no se aplica la metodología propia del juicio oral, que debe provenir ya desde la etapa investigativa y fundamentalmente tiene que ser filtrada y ajustada en esa preliminar”, señaló la ministra.
En ese sentido, cuestionó que en determinados procesos se admitan cantidades excesivas de medios probatorios sin una relación proporcional con la complejidad del hecho que debe ser juzgado. Como ejemplo, mencionó la admisión de hasta 80 testigos para un objeto procesal limitado, cuando, según consideró, podrían ser suficientes unos pocos testimonios, documentos y determinadas evidencias para llegar al esclarecimiento de los hechos.
La magistrada apuntó directamente a la actuación de los jueces de Garantías, al considerar que una deficiente selección y depuración de las pruebas en la etapa intermedia termina trasladando el problema al juicio oral.
“Es donde se admiten 80 testigos para un objeto del juicio limitado, donde bastaría unos cuantos testigos, documentales y una que otra evidencia para llegar a la verdad”, afirmó.
Llanes sostuvo que esta situación se vuelve particularmente evidente en causas por hechos punibles que no presentan una elevada complejidad. En ese contexto, se refirió al expediente de estafa mencionado durante la intervención del ministro Ríos.
“El doctor habló de un caso de estafa que no es un hecho punible complejo, tiene técnicas para su demostración. Entonces allí falla también el juez de Garantías al admitir semejante cantidad de testigos y eso se traslada al juicio oral, que sigue la lógica del sistema escrito”, manifestó.
La ministra señaló que el problema no radica únicamente en la duración de una audiencia determinada, sino en una práctica procesal que termina acumulando actuaciones innecesarias y extendiendo artificialmente los procesos.
Llanes recordó además que desde la Corte Suprema de Justicia se viene trabajando desde hace años para modificar este tipo de prácticas y que incluso se emitió una acordada orientada a corregirlas. Sin embargo, las dificultades persisten y vuelven a quedar expuestas en expedientes cuya resolución se demora durante meses.
La advertencia adquiere especial relevancia en el caso que será auditado a pedido de Ríos, atendiendo a que el proceso se encuentra próximo a cumplir el plazo de prescripción. En este escenario, la revisión del expediente busca determinar las causas de las demoras y establecer si las suspensiones y demás actuaciones procesales respondieron a motivos debidamente justificados.
El planteamiento de Llanes vuelve así a poner en debate la responsabilidad que tienen los jueces de Garantías en la etapa intermedia. Para la ministra, esa instancia no debería limitarse a un trámite formal, sino constituirse en un verdadero filtro que permita que al juicio oral lleguen únicamente las pruebas pertinentes y necesarias.
Una adecuada depuración en esa etapa, sostuvo, permitiría reducir considerablemente la duración de los debates, evitar la repetición innecesaria de testimonios y evidencias y, principalmente, impedir que la excesiva extensión de los procesos termine favoreciendo la impunidad por el transcurso del tiempo.
