La Corte Suprema de Justicia busca dar un nuevo paso en la modernización de su política comunicacional, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial para brindar información fidedigna, oportuna y contextualizada a la ciudadanía, en un escenario marcado por la circulación inmediata de contenidos y el avance de la desinformación.
La iniciativa, impulsada por la ministra Carolina Llanes, responsable del área de comunicación, fue presentada ante el pleno de la máxima instancia judicial para su socialización y apunta a avanzar hacia una implementación gradual y realista, aprovechando y fortaleciendo las capacidades existentes en la Dirección de Comunicación.
Uno de los aspectos que se encuentra bajo análisis es la eventual incorporación de una figura de vocería institucional, que permita al Poder Judicial contar con una voz claramente identificada para comunicar determinados asuntos de interés público y ofrecer explicaciones oficiales ante situaciones que puedan generar confusión o interpretaciones alejadas de los hechos.
La propuesta parte de una premisa: el escenario en el que las instituciones comunican cambió radicalmente. La información ya no circula únicamente a través de los medios tradicionales, sino que se difunde de manera inmediata, fragmentada y, en muchos casos, sin el contexto necesario. En ese ecosistema conviven hechos comprobados con opiniones, contenidos incompletos, medias verdades, historias sacadas de contexto y directamente información falsa.
En este contexto, la Corte Suprema considera necesario fortalecer su capacidad para convertirse en una fuente confiable de información sobre el funcionamiento de la Justicia, proporcionando datos verificados y explicaciones que permitan a la ciudadanía comprender las decisiones y actuaciones del Poder Judicial.
“A partir de esta política de comunicación pretendemos combatir la desinformación”, sostuvo Llanes al presentar la iniciativa a sus pares.
La ministra recordó que la Acordada N.º 9.990, que aprueba la política de comunicación del Poder Judicial, constituye el punto de partida de una serie de trabajos que ahora buscan traducirse en una etapa de implementación concreta.
“Proponemos entonces avanzar un paso más para la implementación de manera gradual y realista, aprovechando y fortaleciendo las capacidades existentes en nuestra Dirección de Comunicación”, explicó.
Llanes puso especial énfasis en la transformación del entorno informativo y en los desafíos que representa para una institución como el Poder Judicial. La velocidad con la que circulan los contenidos hace que una información pueda alcanzar a miles de personas antes de que exista una explicación oficial, mientras que una versión incompleta o falsa puede instalarse con rapidez en la opinión pública.
“Conviven hechos, opiniones, contenidos incompletos, medias verdades, historias sacadas de contexto y también información falsa que pulula en el ambiente”, advirtió.
Frente a esta realidad, la propuesta busca que el Poder Judicial no se limite a difundir sus actividades, sino que desarrolle una comunicación institucional capaz de verificar, aclarar, explicar y aportar contexto.
“La verdad está en crisis. Aclarar, explicar”, resumió Llanes al plantear la necesidad de que la institución asuma un papel más activo frente a los contenidos que circulan en el espacio público.
La iniciativa adquiere especial relevancia en el ámbito judicial, donde decisiones, resoluciones, procesos y actuaciones pueden ser objeto de interpretaciones, lecturas parciales o versiones interesadas. Para la Corte Suprema, una comunicación institucional sólida constituye también una herramienta para acercar la Justicia a la ciudadanía y evitar que el desconocimiento sobre determinados procedimientos o decisiones sea ocupado por versiones carentes de sustento.
Llanes señaló además que existen sectores que buscan “tergiversar e instalar historias falaces”, en ocasiones motivados por intereses que, según indicó, no necesariamente guardan relación con la administración de justicia.
La nueva política comunicacional pretende, precisamente, disputar ese espacio mediante información oficial, verificable y contextualizada. El desafío no se reduce a comunicar más, sino a comunicar mejor y con mayor capacidad de respuesta ante la desinformación.
De esta manera, la Corte Suprema plantea una actualización de su estrategia comunicacional acorde con las características del mundo digital. La meta es que el Poder Judicial fortalezca su presencia institucional en ese entorno y que la ciudadanía tenga acceso directo a información confiable sobre lo que hace uno de los poderes del Estado, cómo funciona y los servicios que presta en la sociedad.
La propuesta presentada por Llanes ante el pleno representa así un paso hacia una concepción más moderna de la comunicación judicial: una herramienta no solo destinada a informar sobre la actividad institucional, sino también a proteger la calidad de la información pública, combatir la desinformación y contribuir a que la ciudadanía pueda formarse una opinión sobre la Justicia a partir de hechos y contextos verificables.
