El juez penal de Garantías Humberto Otazú resolvió este viernes aplicar medidas alternativas a la prisión a la magistrada Isabel Bracho, quien compareció para la audiencia de imposición de medidas en el marco de la causa que enfrenta por presunto cohecho. La jueza es investigada por supuestamente haber recibido USD 50.000 del narcotraficante Walter Galindo, considerado uno de los líderes de una estructura criminal desarticulada en el operativo Mercat, desarrollado en 2021.
Durante la audiencia, el magistrado Otazú dispuso una serie de restricciones mientras avanza la investigación. Entre ellas se incluyen: fianza real por G. 150.000.000.000, fijación de domicilio, sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, prohibición de cambiar de número telefónico, a fin de garantizar la disponibilidad de la imputada para diligencias procesales y la prohibición de salida del país, medida adoptada para evitar un eventual riesgo de fuga.
La imputación sostiene que la jueza Bracho habría recibido el dinero a cambio de dictar resoluciones favorables a Galindo, específicamente la revocatoria de su prisión preventiva y la concesión del arresto domiciliario. El caso guarda relación con el operativo Mercat, donde fueron incautadas importantes cantidades de drogas, sumas de dinero en efectivo y vehículos vinculados a una organización dedicada al tráfico de estupefacientes.
El Ministerio Público atribuye a la magistrada la comisión de cohecho pasivo agravado, además de otros hechos punibles, debido a la presunta manipulación de decisiones judiciales en beneficio al procesado.
En su momento, Bracho negó tajantemente haber recibido dinero y cuestionó los elementos probatorios alegados por la Fiscalía. Sostuvo que sus resoluciones se basaron exclusivamente en informes oficiales del Poder Judicial.
Según su versión, el cambio de medida impuesto a Galindo se fundamentó en un dictamen del médico forense, quien habría recomendado el arresto domiciliario debido a un supuesto riesgo para su vida.
La magistrada señaló:
“Yo no sé cómo demostraron que esta persona desembolsó ese dinero, esos USD 50.000; cómo demostraron que él pagó todo ese dinero y quién recibió ese dinero, porque yo no recibí”, afirmando que no existe prueba que la vincule con el presunto pago.
Además de Bracho, también figuran como procesadas: Ruth Karina Ferrería, actuaria de la magistrada y Egidia Gomes, exfiscal jubilada y hermana del fallecido diputado Lalo Gomes, ambas habrían tenido participación en los supuestos hechos irregulares detectados durante la investigación del caso.
