El Registro Nacional de Agresores Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes (R.A.S.) contabiliza actualmente 1.416 personas con condenas firmes y ejecutoriadas por delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Del total de registrado, 30 son mujeres y 1.386 son hombres.
El registro, que ha experimentado un crecimiento sostenido desde su creación, tiene como finalidad identificar a las personas condenadas por la tentativa o consumación de hechos que atentan contra la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, conforme a lo establecido en la Ley N.º 6572.
El R.A.S. constituye una base de datos permanente que reúne a quienes cuentan con sentencias firmes por delitos sexuales perpetrados contra menores de 18 años. Su implementación busca fortalecer los mecanismos de protección de la niñez y prevenir que personas condenadas por este tipo de hechos vuelvan a tener contacto directo con menores en ámbitos laborales o institucionales.
En ese contexto, también fueron expedidos 81.094 certificados del Registro de Agresores Sexuales, documento que tiene una vigencia de seis meses. Este certificado es requerido principalmente por empresas e instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades con niños, niñas y adolescentes, a fin de verificar que sus empleados o colaboradores no registren antecedentes por delitos sexuales contra menores.
El abuso sexual en niños, niñas y adolescentes continúa siendo uno de los hechos punibles más denunciados en Paraguay. Las estadísticas reflejan una problemática persistente y preocupante que afecta a miles de familias en todo el país.
Uno de los aspectos más alarmantes es que aproximadamente el 95% de los casos ocurre dentro del entorno familiar o en círculos cercanos a las víctimas, lo que dificulta la detección temprana y la denuncia de los hechos.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, se reciben en promedio ocho denuncias diarias por abuso sexual en niños, una cifra que evidencia la magnitud de un flagelo que desde hace años golpea a la sociedad paraguaya y plantea la necesidad de reforzar las acciones de prevención, protección y acompañamiento a las víctimas.
Las autoridades insisten en la importancia de la denuncia oportuna, así como en el fortalecimiento de las herramientas institucionales destinadas a resguardar los derechos de la niñez y la adolescencia, considerados sectores especialmente vulnerables frente a este tipo de delitos.
