Durante la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, se presentaron los principales resultados del informe de gestión de la Oficina Técnica Penal (OTP), que detalló una intensa agenda de trabajo interinstitucional, técnico y operativo a lo largo del año.
Según el reporte, la OTP concretó cinco acuerdos y convenios, entre los que sobresalen el protocolo del sistema de monitoreo de dispositivos electrónicos de control (SINDEC) y la implementación de la Oficina de Asesoría de Pruebas para Mujeres que Egresan del Sistema Penal, iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema penal y a la reinserción social.
En materia técnica, la dependencia elaboró 50 dictámenes, de los cuales 29 correspondieron a análisis propios de la OTP y 21 a proyectos de ley, aportando criterios especializados para la toma de decisiones institucionales y legislativas.
El informe también destacó la realización de 14 mesas de trabajo con magistrados y representantes de distintas instituciones. Entre los temas abordados figuran la nueva ley de armas, encuentros con la DIGEMADEL y jueces penales, así como espacios de coordinación sobre la distribución y uso de las tobilleras electrónicas.
Asimismo, se desarrollaron seis talleres de capacitación interinstitucional, enfocados en el uso de dispositivos electrónicos de control, con la participación de fiscales, defensores y jueces; el décimo aniversario del Código de Ejecución Penal; y el análisis del incumplimiento del deber alimentario desde la perspectiva del interés superior del niño, entre otros contenidos.
La OTP informó además sobre entrenamientos técnicos en producción y disposición final de drogas ilícitas, precursores y sustancias químicas, realizados con apoyo de la UNODC. A ello se suman cuatro trabajos operativos, cuatro visitas penitenciarias, dos informes sobre la situación nacional de las penas y ejecución de condenas firmes, dos programas de revisión de medidas cautelares en audiencias preliminares y dos informes internacionales elaborados a pedido de la Contraloría.
Desde la Corte señalaron que el detalle completo del informe refleja el rol técnico y articulador de la Oficina Técnica Penal en el fortalecimiento del sistema de justicia penal y en la mejora de las políticas públicas vinculadas a la ejecución de penas y medidas alternativas.
